Garrido regulará las VTC si no lo hace el Gobierno Central

Tras las duras jornadas de huelga de enero y febrero de este año, se había abierto una grieta que parecía insalvable entre las organizaciones del sector y el entonces presidente regional y ahora consejero de Transportes, Ángel Garrido. Pero el tiempo ha ido ayudando a cicatrizar, o a sobrellevar, las heridas. Los representantes de las principales asociaciones del sector se reunieron con Garrido el miércoles en un encuentro con cierto espíritu de «borrón y cuenta nueva». En él, Garrido abordó una de las mayores preocupaciones del sector: la necesidad de regulación de las VTC.

El portavoz de la principal asociación del sector, la Federación Profesional, Julio Sanz , explicó a ABC que la regulación de las VTC fue el tema principal del encuentro, en el que participaron representantes también de la Gremial del Taxi, la Asociación Madrileña del Taxi, y la Asociación Élite Taxi. «Le expresamos que es urgente abordarla, porque en las calles hay una situación de anarquía, y en más del 28 por ciento de los vehículos que se inspeccionan se detecta alguna irregularidad».

Garrido anunció seis campañas extraordinarias –entre ellas, en enero, Semana Santa y verano– que vigilen la captación de clientes de forma irregular. Hasta el 30 de noviembre, se han inspeccionado a 11.248 VTC, lo que supone un 13 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado. Se denunciaron 2.944, casi un 4 por ciento más que en 2018. El objetivo es realizar13.000 inspecciones a VTC y taxis al final del año, les dijo, y para 2020 se quiere llegar a 13.500 controles.

Pero además, Ángel Garrido se comprometió ante los taxistas a plantear la regulación de las VTC desde el Gobierno regional. Aunque es partidario de que ésto se haga mediante una normativa de ámbito estatal, aseguró que esperará un tiempo prudencial y si el nuevo Gobierno Central no establece esta regulación, «lo haremos nosotros». No concretó plazos, pero sí especificó que de abordarlo desde su Gobierno, «no esperaremos a hacerlo seis meses antes de acabar el mandato».

Julio Sanz añadió algún detalle: «Nos dijo que si no lo hace el Gobierno Central, lo asumirá la Comunidad, primero con un decreto y después con una ley». Ante el compromiso, apuesta por darle al consejero «un margen de confianza; ver si hace alago que no hizo en su momento».

El otro gran tema que se debatió fue el del área de prestación conjunta, que «necesita una consistencia jurídica suficiente», y sobre la que las asociaciones elaborarán un borrador de texto legal que la Comunidad de Madrid se ha comprometido a estudiar.