Carmena ignora a un fondo americano y cede parte del mercado a los «okupas»

En vez de ello, el Consistorio va a ceder al menos un tercio de los 35.000 metros cuadrados del complejo al Espacio Vecinal Arganzuela (EVA) , bajo cuyo paraguas se dan la mano cinco asociaciones del barrio y los okupas de La Traba ; se trata del edificio usurpado y que, tras siete años albergando a buena parte de los antisistema de Madrid, cayó bajo la piqueta el verano de 2014.

Fuentes policiales colocan La Traba como el lugar donde se organizaban las protestas ilegales en torno al Congreso de los Diputados; allí también se reunían radicales de izquierdas como los Bukaneros, la Coordinadora Antifascista, la del 25-S (conformada por Izquierda Castellana y grupos proetarras). La demolición del edificio, en la calle de la Batalla de Belchite, trajo consigo la asimilación del movimiento «okupa» de Arganzuela en el EVA; careciendo de sede física, era su manera de seguir activo. Precisamente, el gestor de La Traba, Raúl Morales , era vocal vecino de Arganzuela por Ahora Madrid hasta esta semana, cuando se ha visto obligado a dimitir tras, presuntamente, haber protagonizado un incidente con la Policía en un bar del centro.

Lo más llamativo es que todo ello se produce cuando la propia Traba reabrirá este sábado en los antiguos cines Candilejas , con el visto bueno de las autoridades municipales. Tendrán, por tanto, dos sedes a precio cero.

La propia edil del distrito, Rommy Arce , miembro del colectivo usurpador, daba su visto bueno político el pasado octubre a la iniciativa de reconvertir el proyecto lúdico-gastronómico en un enorme «espacio de autogestión». «Esa era una apuesta dirigida, como siempre, a las élites», afirmó en una entrevista. Desde hace meses, los «okupas» ya tienen acceso libre y autorizado para entrar y celebrar sus asambleas y actividades.

La viabilidad del proyecto, iniciado en octubre de 2014, quedó aprobada por el Área de Economía, del entonces concejal del PP Enrique Núñez , sólo 13 días antes de las elecciones municipales de mayo de 2015. Sin embargo, no le dio tiempo a hacer públicos los pliegos para el correspondiente concurso. Desde entonces, Carmena ha ignorado todo el trabajo hasta la fecha de los promotores de esta idea.

Ya han desembolsado 600.000 euros en informes previos y obligatorios para dar luz verde al proyecto. Todos ellos han sido favorables. «Esto ha supuesto para nosotros una gran pérdida económica reconocida por la propia la Intervención General del Ayuntamiento de Madrid», cuentan a ABC los afectados. Después de meses trabajando con los arquitectos Joaquín Sainz de Vicuña y Juan Luis Líbano, la idea, respetuosa con la estructura del antiguo mercado, no verá la luz: «No nos han comunicado formalmente la decisión de cancelar el proyecto, pero las intenciones de Ahora Madrid son claras». Se han reunido varias veces con la portavoz municipal, Rita Maestre .

«Nos encontramos con una gran dificultad para recuperar el dinero invertido porque, aunque la ley establece la devolución del coste del estudio de viabilidad si el que presenta la iniciativa no consigue el concurso, es necesario que los pliegos se publiquen, cosa que Carmena no ha hecho, intencionadamente», denuncian.

Detrás de la iniciativa estaban personalidades como José Carlos Capel y Julia Pérez Lozano, promotores del exitoso congreso Madrid Fusión. La idea era convertir las obsoletas instalaciones municipales, sin uso desde 1983, en un enorme mercado gourmet de interés turístico, con más de 17.000 metros cuadrados dedicados a esta actividad. Estaba planeada también la creación de una escuela de cocina para personas sin recursos, gracias al patrocinio de diferentes empresas que ya habían mostrado su interés en participar. El objetivo era proporcionar una titulación de prestigio en 3 años.

A ello se sumaban 900 plazas de aparcamiento a una zona -enfrente está Matadero- con muchas carencias en este sentido. Una biblioteca pública de fondos gastronómicos y un complejo deportivo, gestionado por la empresa Go-Fit, con spa y pistas de tenis completaban la propuesta. El acuerdo incluía que los precios de estos servicios fueran fijados por el Consistorio. Y todo, tras años de reclamaciones vecinales para que adecentaran el espacio, foco de indigencia.

Además, el Ayuntamiento iba a recibir un canon en concepto de alquiler de 600.000 euros anuales . Al transcurrir los 40 años, que según la normativa tiene de plazo la concesión, tanto la inversión realizada como la propiedad revertían al Consistorio. «La imagen de Madrid y España ante los ojos de los inversores está gravemente perjudicada», concluyen los promotores.