El Constitucional mantiene la ley de Ayuso que impide señalar el pasado franquista de Sol

El Ejecutivo central había impugnado el artículo 4 de esa ley de medidas para la mejora de la gestión pública en el ámbito local y autonómico por entender que menoscaba la competencia estatal para la declaración de los lugares de memoria democrática, según prevé la ley estatal de 2022 que regula esta materia.

El 16 de octubre de 2024 el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, inició el procedimiento de declaración de la Real Casa de Correos, sede de la «Extinta Dirección General de Seguridad franquista», como lugar de memoria democrática; ante lo cual el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid planteó un conflicto positivo de competencias, que fue admitido a trámite el 11 de marzo de este año. El recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno contra el artículo 4 de la ley de Ayuso se admitió a trámite un mes después, lo que produjo la suspensión de la vigencia y aplicación del precepto impugnado.

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A punto de vencer ahora el plazo de cinco meses que establece la Constitución para ratificar o levantar esa suspensión, y habiendo solicitado la Asamblea de Madrid y el gobierno autonómico el levantamiento, el Pleno del TC ha aplicado la doctrina en virtud de la cual la suspensión ha de ser excepcional y debe valorarse, además, a partir de una ponderación de los intereses y perjuicios que se derivan de una u otra alternativa.

Según informa el órgano de garantías, los magistrados parten de que los perjuicios invocados por el abogado del Estado son que la norma autonómica va a dificultar la declaración de la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática y, con ello, el restablecimiento de la dignidad y la integridad moral de las víctimas de los hechos sucedidos en dicho inmueble. Sin embargo, este efecto se formula «en términos hipotéticos», ya que el procedimiento para declarar la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática no ha sido resuelto todavía. Por tanto, la posible instalación de placas o distintivos, así como la celebración de eventos y otros actos, «no pasa de ser un suceso futuro e incierto; como también lo es la eventual negativa de la Comunidad de Madrid a autorizar dichas actuaciones». El Pleno estima así por unanimidad que los perjuicios alegados carecen del «necesario grado de certeza».