La Fiscalía alerta del «colapso» del sistema de atención a los menas: del coladero de Barajas a los centros de acogida

La principal responsable del Ministerio Público en la región, por otra parte, evitó un pronunciamiento explícito de la gran polémica de su departamento en ese ejercicio, la difusión del proceso abierto contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por presuntos delitos fiscales. El caso está a la espera de juicio, donde se sentará el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Eso sí, Lastra, cuyo mandato quinquenal termina el próximo mayo, solo refirió así a la enorme polémica: «Ha sido un año complicado para el Ministerio Fiscal –especialmente en esta Comunidad–, por razones de todos conocidas. Pese a ello, los 372 fiscales y 336 funcionarios destinados en las cinco fiscalías madrileñas han llevado a cabo una labor rigurosa y discreta, desempeñando su función constitucional, imprescindible en un estado social y democrático de derecho, con estricto sometimiento a los principios de legalidad e imparcialidad, ajenos al ruido mediático, lo que no siempre es sencillo».

Lo dijo en un auditorio que debía de tener los oídos bien abiertos, pues se encontraban allí el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio; el delegado del Gobierno, Francisco Martín, y el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García. Tanto PP como PSOE llevan año y medio lanzándose acusaciones por el caso.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez, advirtió de que la «ciudadanía no puede estar recibiendo mensajes que, excediendo toda crítica legítima, enarbolan el eslogan de la politización»: «Debilitan la confianza en las instituciones y deterioran de una forma inadmisible los cimientos del Estado de derecho».

El anuario estadístico, un resumen de cien páginas, enfatiza en su epígrafe del Área de Protección al Menor realidades muy preocupantes: «Hay que destacar elevado número de expedientes de determinación de edad de menores extranjeros procedentes de las Islas Canarias; pero también, y de manera mucho menos controlada y muy numerosa, a través del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, en vuelos procedentes, especialmente, de Casablanca y Egipto». De manera concreta cifra en 1.937 los menas registrados, que en muchas ocasiones ha sido calificado como un «coladero» por policías y responsables políticos, en 1.110 durante 2024 (casi un 57,5%), frente a los 399 del ejercicio anterior. Es decir, casi el triple.

Ahí es cuando la Fiscalía de Madrid habla de «colapso», pero no solo en referencia a las instalaciones aeroportuarias, sino también en los centros de atención a ellos, como los de primera acogida, algo que viene negando el Gobierno central y que las cifras, en cambio, rebaten. ABC publicó hace unas semanas que las plazas de la Comunidad se encuentran al 150% de ocupación. La previsión, aunque Migraciones no da un número concreto, es que en los próximos meses lleguen a la región alrededor de 400 provenientes de Canarias, Ceuta y Melilla. No hay sitio para tantas personas para darles una solución de vida digna. Otra consecuencia es que las pruebas antropométricas que se realizan para determinar la edad de estos jóvenes (y comprobar si son menores o ya adultos, puesto que muchos llegan sin pasaportes) tengan una demora media de ocho meses. Solo se practican en el servicio de Radiología del hospital Gregorio Marañón, lo que repercute en una demora para los usuarios en general.

Como ocurrió otros años con los extranjeros llegados de manera ilegal desde Turquía, la Fiscalía informa de que la Policía Nacional se ha encargado de varias operaciones en este tiempo que ligan a mafias de la inmigración con la llegada masiva de estos adolescentes a Barajas.

Almudena Lastra tachó de «intolerable» que desde algunos sectores se les «intente criminalizar, cuando lo único que intentan es tener un futuro que no pueden conseguir en sus países de procedencia»: «La polarización del debate político y la radicalización de las posiciones ideológicas crea un clima de hostilidad hacia los colectivos vulnerables que favorece que, más tarde, se ejecuten acciones violentas contra sus miembros».

Sobre la criminalidad perpetrada por adolescentes e incluso niños, siguen al alza los inimputables: quienes tienen menos de 14 años y cometen algún delito, pero que no pueden ser juzgados ni siquiera por la Ley del Menor ni, mucho menos, ser detenidos. Se dan muchos casos en el día a día de las bandas juveniles de Madrid. Lo cierto es que la legislación española establece un régimen de castigo propio y mucho más laxo para las personas de 14 a 18 años: el primer tramo de las penas varía para los que tienen 14 y 15 y el segundo, el que va de los 16 a justo antes de la mayoría de edad, es el más numeroso de la casuística, con 6.776 jóvenes. Sin embargo, la memoria fiscal señala la preocupación porque en el último ejercicio «ha crecido nuevamente el número de los que tienen edad inferior a los 14 años», que han sido 2.964, frente a los 2.770 de 2023. Esto es un 7% más. Si lo comparamos con todo el volumen de los procedimientos incoados en la Comunidad sin distinción de edades, ahí la subida es de un 6%. En los menores imputables el crecimiento de los expedientes manejados por el Ministerio Público es del 8%.

Aún dentro del capítulo de delincuenca juvenil, las agresiones sexuales se disparan un 30,8%, pasando de 452 a 591. Los abusos sexuales incoados por la Fiscalía (teniendo en cuenta el decalaje de datos, pues la ley del sí es sí, de octubre 2022 y reformada en marzo de 2023, asimiló este tipo penal dentro del baremo más bajo de las agresiones sexuales) fueron 86 en 2024, frente a los 143 del ejercicio anterior; esto supone una bajada abrupta del 39,9%. Se incoaron 894 casos de violencia doméstica y 200 de violencia de género, lo que arroja un incremento de 17% y el 69,5%, respectivamente. Fueron 764 y 118 en el año 2023, siguiendo el orden mencionado. Preocupante resulta que los menores también comentan más delitos de odio, pasando de 9 a 21 asuntos (+133,3%).

En este mismo segmento poblacional se mantiene el número de homicidios en todas sus formas (doloso, intentado, imprudente) cometidos por los adolescentes en Madrid, con un total de 26, frente a los 27 del ejercicio anterior. Pero suben las lesiones, lo que se achaca en buena parte a la actividad de las bandas latinas juveniles, una lacra asentada en la región desde hace ahora 25 años: hay un aumento de este delito del 8,6%.

El uso de las nuevas tecnologías como medio para cometer delitos es cada vez más frecuente (amenazas, acoso, coacciones…), especialmente aquellos contra la intimidad y, en concreto, los de descubrimiento y revelación de secretos, pues han sido 269 registros, casi un 37% más que en el ejercicio previo (en que fueron 197). En la otra cara de la moneda están los descensos en los robos con violencia e intimidación, los conocidos como atracos (-22,1%); los hurtos (-4%); los delitos contra la salud pública (-11,4%); la conducción bajo los efectos del alcohol y/o drogas (-6,7%); y los atentados a agentes de la autoridad y desobediencia (-18,5%).

La memoria recoge la cifra de asesinatos y homicidios (dolosos, intentados e imprudentes) crecieron un 8,6% en todo 2024. Eso sí, el número total de fallecidos en la fueron 21, y eso que contabilizan a los tres hermanos muertos en el crimen de Morata de Tajuña, cuyos cadáveres fueron hallados en enero, pero que se cometió en diciembre de 2023. Todo ello supone un descenso del 36,36% respecto al año anterior, en el que hubo 33 óbitos. No se recuerda una cifra así en la serie histórica de homicidios en Madrid.