Madrid modificará la protección acústica de Centro para mantener la limitación de apertura de locales

El TS ratificó el pasado mes de junio la nulidad, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de la restricción a la apertura de nuevos locales que establecía que todas las actividades hosteleras nuevas en el distrito Centro deberían disponer, con carácter exclusivo, de un número de plazas de aparcamiento igual al 10 % de su aforo en un radio máximo de 200 metros de su ubicación. Además declaró nula la diferencia de trato frente al establecimiento de determinadas actividades en edificios no residenciales frente a los edificios de uso residencial.

Según indican a Efe fuentes municipales, el TS no declaró la nulidad de esta segunda limitación «por su contenido limitativo» sino por la diferencia entre unos y otros edificios «al considerar que dicha distinción no está justificada e infringe el principio de igualdad de trato ». Por ello, mañana se eliminará esta distinción, aprobada por el Pleno de Madrid en 2012, para lo que se ha convocado una comisión extraordinaria de Medio Ambiente antes del Pleno ordinario de mañana, donde se aprobará esta modificación de manera definitiva.

De esta forma, el Consistorio podrá «mantener activas las medidas que permitan una reducción de los niveles de ruido ambiental (régimen de distancias entre establecimientos) para proteger la salud de los vecinos del distrito». Esta votación llega después de que la Junta de Gobierno modificase la ZPAE el pasado 7 de septiembre, según indican las mismas fuentes.

El Ayuntamiento ha recordado que el TJSM desestimó otras alegaciones hechas por asociaciones del ocio nocturno tras la aprobación de la ZPAE , declarando conforme a derecho la capacidad de la Junta de Gobierno para regular los horarios de los establecimientos de ocio. De forma paralela a esta modificación puntual de la ZPAE de Centro, el Ayuntamiento está realizando mediciones para elaborar un nuevo estudio acústico de la zona, el paso previo para modificar esta zona de protección, que reglamentariamente debe revisarse 5 años después de su aplicación.