La Justicia francesa expulsó en 1951 al PNV del palacete porque pertenecía al Estado español

Los acuerdos políticos entre Pedro Sánchez y el PNV, aceptando la presunta «propiedad» nacionalista vasca de ese edificio no reposan en ningún fundamento jurídico ni hipotecario de ningún tipo. Bien al contrario, desentierran una confusa guerra ideológica que la justicia francesa zanjó hace más de setenta años.

Entre 1936 y 1937, la sociedad «Financies et Entreprises» (FeE), creación del PNV, compró ese edificio con fondos de distinta procedencia. Algunos de ellos provenían del erario público español.

Tras la entrada de la Wehrmacht en París, en 1940, los dirigentes de FeE huyeron y el edificio fue ocupado por los diplomáticos y policías de la embajada de España, que se encuentra a escasos cien metros de distancia.

Terminada la Segunda Guerra Mundial, las milicias de la Resistencia, con mayoría comunista, facilitaron al PNV la ocupación del edificio, reinstalando los servicios de propaganda nacionalistas vascos a partir del mes de agosto de 1944. Hicieron caso omiso a la sentencia que el Tribunal de París había dictado un año antes, el 21 de julio de 1943, y que había sido favorable para el Estado español.

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En este dictamen, la Justicia francesa consideró que el inmueble era propiedad del Estado español, ya que había sido adquirido, a su modo de ver, con fondos que provenían, en cierta medida, de los presupuestos del país.

En la Francia y el París ocupado de ese año, pudiera dudarse de la independencia jurídica del Tribunal. Sin embargo, el 13 de julio de 1949, cuando Francia tenía un gobierno muy alejado de Franco, el Tribunal de Apelación del Sena declaró infundadas las pretensiones del PNV, condenándolo a pagar las costas de un proceso que había concluido reconociendo la propiedad de España sobre el edificio.

A través de FeE, el PNV continuó negándose a acatar la sentencia judicial. Y prolongó esa batalla con nuevos recursos. Ante esa negativa al cumplimiento de la resolución, el Tribunal del Sena ordenó, el 6 de junio de 1951, la expulsión pura y simple de los dirigentes del PNV y miembros de su equipo nacionalista.

A las nueve de la mañana de ese día, una brigada policial destacada por la comisaría próxima al Palacio de Chaillot se presentó en el edificio del 11 de la Avenue Marceau para consumar expeditivamente la expulsión de los hombres del PNV que se encontraban en los locales. La operación policial se consumó sin incidentes hasta media tarde, pronto sofocados por la policía francesa.

El embajador de España, Manuel Aguirre de Cárcer, tomó posesión oficial del edificio días más tarde y anunció las primeras decisiones gubernamentales, entre las que se encontraba la creación de una biblioteca y una sala de conferencias y exposiciones. Años más tarde, en ese palacete se instaló la primera sede oficial del Instituto Cervantes, que ha desarrollado desde entonces una labor bien conocida.

El acuerdo político entre Pedro Sánchez y el PNV olvida e ignora voluntariamente esa historia jurídica francesa, bien establecida y jamás desmentida por ningún tribunal.

El acuerdo político ha venido acompañado con una interesada campaña política, ideológica y publicitaria, que multiplica las nubes de la intoxicación más burda. Estas tesis enfrentadas son muy libres. Pero, en cuestiones inmobiliarias y fiscales, la realidad judicial se impone de manera categórica. El edificio de la Avenue Marceau, donde está instalado el Instituto Cervantes, lleva inscrito en el registro de la propiedad hipotecaria francesa desde hace más de setenta años. Este detalle comporta, igualmente, unos deberes y responsabilidades fiscales que el Estado español lleva décadas asumiendo, con cargo a los contribuyentes españoles.