El doble castigo de Nuria por la okupa 'vulnerable' de su piso en Vallecas

Araceli, la actual residente de la vivienda situada en el número 134 de la calle del Arroyo del Olivar, alquiló el piso al exmarido de la afectada en 2012. Sin embargo, tras el divorcio, este hombre dejó de pagar la pensión a Nuria, así como la hipoteca de este inmueble. «Yo sola tuve que costearlo todo. Pedí al banco que se quedaran con el piso ya que no podía pagarlo y me dijeron que no», relata la mujer de 61 años, que además es autónoma, ya que es dueña de una guardería ubicada en Canillas. Su idea inicial era vender la casa, debido a que no percibía ninguna ayuda económica por parte del padre de sus tres hijos, que en ese momento se encontraban estudiando.

Hasta la pandemia, la ahora inquiokupa –que era consciente de la intención de vender este piso– abonaba 450 euros de mensualidad sin faltar ni un solo mes. Fue en 2020, año en el que vencían los cinco años de la firma del contrato, cuando Araceli comunicó a Nuria que, ante el miedo a salir a la calle, no podía entregarle la mensualidad. Esto se alargó durante tres meses y con la prohibición de los desahucios también salió una compensación para los propietarios en esta situación sobrevenida. «Me dieron una ayuda de mediados de mayo a mediados de julio por una cantidad total de 1.085 euros», cuenta. Desde ese momento no ha vuelto a recibir ni un céntimo más por parte de las administraciones. Tras recibir esta subvención de la Comunidad de Madrid, la situación empeoró: «La inquilina me dijo que estaba en una situación muy mala. Desde que yo la conozco cobra una subvención por una incapacidad temporal al sufrir una enfermedad pulmonar», señala a ABC.

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Alba García

Una vez le comunicó que dejaría de pagar la renta, desde servicios sociales se realizó un informe para acreditar la vulnerabilidad de la mujer. «Como nos encontrábamos en pandemia, no se hizo el estudio de forma presencial. Era algo chapucero», explica Paloma Calzado, abogada de la dueña de esta vivienda, que continuó pagando la hipoteca de la casa de su marido «mucho después» de que Araceli se transformara en inquiokupa. Sin embargo, este inmueble aún le supone costes a Nuria, que asegura que anualmente tiene que dar de su bolsillo en torno a 2.000 euros por gastos de la comunidad y distintas circunstancias de las que se tienen que hacer cargo los propietarios.

El día que finalizaba oficialmente el contrato, Nuria acudió junto a sus hijos hasta el número 134 de la mencionada calle del distrito de Puente de Vallecas para recoger las llaves. «Bajó la pareja que vivía en ese momento con ella. No nos dejaba subir y al intentar entrar al portal fue cuando este hombre me empujó», cuenta la afectada, que se fue del lugar con amenazas de «te voy a matar, te tengo que matar» y «esta casa es mía», recuerda.

Durante los últimos años, ha habido dos fechas de lanzamiento, una en 2021 y otra en enero de 2024. El año pasado le informaron de que se suspendía el desahucio ya que la inquiokupa sufrió un ataque de ansiedad. «A la que también le dio un ataque de ansiedad fue a mí. Parece que el suyo es más importante que el mío», asegura con desesperación.

La primera orden de desahucio también fue suspendida por el Juzgado de Primera Instancia número de Madrid. Según el auto al que ha tenido acceso ABC, la juez indicaba que Araceli tiene un grado de discapacidad del 71% y cobraba una pensión no contributiva de 395 euros. Esto es una capacidad insuficiente para hacer frente a los gastos para mantenerse por ella misma. Este periódico ha intentado ponerse en contacto con esta mujer, pero no ha recibido ninguna respuesta.

Este mismo escrito reconoce también la vulnerabilidad de la dueña, que tenía que asumir el pago de la hipoteca de la casa okupada y la de su propia vivienda. Además, al regentar una guardería, la afectada tampoco percibía ingresos durante la pandemia puesto que su negocio se encontraba cerrado.

A pesar de ello, el desahucio quedó suspendido puesto que la situación del arrendatario es más precaria que la de Nuria, a la que se le recordaba que tenía el derecho de solicitar una compensación económica si la Administración no adoptara las medidas alternativas en el plazo de tres meses desde la emisión del informe. «Puede resultar criticable que se haya hecho recaer en los particulares las consecuencias de no poder la Administración satisfacer la necesidad de las personas a una vivienda digna, pero es lo que se ha impuesto con la normativa vigente», apunta este auto.

«La guardería actualmente funciona pero ahora el índice de natalidad es muy bajo. Es un negocio que ha decaído desde la pandemia y hay una merma muy importante de volumen de trabajo. No solo eso, Nuria está a dos o tres años de la jubilación. Ahora no se le declara vulnerable, pero está asfixiada económicamente. Todo esto será legal, pero es muy injusto», explica la abogada de la afectada por la inquiokupación, una práctica que ha ido incrementando en los últimos años.

«Es desesperante. Lo único que me ha generado esta casa son deudas, cuando yo lo que quería era poder pagar desahogadamente la educación de mis hijos. A la que no protege la ley es a mí», insiste.

Desde el informe presentado en 2021, aseguran, no ha habido ningún seguimiento más que la declaración jurada de Araceli. «Ni la Justicia ni los servicios sociales realizan un seguimiento ni investigan sobre la situación de esta persona», critica Paloma Calzado, que en 2024 presentó al menos cuatro peticiones.

El último escrito se presentó el pasado 6 de febrero al juzgado en el que se requirió, de nuevo, la actuación de los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid y volvió a hacer referencia a la investigación de su núcleo familiar. «Esta mujer iba a casa de su hija varias veces en invierno porque decía que en la casa hacía mucho frío. Ella se podría hacer cargo de ella», apunta, e insiste en que «se debería buscar por parte de la Administración una solución habitacional».

Este es tan solo un ejemplo más del doble rasero de la vulnerabilidad en la okupación. «Los decretos del Gobierno han destrozado a muchas familias. La propiedad privada esta soportando las carencias del Estado y de asuntos sociales», concluye la abogada.