La ley de Universidades de Ayuso fija una financiación plurianual y por objetivos

La presidenta regional no quiere que esta ley sea una imposición de la mayoría absoluta del PP en la Comunidad. Al contrario. Si insiste en algo es en el diálogo y el acuerdo que, según subrayó, se están buscando con todos los actores involucrados. Ayuso aseguró que para la redacción de esta ley de Universidades el Gobierno regional está contando con las propuestas de los rectores de las universidades públicas y privadas y los Consejos Sociales: «En seis años de Gobierno no he tenido una ley más dialogada ni que busque más el consenso que esta». Sin embargo, aun antes de conocer el resultado final, la izquierda se lanzó ayer contra la presidenta autonómica por sus planes para «asfixiar» a la Universidad pública.

Con esta ley, advirtió Ayuso, la Comunidad de Madrid va «mucho más allá» de corregir, dentro de sus competencias, «los excesos de la LOSU y de este Gobierno»: «Señalamos el camino para la educación superior que en Madrid y en toda España merecemos y necesitamos».

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La futura ley sienta las bases de un nuevo modelo de financiación, que se sigue negociando ahora con los rectores de las públicas, según subrayó Ayuso. Será una financiación plurianual y revisable cada cinco años e incluirá tres niveles: una financiación básica para el normal funcionamiento de los campus; otra para necesidades singulares que permitirá, por ejemplo, la rehabilitación de edificios; y una tercera adicional y opcional por la consecución de distintos objetivos, como potenciar la formación dual en títulos de grado y máster o fomentar pruebas de admisión que aumenten la exigencia en el acceso a grados como Educación Infantil y Primaria, entre otros.

Para completar esta financiación, en la ley se prevé proporcionar a estos centros nuevas herramientas de financiación. Ahí se incluyen la gestión de sus propias carteras de inversión, el préstamo interuniversitario de sus remanentes en unas condiciones preferentes, la gestión de sus propios inmuebles, la activación de una central de compras que permita abaratar costes o el desarrollo de servicios comunes de gestión administrativa.

La Comunidad de Madrid no permitirá titulaciones que lleven a confusión ni que incluyan docentes sin cualificación adecuada, según fuentes autonómicas. Otras novedades serán el acceso de alumnos y profesores de FP superior a convocatorias propias de investigación por primera vez en España; el impulso de la colaboración público privada en el ámbito universitario; el reconocimiento de las escuelas de negocio, dotándolas de rango universitario y de un marco legal que garantizará su calidad; o la obligación de que las universidades informen a las familias si los másteres que ofertan son oficiales o no para evitar confusiones.

La primera Ley de Enseñanzas superiores «de la región universitaria más importante de España», según subrayó Ayuso, unificará de forma pionera todas las enseñanzas superiores: las universidades y la investigación científica, la FP superior, las enseñanzas superiores artísticas, las deportivas, y las escuelas de negocios. Con este reconocimiento legal se pretende tender puentes entre la formación y el empleo, y fomentar el aprendizaje continuo y el reciclaje profesional.

Entre las novedades de la ley que ayer explicó Ayuso, destaca la creación de un distrito único de prácticas, «el gran reto de la formación dual». Una Comisión en la que participarán instituciones y empresas y una aplicación informática unificada velarán porque no se quede sin plazas ningún estudiante universitario ni de FP.

Con la nueva ley de Universidades, la presidenta regional quiere consolidar Madrid «como la capital europea de los estudios superiores en español». Se fomentará la lengua española en la vida universitaria, con medidas como la rebaja de tasas a los estudiantes hispanoamericanos, que pagarán como cualquier joven de la Unión Europea. Además, se exigirá un nivel homologado de español para estudiar en las universidades públicas y privadas de la Comunidad, excepto en los títulos que se impartan en origen en otro idioma. También habrá un apuesta clara por las Humanidades en español. En esta línea general, desde la Comunidad de Madrid se subraya que la norma exigirá un conocimiento suficiente del español entre estudiantes extranjeros «para convertir a Madrid en la capital de los estudios en español».

Otro de los objetivos es llevar «el espíritu de la ley de Mercado Abierto a la Universidad». Por eso, se reconocerán las acreditaciones de profesores de las demás Comunidades Autónomas. «Ojalá el Gobierno central se decidiera a hacer algo parecido con una EvAU igualmente exigente y justa para todos los alumnos españoles», comentó Ayuso en el desayuno informativo. Además, las universidades podrán reconocer créditos por actividades de voluntariado.

En la ley se incluye la puesta en marcha de una Agencia de evaluación y calidad y una «apuesta por la ciencia», según remarcó Ayuso. Se pretende dotar a los investigadores de convocatorias más dilatadas en el tiempo y abiertas a nuevos equipos; se pondrá en marcha el Programa Gabriella Monreale, en el que colaborarán todas las consejerías; y se descargará de burocracia a los científicos al poner a su disposición la gestión compartida de servicios administrativos para los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (Imdeas).

La presidenta autonómica aprovechó para confirmar que, dentro del «compromiso por la libertad, la pluralidad y la calidad» en Madrid, la Comunidad presentará alegaciones contra el real decreto de Sánchez «contra las privadas». Lo tachó de «atentado contra la Constitución: »De forma retroactiva niega la libertad educativa, de empresa, y la propia seguridad jurídica«. Por eso, garantizó que la Comunidad de Madrid usará todas las herramientas legales a su disposición para »no permitir este atropello que nos destroza en el mundo«. »Y al hacerlo luchamos también por las demás comunidades autónomas, algunas mucho más perjudicadas que Madrid«.

Este real decreto se va a tramitar por el procedimiento de urgencia y establece requisitos adicionales para los centros privados, como tener un mínimo de 4.500 alumnos. El Gobierno regional de Ayuso advirtió de que el 60 por ciento de las universidades privadas aprobadas por gobiernos autonómicos del PSOE se verían ahora condenadas a la ilegalidad y a la desaparición con este real decreto.

El sistema universitario madrileño está formado por seis centros públicos y 13 privados que ofrecen más de 1.800 títulos oficiales de grado, máster y doctorado a sus más de 300.000 estudiantes (más de 200.000 en los centros públicos y el resto en las universidades privadas), según datos de la Comunidad de Madrid.

La región madrileña, que tiene el 14,4 por ciento de la población española, concentra el 22,4 por ciento de los estudiantes universitarios de toda España, frente a otras regiones como Cataluña, que tiene menos estudiantes superiores (15,9 por ciento) que porcentaje de población (16,5 por ciento); o Andalucía, con un 17,7 por ciento de población y un 17,3 por ciento del total de universitarios del país. Más de la mitad de los estudiantes universitarios en la Comunidad de Madrid cursan en la pública.

 La izquierda madrileña se lanzó rápidamente contra Ayuso en cuanto se hicieron públicos estos ejes principales de la futura ley de Universidades. El secretario general del PSOE madrileño, Óscar López, aprovechó su participación en el congreso de Comisiones Obreras de Madrid para acusar a Ayuso de «intervencionismo puro». «Advierto y alerto: no ha habido en democracia un mayor ataque a las universidades públicas que el proyecto de ley que esta preparando la señora Ayuso. Es intervencionismo puro. Y vamos a estar enfrente».

Desde Más Madrid, Manuela Bergerot denunció la «opacidad total» en la elaboración de esta ley y reprochó los «anuncios sin detalle» de Ayuso. A su juicio, lo que se conoce de la ley de Universidades va en línea con «dejar morir de inanición a las universidades públicas madrileñas».

Frente a las críticas del PSOE y Más Madrid, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, destacó que la nueva ley de Universidades «está muy hablada con todos».