El Ayuntamiento de Madrid reconoce que nadie supervisó la obra de los titiriteros

En el «mea culpa» que entona reconoce que nadie supervisó el contenido del espectáculo y que los comisarios externos que pagaron los platos rotos por la función que representó la compañía «Títeres desde abajo» no tenían firmado ningún contrato con Madrid Destino, la empresa municipal que gestiona el Turismo y la Cultura. Se trata de Ramón Ferrer y Lucía Callén, responsables de la programación y dirección del Carnaval.

Además, en su informe, el Ayuntamiento alude a que no hay en todo el expediente interno que abrieron tras el escándalo «ningún documento que acredite que alguna de las personas que intervinieron en la preparación y contratación del Carnaval comprobara el contenido del espectáculo titulado "La Bruja y don Cristóbal"». Una representación en la que los guiñoles ahorcaban a un juez, violaban a una monja y se exhibía una pancarta que rezaba «Gora Alka-ETA» .

La Policía Municipal interrumpió la función , ante las quejas de los padres, mientras que la Policía Nacional detuvo a los actores e incautó diverso material. De inmediato, la consejera delegada de Madrid Destino, Ana Varela, denunció lo ocurrido por «la supuesta escenificación de actos ofensivos y lesivos para la sensibilidad, especialmente atendiendo a la edad del público presente en el espectáculo». Días después, Mayer «matizaba» la demanda, y la circunscribía a un «incumplimiento de contrato».

En el documento, al que ha tenido acceso ABC, el Ayuntamiento reconoce las negligencias y anomalías cometidas; explica que días después, Mayer presentó una segunda denuncia en la que exponía que lo ocurrido obedecía «a un error de programación» , pues la dirección artística del evento calificó la obra de hábil o apta para todos los públicos, cuando en realidad era adecuada para adultos. Es decir, la concejal echaba balones fuera y culpa a terceros.

Sobre el espectáculo y la compañía «Títeres desde abajo» solo hay datos de contacto, fecha y hora del espectáculo, elementos y servicios técnicos necesarios y su coste. La entidad que aparece como contratada es la Asociación Casa-Taller de Marionetas de Pepe Otal. Se da la circunstancia de que el contrato se remite la víspera de la representación, el 4 de febrero, con un precio de mil euros. Ni en él ni en su anexo se dice tampoco nada sobre su contenido o argumento, nada más que una pequeña sinopsis.

En cuanto a Callén, Varela envío, un día después del escándalo, el contrato que no se había firmado. En él, figuran Madrid Destino y la Asociación Onda Merlín Comunitaria Radio Sureste, para la que trabajaba Callén, a fin de que la organización asumiera la dirección artística y coordinación del Carnaval, lo que incluía el estudio, selección y coordinación del mismo. Sin embargo, no lo rubrican, y Callén niega por escrito el 10 de febrero que en ningún momento «ha sido la encargada de la dirección artística».

En el presupuesto de la encomienda de la gestión figura una partida de 2.500 euros más IVA para comunicación en redes sociales, pero la creación y mantenimiento de los canales en Facebook y Twitter fue asumida, al parecer, por los programadores.