«Libertad total» para otro de los asesinos de Sandra Palo

En ella, el juez dejó sin efecto las otras dos medidas que «Ramón» tenía pendientes de cumplir: 18 meses de régimen semiabierto —por un delito cometido antes del homicidio— y otros cinco años de libertad vigilada —en este caso por Sandra—, según ha podido saber ABC de fuentes cercanas al caso.

La resolución, sin duda controvertida, la ha adoptado el juez acogiéndose al artículo 13.4 de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor 8/2006, relativo a la modificación de la medida impuesta. Éste dice que, «cuando el menor pase a cumplir la medida de internamiento en un centro penitenciario, quedarán sin efecto el resto de medidas impuestas por el juez de Menores que estuvieran pendientes de cumplimiento sucesivo —como es el caso que nos ocupa— o que estuviera cumpliendo simultáneamente con la de internamiento, si éstas no fueran compatibles con el régimen penitenciario».

Contra esta decisión caben los recursos previstos en la norma vigente. En cualquier caso, nada va a impedir su excarcelación ya que la pena ha sido liquidada.

Todo ello se traduce en que «Ramón», que ingresó en prisión a mediados de 2009 , una posibilidad que permite la ley a partir de los 23 años, para acabar de cumplir los 8 años de internamiento a los que fue condenado en 2003, no tendrá que cumplir ninguna cuenta más con la justicia en lo que al caso Sandra Palo se refiere. Los seis años y medio que le quedaban fueron borrados ayer de un plumazo tras la discutida decisión del juez, además de quedar limpio de antecedentes en relación con esta muerte, tal y como determina la Ley del Menor .

Cuando parecía que la única incógnita que faltaba por dilucidar en este asunto era que el juez de menores decidiera dónde tendría que cumplir «Ramón» los 18 meses de internamiento en régimen semiabierto —una medida prevista para los menores que no existe para los adultos, como es el caso— y se barajaban varias opciones, como la de acudir a algún centro de inserción social o realizar algún programa de tratamiento, el vuelco dado por el juez ha sido notable.

Su resolución, a buen seguro, va a levantar una enorme polvareda que contribuirá, más aún si cabe, a echar más leña al fuego a la polémica normativa relativa a los menores delincuentes que comenten los delitos más graves, su aplicación y el control de las medidas impuestas por jueces y fiscales. Llueve sobre mojado. Y como prueba un botón. Basta ver lo ocurrido durante los tres años de libertad vigilada de Rafael García Fernández , el tristemente célebre «Rafita», que fue encadenando la comisión de un delito con otro. Empezó durante su estancia en un piso tutelado en Málaga, y terminó en Madrid, a donde huyó, vulnerando la medida judicial, para regresar con su familia y su entorno delictivo. El escándalo de su conducta, sin consecuencias, evidenció la falta de control por parte de las administraciones.

Los padres de Sandra Palo, sumidos en el dolor y en una lucha constante en la que reclaman la reforma de la ley en casos tan graves como el de su hija, siguen, ocho años después del crimen, sin entender como sus exigencias caen en saco roto. «Que no salga gratis matar», han reiterado hasta la saciedad. «Vivimos permanentemente anclados en la misma historia. No entendemos nada, y así no podemos vivir. Un año sale uno en libertad, al siguiente el otro. Vamos de sobresalto en sobresalto. No sé si esto le pasa a las otras víctimas o solo a nosotros, pero no sabemos dónde está el límite y hasta dónde podemos aguantar». Así lo manifestó ayer a ABC Francisco Palo , padre de Sandra, horas antes de saber la nueva vuelta de tuerca de un caso que no ha ce más que aumentar el sufrimiento de esta familia.