Monasterio dice que la clausura de parte de su chalé se debe a un «laberinto burocrático» y un «denunciante rencoroso»

Tras conocerse ayer la noticia, el matrimonio de dirigentes de Vox se ha explicado hoy en redes sociales. La primera en hacerlo ha sido Monasterio , portavoz de la formación de Santiago Abascal en la Asamblea de Madrid. Ha defendido que la clausura y precinto del sótano de su vivienda unifamiliar se debe a años de un « laberinto burocrático agravado por un denunciante rencoroso ».

«Muchos españoles conocen la sensación de que la burocracia les asfixia pese a sus intentos por crear, trabajar, crecer, mejorar, avanzar. Este es sólo un ejemplo de ello, pero uno más que explica por qué en Vox hablamos siempre de simplificar procesos y reducir la burocracia», ha escrito Monasterio en sus redes sociales.

La portavoz de Vox ha explicado que llevan nueve años «cumpliendo con cada paso de la ordenanza para intentar llegar al final del proceso» y «años pagando todas las tasas necesarias (alguna, dos veces)», desde que en 2010 adquirieron «una vieja casa», la que ahora se encuentra en entredicho, y que comenzaron a reformar en 2011. En agosto de ese año, según el testimonio de la portavoz en el Parlamento madrileño, les otorgan la licencia de obra que habían pedido para construir un despacho profesional en una parte del sótano. «Pagamos las respectivas tasas administrativas más el impuesto de construcción», ha dicho Monasterio. Precisamente, es en esa zona de la casa donde tiene su sede social la mercantil Rocío Monasterio y Asociados S. L., dedicada a labores de arquitectura y que, según el Ayuntamiento, carece de licencia.

También ha asegurado que han pagado el IBI actualizado , sin la licencia actualizada y que han estado «perdiendo tiempo, dinero y esfuerzo para obtener definitivamente la licencia de primera ocupación y funcionamiento». «Llevamos años también haciendo perder el tiempo a ímprobos funcionarios del Ayuntamiento, que están constreñidos por procelosos procesos burocráticos», ha lamentado.

La obra termina en 2014, cuando pagan por primera vez las tasas de licencia de primera ocupación y funcionamiento, en palabras de Monasterio. «El Ayuntamiento nos exige el certificado de fin de obra, suscrito por el arquitecto y el aparejador . Preparamos el nuestro, pero el aparejador, que es del entorno del constructor, no responde», ha explicado en redes sociales. A la espera de la licencia, inscriben el chalé en el Catastro , pero siguen aguardando la respuesta del aparejador, que llega en 2016. Un año más tarde, el Ayuntamiento inspecciona la vivienda y, ya en 2018, les piden que actualicen los planos y modifiquen la licencia original: «Cumplimos con todo para adecuarnos a la ordenanza municipal. Se interrumpe la licencia de ocupación, mientras se modifica la licencia».

Monasterio ha acusado, en ese momento de la justificación, al constructor contratado para levantar la vivienda de denunciarles al Ayuntamiento por algo que «él mismo ha estado bloqueando». Es entonces cuando el Consistorio exige al matrimonio que cierre el despacho, instalado en el sótano, y cuando Espinosa de los Monteros recurre la resolución municipal . Si hasta octubre no consiguen la licencia de funcionamiento y la reactivación de la licencia de obra caducada, los técnicos precintarán la estancia.

Por su parte, Espinosa de los Monteros , portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, en el mismo sentido que su mujer, ha explicado que están «sufriendo» lo mismo que cualquier ciudadano que «paga religiosamente sus impuestos», con «varios frentes» abiertos sobre ellos. Además del burocrático, mediático y tributario, Espinosa de los Monteros habla ahora del «frente administrativo». «Esto no hace más que reforzar nuestras convicciones », ha manifestado.

«Sufrir como cualquier otra persona cómo las regulaciones de los políticos atentan contra el sentido común nos reafirma», ha escrito también en redes sociales: «El laberinto burocrático es obstaculizante para casi cualquier solución o iniciativa, excepto para cobrar impuestos». A pesar de todo esto, el diputado nacional se considera un privilegiado –«No por lo que creen los de la cacería mediática y la envidia igualitaria », ha dicho, sino por poder comprobar lo que sufren «millones de autónomos y pymes».