Moncloa envió a Lobato el documento confidencial sobre el novio de Ayuso 37 minutos antes de que se publicara

«Se puede sacar. Sácaselo en la pregunta. Un quién miente señora Ayuso, usted o su novio. Parece que usted. La imagen de la carta es potente», pidieron desde Moncloa al líder socialista madrileño, que tres horas después se iba a enfrentar a Ayuso en la sesión de control de la Asamblea de Madrid.

Lobato sospechó: «Pero se ha publicado en algún sitio esta carta? No tiene fecha». Lo cierto era que no, y por eso Sánchez Acera le respondió «porque llega, lo tienen los medios», sin decir quién se lo envía a ella: «Vamos a verlo, para que estés más respaldado. Si es así, te lo digo. Si no la tienes en la retaguardia», lo tranquilizó Sánchez Acera.

La verdad es que los medios solo habían publicado entrecomillados, no el documento, y Lobato seguía dudando: «La necesito diciendo de dónde la saco, porque si no parece que me la ha dado la Fiscalía», escribió el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid. Precisamente el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, están imputados en esta causa del Tribunal Supremo por la filtración del documento confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Entonces Sánchez Acera le preguntó a qué hora estaría frente a Ayuso. A las 11, le dijo él. «Va a salir antes, para el control. A las 11 ya habrá salido todo el mundo con ella». Según las fuentes consultadas, Acera o alguien de su entorno se debió encargar de filtrarla, puesto que a las 09:29 envió a Lobato la publicación de ‘elplural.com’ y le dijo «ya está», junto con una nueva dosis de argumentario contra la presidenta madrileña: «Usted dijo ayer que era una inspección a lo bestia. Usted debe mentir por corrupción a lo bestia y mentirosa salvaje».

Hasta en tres ocasiones había inisistido Lobato en el origen del documento en su conversación con la jefa de gabinete del director del Gabinete de Pedro Sánchez, Óscar López. Él es técnico de Hacienda y sabe que difundir una comunicación entre el abogado de un contribuyente denunciado por Hacienda y la Fiscalía podría ser un delito.

Según fuentes jurídicas presentes en la declaración, Lobato reveló ayer que el breve comunicado con el que salió al paso una vez que ABC publicó la exclusiva a última hora de la tarde del domingo fue consensuado con la propia Sánchez Acera y con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. En él venía a matizar lo que apenas unas horas antes había confirmado a ABC, dejando claro que «toda la información vino de medios de comunicación», aunque la asesora de Moncloa no llega a decirle que se lo enviara ningún medio, sino que los medios «la tienen».

Tras solicitarlo una de las acusaciones populares, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), con la intención de contrastarla con el acta, el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado autorizó el volcado de la conversación de Sánchez Acera con Lobato desde el móvil de éste, a lo que el testigo no se opuso. De hecho, mientras se practicaba esta diligencia, una vez terminada su declaración, Lobato salió del edificio del palacio de las Salesas con la intención de volver horas más tarde a buscar su teléfono.

Lobato había llegado a su cita con la justicia quince minutos antes de las diez de la mañana. Lo hacía solo, con un traje gris, sin otra prenda de abrigo, y una carpetilla blanca en la mano con el logo del partido. Al entrar, no hizo declaraciones a la prensa y subió directamente a la planta donde le esperaba el instructor, Ángel Hurtado, y los letrados de las acusaciones particular (la del novio de Ayuso) y populares (APIF, Manos Limpias, Colegio de la Abogacía de Madrid y Foro Libertad y Alternativa). Al otro lado, en la defensa los dos abogados del Estado en representación de los imputados García Ortiz y Pilar Rodríguez, fiscal general del Estado y jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid respectivamente.

Sobre el acta notarial que le había reclamado el juez, y de la que se dio traslado a las partes, giraron todos los interrogatorios, estrictamente centrados, según fuentes presentes en la declaración, en las circunstancias en las que se produjo la supuesta filtración del correo en el que la defensa de González Amador reconocía ante el fiscal de delitos económicos Julián Salto que su cliente había cometido dos delitos fiscales.

Como publicó ABC en exclusiva y ratificó ayer el socialista, con su visita a la notaría Lobato quiso dejar constancia de que el correo en cuestión se lo había enviado el 14 de marzo por la mañana Sánchez Acera, mano derecha del entonces jefe de Gabinete de Sánchez (y hoy ministro) Óscar López y también que se interesó por la procedencia del mismo.

La difusión de ese correo, de carácter reservado por cuanto se produjo en el marco de un procedimiento de conformidad y afecta al derecho de defensa de González Amador, puede derivarse en responsabilidades penales. Eso al margen de que el origen de la filtración puede establecer una conexión directa entre la Fiscalía (García Ortiz y la jefa de la Provincial de Madrid Pilar Rodríguez ya están imputados en la causa) y Moncloa. Y es que curiosamente el socialista acudió al notario ocho meses después de la filtración, cuando el Tribunal Supremo asumió esta investigación e imputó al fiscal general por revelación de secretos precisamente con motivo de este correo electrónico.

En preguntas a la prensa, una vez finalizada su declaración, Lobato aseguró que la comparecencia había ido «muy bien». «Todo contestado y acreditado. Me han propuesto si voluntariamente quería poner a disposición el teléfono móvil, he dicho que sí. Y van a hacer un volcado. Pero bueno, ya sabéis que los socialistas, siempre la verdad y la ley por delante», dijo.

Previsiblemente el juez decidirá los próximos pasos ya la semana que viene, entre ellos la solicitud de dos acusaciones de que se llame a declarar como investigada a Sánchez Acera. Paralelamente la UCO continuará analizando la información extraida de los dispositivos del fiscal general, para lo que hace unos días el magistrado dio un mes más de plazo prorrogando el secreto.

El excesivo interés de García Ortiz en recabar la noche del 13 de marzo los correos electrónicos que se intercambiaron la defensa del novio de Ayuso y el fiscal Julián Salto hace sospechar a la Guardia Civil que la filtración partió de Fiscalía General; de ahí que tras analizar los dispositivos de la otra fiscal imputada, pidieran permiso al juez para empezar con los de su jefe.