La Justicia tumba otra vez la comisión de investigación contra Gallardón y Botella

El Ayuntamiento trataba de fiscalizar la gestión y el origen del endeudamiento de la capital durante los últimos 12 años, es decir, coincidiendo con los últimos dos mandatos de Alberto Ruiz-Gallardón y el único y último de Ana Botella , ambos alcaldes del Partido Popular. La iniciativa nació, en perfecta consonancia, de Ahora Madrid y el Partido Socialista, su aliado de gobierno; contó además con el respaldo en el Pleno municipal de Ciudadanos. Pero la Justicia pronto frenó esta causa después de que el Grupo Municipal Popular la denunciara en los tribunales. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid, donde interpuso el recurso el PP, se pronunció en diciembre de 2016 a su favor alegando que la citada comisión se excedía del concepto «asunto concreto» que exige el reglamento orgánico del Pleno en su artículo 138.

El Gobierno municipal volvió a la carga y presentó un recurso de apelación contra el fallo. El TSJM vuelve a avalar la misma argumentación del Juzgado desestimando el recurso de la Administración. «Atendido el contenido de los fines para los que se constituyó la comisión de investigación objeto de este litigio, difícilmente puede sostenerse que aquellos puedan subsumirse en el concepto de ‘ asunto concreto ’».

El equipo de Manuela Carmena solicitaba la revocación de la sentencia defendiendo que se había fijado una materia concreta, «sin que el hecho de que la materia a investigar sea extensa [tres mandatos] deba considerarse que no sea concreta». El TSJM contesta al Ayuntamiento discrepando de lo sostenido pues la contratación y el origen del endeudamiento durante doce años «no equivale al asunto concreto».

El Alto Tribunal de Madrid condena además al Consistorio al pago de las costas procesales causadas en esta segunda instancia, fijadas en 1.200 euros . «La Justicia vuelve a dar la razón al PP y confirma que, con la pretendida comisión de investigación, el Ayuntamiento de Carmena sólo buscaba hacer una causa general contra las últimas legislaturas del PP. Hace casi un año, un juez ya declaró su nulidad de forma categórica por no ser conforme a derecho, y ahora, una nueva sentencia ratifica esa decisión y condena al Consistorio a pagar las costas procesales», manifestó ayer el portavoz del Grupo Municipal Popular, José Luis Martínez-Almeida.

Lo llamativo de esta investigación municipal, que pretendía tener sus conclusiones en 2018, es que algunos de los políticos que actualmente tienen un escaño en el Palacio de Cibeles estaban en la oposición entonces, supuestamente controlando al gobierno. Es el caso de Jorge García Castaño (2011-2015 por IU), de Ahora Madrid, o del socialista Ramón Silva (2003-2011), quien además fue presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contratación.