El PP pide un informe jurídico sobre el piso entregado a una militante de Podemos en Alcalá

Como ha informado ABC, la edil de Vivienda y primera teniente de alcalde, Olga García, permitió la entrada en un piso protegido para jóvenes a Gloria Morata, con quien compartió lista en las elecciones de 2015 por Somos Alcalá , la marca de Podemos en el municipio. Lo autorizó pese a que Morata nunca solicitó la vivienda, que anteriormente ocupaban el padre de su hija, Ángel Cuevas, y su expareja, Cristina Sanz. Pero lo más llamativo es que la concejal de Somos Alcalá inició las trámites antes de que los implicados lo solicitaran: García planteó a la Junta de Gobierno la rescisión del primer contrato y la elaboración de uno nuevo el 5 de marzo de 2016, mientras que Sanz presentó la renuncia a su derecho el 7, al igual que Cuevas y Morata, que informaron ese día de que iban a crear una nueva unidad familiar.

Así, a la luz de las informaciones de este periódico, el PP ha planteado a Rodríguez catorce preguntas en torno a la situación de la adjudicación y de los adjudicatarios. Quiere conocer si la primera concesión, cuyo contrato está firmado por Cuevas y Sanz, es solo al primero o a la unidad familiar que conforman; también si, una vez disuelta esta unidad, «la normativa o la jurisprudencia contemplan que uno de los miembros de la misma sea el que mantenga el derecho de uso sobre la vivienda pública?». «¿Interviene la administración para decidir que sea el varón o la mujer el que haga uso de ese derecho?», añade. Además, interpela sobre el papel de García en todo el proceso y cómo es posible que el nombre de Morata apareciese si no declaró formar una pareja hasta dos días después.

«¿Es legal que una concejala proponga a la Junta de Gobierno la rescisión de un contrato de alquiler sin que lo haya propuesto la adjudicataria?»; y añade en relación con las peticiones de los futuros inquilinos, que figuran sin sello del Ayuntamiento : «Existen en el expediente dos folios manuscritos, sin registro de entrada, en el que se declara la constitución de una nueva unidad familiar. En la praxis administrativa, ¿tiene validez legal esa declaración?».

Otra de las cuestiones que no se han aclarado es si Morata, que se benefició de una reducción del 15% en el alquiler al año de entrar en el piso, avisó de que fue contratada -en junio de 2017- como asesora del grupo Somos Alcalá, con un salario de 36.000 euros anuales . «¿En qué fecha se notificó el cambio de la situación patrimonial al Ayuntamiento?»; «¿Por qué dicho nombramiento no pasó por el Pleno hasta 5 meses después y solo una vez ya producido el cese?». El grupo popular, además, desliza en sus dudas que ni Morata ni Cuevas cumplen con los requisitos para gozar de una vivienda protegida, habida cuenta de que superaban los ingresos y la edad permitida, de 32 años.

La única explicación de Somos en este sentido es que Morata fue contratada para una suplencia , si bien su despido coincide con peticiones de información del PP en las que ya sabía su vínculo con Somos.