Vox impone al PP acabar con la obligación de contar con informes de género para aprobar planes urbanísticos en Madrid

El grupo Más Madrid considera que la primera de las enmiendas se introdujo mediante una «triquiñuela legal» y la han recurrido. También PSOE y Unidas Podemos la recurrieron. A primera hora de la tarde, lograron que se suspendiera la comisión que iba a aprobar el dictamen de la norma. Ahora, será la Mesa de la Asamblea la que deba decidir si se continúa o no la tramitación de estas enmiendas, algo para la que no hay fecha y que, reconocen en el PP, podría causar algún retraso en la tramitación de la Ley Ómnibus.

El vicepresidente Enrique Ossorio y la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, han sido los encargados de escenificar el acuerdo que da luz verde a esta Ley, presentada y aprobada por el Gobierno en febrero y que está a punto de finalizar su tramitación parlamentaria. De hecho, según calcula el portavoz del grupo popular, podría aprobarse a mediados de noviembre y entrar en vigor justo después, en cuanto se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad.

Respecto al texto inicial, se han admitido 80 enmiendas: 56 de Vox, 13 del PP, 5 de Unidas Podemos, 4 de Más Madrid y 2 del PSOE. La norma crea la agencia de compra centralizada en Sanidad, crea la nueva categoría de especialista en cuidados paliativos -uno de los 'guiños' a Vox, este contra la Ley estatal de Eutanasia-, facilitará la homologación de médicos de otros países, mejora la tramitación de la renta madrileña de integración, modifica la Ley de Suelo y la hace más flexible y con menos trabas a la actuación de los agentes urbanísticos, y moderniza la administración autonómica adelgazando trámites y eliminando los que se consideraban innecesarios, ha explicado Ossorio.

Por su parte, Rocío Monasterio ha destacado aquellos asuntos en que el peso de Vox se ha dejado sentir, y que son en general aspectos ideológicos, muestras de que este grupo quiere, como dijo su portavoz, «dar la batalla cultural» contra la izquierda.

En este sentido, ha defendido expresamente la eliminación de la obligación de presentar informes de impacto de género en el urbanismo, algo que a su juicio era «una barbaridad». Ha deseado extender la medida: «Ojalá podamos llevarlo a otros aspectos», mediante la modificación, que ha vuelto a pedir, de las leyes de identidad sexual y contra la LGTBIfobia, que se aprobaron en la Comunidad de Madrid siendo presidenta Cristina Cifuentes. «Nos encantaría derogarla, e invitamos a Díaz Ayuso a que lo haga, ya que está tan preocupada por la que quiere aprobar el Gobierno central».

Enrique Ossorio ha asegurado que los informes de género presentados hasta la fecha en materia urbanística «no han aportado absolutamente nada porque en los planes urbanísticos, el impacto de género es reducido o tiende a cero», y sólo sirven para «retrasar los procedimientos». Ha defendido la posibilidad legal de eliminar estos informes mediante la enmienda introducida en al Ley Ómnibus -pese a que es una legislación estatal la que obliga a incluir el impacto de género en todas las tramitaciones- porque se ha hecho a través de una modificación de la Ley de Suelo regional.

No obstante, esta interpretación jurídica choca frontalmente con la que hace Más Madrid: su diputada Tania Sánchez ha registrado esta mañana un recurso para que se suspenda la aprobación del dictamen de esta Ley Ómnibus -previsto para esta tarde-, porque entienden que la eliminación de los informes de impacto de género se ha hecho mediante una «triquiñuela legal»: una modificación 'in voce' -oral- de otra enmienda que cambió completamente su sentido.

Este tipo de cambios sólo se admiten si ningún otro grupo político se opone a ello, algo que no ocurrió en este caso. Entienden que la medida pactada por PP y Vox «rompe con los derechos del colectivo LGTBI» y por eso solicitan que se pare la tramitación de la ley. De no admitirlo, entienden que podría abrirse el camino para recurrirla ante el Tribunal Constitucional.

También el PSOE ha remitido un escrito a la Mesa de la Asamblea para pedir que se reconsidere si deben seguir tramitándose estas enmiendas.

También ha destacado Monasterio la aprobación de la enmienda que acaba con la posibilidad legal de legalizar «la okupación en los pisos del IVIMA por la puerta de atrás: no se puede premiar al delincuente», ha asegurado.

Un tercer aspecto que ha destacado es el relativo a los cambios que el PP quería introducir en el funcionamiento de la Cámara de Cuentas: pretendía que sus miembros se renovaran con mayoría simple en segunda ronda, pero Vox ha forzado a que sus consejeros se tengan que aprobar por mayoría cualificada, como hasta ahora. «Hemos exigido esta enmienda porque no estamos dispuestos a rebajar la capacidad de control y de fiscalización de este órgano; si el Gobierno controla a los que le tienen que controlar, se acabó la independencia«.

En este sentido, el vicepresidente Ossorio ha recordado que la ley de la Cámara de Cuentas fue en origen un texto de Unidas Podemos que se aprobó por mayoría pero que «es difícil de llevar a la práctica, y por eso planteamos su modificación».