Las cámaras de Tetuán se retrasarán, al menos, otros seis meses

El permiso gubernamental expiraba este 11 de junio, pero el proceso de licitación ni siquiera se ha iniciado. Fue Ciudadanos, en marzo de 2017, el partido que pidió en el Pleno del distrito la instalación del sistema de videovigilancia, a raíz de las numerosas quejas vecinales por las continuas reyertas en lo que se conoce como Barrio Latino. La gota que colmó el vaso fue el asesinato de un pandillero apodado «Velo Velo» dos meses antes . También hay problemas con el tráfico de drogas, las «okupaciones» y los «afterhours» ilegales.

La propuesta de Ciudadanos salió adelante y se puso en marcha el proceso. Lo primero fue un demoledor informe de la Policía Municipal , que ponía negro sobre blanco lo que estaba ocurriendo en la zona. Sin embargo, la presidenta del distrito, Montserrat Galcerán, siempre ha mostrado notables reticencias a esta medida, quitándole importancia a los sucesos que allí ocurren prácticamente a diario.

El Área de Seguridad dictaminó finalmente la necesidad de las cámaras, que, en un principio, según manifestaron fuentes municipales, debían estar listas el pasado verano, como muy tarde. Pero el asunto se ha ido demorando. Incluso con polémica interna en Ahora Madrid. En marzo de este año, Galcerán, que pertenece al ala más radical del Gobierno local, Ganemos, llegó a decir que no se iba a instalar la videovigilancia porque no había dinero ni tampoco la estrechez de las calles lo permitía. Fue inmediatamente desautorizada por la portavoz del Ejecutivo municipal, Rita Maestre, muy cercana a la alcaldesa, Manuela Carmena, que afirmó que el asunto seguía adelante y que «no había ningún problema presupuestario» para esta iniciativa .

Pero los meses pasaban y este periódico ya avanzaba en agosto que el tiempo iba en contra y que podría expirar la autorización de la Delegación del Gobierno sin que el proyecto estuviera acabado.

Y eso es lo que ha ocurrido. Fuentes de Seguridad, que dirige el concejal Javier Barbero, indican que «la idea es que las cámaras estén listas antes de que acabe este mandato» . Es decir, antes del próximo mayo. Sin embargo, el asunto aún se encuentra en manos de la Policía Municipal y no se ha iniciado el proceso de licitación del contrato, que, en casos como este, suele durar entre cuatro y seis meses. Debe salir a concurso, se analizarán las propuestas de las distintas empresas que se presenten y se adjudicará el pliego, que consiste en un total de 19 cámaras. El modelo ya está elegido, aunque no ha trascendido cuál, como tampoco el coste de la iniciativa. Sirva como ejemplo un dato: los 48 dispositivos de Lavapiés costaron 600.000 euros en 2009.

Después del concurso público, Intervención Municipal deberá dar el visto bueno y se instarán . Será entonces cuando la Comisión de Videovigilancia gire una visita a la zona y determine que están listas para funcionar, dos años después del anuncio.