Los letrados del Congreso ven ilegal la treta del Gobierno para tomar el poder de RTVE

Es nítido aquel informe de los letrados del Congreso, que sigue vigente en tanto que nunca fue enmendado por otro posterior sobre el mismo asunto: «El carácter de ley de la norma que atribuye las competencias excluye también la posibilidad de modificar la situación por medio de una reforma de los Estatutos Sociales [de RTVE] en cuanto a aquellas que son atribuidas directamente a la Presidencia de la Corporación por la Ley 17/2006».

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Roberto Pérez

El cambio de estatutos del ente público lo viste con un dictamen de la Abogacía del Estado que ni el entonces presidente socialista ni Mariano Rajoy quisieron aplicar

Es decir, una presidenta interina, caso de la bendecida ahora por Moncloa a tal fin, Elena Sánchez, solo puede ejercer la máxima representación del consejo de administración del ente público, que es el que la ha elegido, pero no las funciones ejecutivas que le corresponde a la presidencia de la Corporación RTVE, en tanto que estas competencias y el nombramiento de quien las ostenta son otorgadas por ley y por designación del Congreso –y, además, con una elección por mayoría reforzada de dos tercios de la Cámara–.

Pero esto era un problema para el Gobierno. Tras librarse del anterior presidente de RTVE, José Manuel Pérez-Tornero, al que dejó de considerar suficientemente implicado con la causa de Moncloa, optó por que fuera el consejo de administración el que nombrara a la sustituta, en vez de cubrir la vacante por acuerdo del Congreso, donde la debilidad del PSOE es palmaria. Así que optó por cambiar las reglas del juego, y lo ha hecho justo con la fórmula que los letrados de la Cámara Baja ya dijeron en 2011 que no era legal.

Como informó ayer ABC, la maniobra fue urdida por el Gobierno con la decisiva participación de la Abogacía del Estado y de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a la que corporativamente pertenece RTVE. Todo estaba preparado de antemano, hasta el formalismo: la SEPI, a espaldas del Consejo de Administración de Radio Televisión Española, elevó consulta a la Abogacía del Estado, que contestó a favor del plan que había preparado el Gobierno: modificar los estatutos de RTVE para que una presidenta interina pueda ejercer funciones ejecutivas sin contar con el nombramiento del Congreso.

Esa modificación de los estatutos tenía que ser formalmente aprobada por el Consejo de Ministros. Lo que no dijo la Abogacía es si dicho acuerdo debía tener rango de ley. Es decir, si tenía que aprobarse por decreto-ley, que era lo lógico –como mínimo– si también hubiera tenido en cuenta el informe jurídico del Congreso de los Diputados del año 2011. Al dejar esto en el aire, el Gobierno aprovechó para aprobar un mero acuerdo de Consejo de Ministros y, así, modificar los estatutos sin necesidad de llevarlo a ratificación al Congreso. El resultado práctico es que, con el aval de la Abogacía del Estado, el Gobierno ha cambiado la ley de RTVE con un mero acuerdo de rango administrativo.

El dictamen de la Abogacía del Estado en el que se ha apoyado el Gobierno se lo confió a la máxima responsable del servicio jurídico del Estado. Es decir, a la abogada general del Estado, Consuelo Castro Rey, que precisamente debe su cargo al Gobierno de Pedro Sánchez: la nombró abogada general del Estado a finales de junio de 2018, cuando Sánchez aún no había cumplido ni un mes en La Moncloa –llegó al poder el 1 de junio, con la moción de censura que derribó a Mariano Rajoy, en la que los socialistas contaron con el apoyo de la extrema izquierda y de los independentistas–.

El informe jurídico del Congreso fue dictado prácticamente a la par que el que, también en 2011, libró la Abogacía del Estado para pronunciarse ante la interinidad que se había producido en RTVE por la dimisión del entonces presidente del ente, Alberto Oliart. La Abogacía del Estado dejó abierta la puerta a un cambio de estatutos que permitiera dar poder ejecutivo a una presidencia interina; los letrados del Congreso, sin embargo, descartaron de plano esta opción, sobre todo si ese cambio de estatutos se realizaba a espaldas del Congreso, sin ser tramitada como iniciativa con rango de ley.

Ahora, la abogada general del Estado, para allanar la maniobra de Moncloa y consumar la toma de poder de RTVE, ha citado exclusivamente aquel informe de la Abogacía del año 2011, pero ha ignorado por completo el que emitieron los letrados del Congreso.

La controversia jurídica está servida. La política, también. Está por ver si el PP toma acciones tras haberse convertido el Congreso en convidado de piedra al margen de la ley de RTVE. Mientras tanto, UGT aboga por emprender acciones para restituir lo que considera que es una legalidad burdamente truncada. Ha pedido la destitución de Elena Sánchez como presidenta interina y anular la maniobra del Gobierno.