El Gobierno salva el apoyo de sus socios de izquierdas con promesas que dependen de Junts

El único voto que le ha fallado a Pedro Sánchez respecto a la investidura ha sido el de José Luis Ábalos, ahora en el Grupo Mixto y al borde de la imputación, quien se ha ausentado de la sesión plenaria alegando motivos personales. Ha faltado el mismo día que declaraba en la Audiencia Nacional Víctor de Aldama, comisionista de la trama que lleva el nombre de quien fuera mano derecha del exministro, Koldo García, en el que ha sido el único frente que le ha salido rana este jueves al PSOE. En el Parlamento, entre forzados gestos de euforia, los diputados socialistas se han arrancado en palmas al término de la jornada.

Si el Gobierno ha salido tocado en varias ocasiones esta legislatura del fragor parlamentario, renunciando a varias de sus líneas rojas en normas como la ley de amnistía y la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana –conocida como 'ley mordaza'–, esta vez han sido sus aliados quienes han desistido de hacer valer su posición de fuerza. Anteriormente, el Ejecutivo se vio obligado a retirar la ley del suelo por el rechazo de sus acompañantes de viaje y perdió votaciones relevantes como la ley de extranjería, la senda de estabilidad –vital para los presupuestos– y el decreto sobre subsidios.

Ese último, precisamente, lo tumbó Podemos pese a un pacto con Junts para delegar competencias en inmigración a la Generalitat de Cataluña; algo cuestionable desde el punto de vista constitucional. Ha sido Podemos, también, quien ha salvado este jueves a Sánchez de una doble derrota en distintos ámbitos: el judicial, con De Aldama apuntando directamente a él, y el parlamentario. Y lo ha hecho, como ha sucedido durante la tramitación del impuesto mínimo global, sin garantías de que aquello que le prometen tenga el más mínimo recorrido.

El proyecto de ley para el impuesto mínimo a las multinacionales nace de una directiva europea de obligado cumplimiento que generaba un amplio consenso, incluido el PP. Pero el Gobierno aprovechó la ocasión para impulsar una reforma fiscal más ambiciosa que alejaba a los populares, por un lado, pero que enfrentaba a los socios del Ejecutivo, por otro.

«Era un buen momento para aprovechar y aprobar una reforma fiscal que servirá de cara a los presupuestos», reconocen fuentes del Grupo Parlamentario Socialista, en conversación con ABC, y añaden: «Ya hemos visto que en cuanto entran intereses de este tipo, entre los socios ya aparecen la derecha y la izquierda».

Y es que todo se le complicó al Ejecutivo cuando el PSOE cerró un acuerdo con Junts y el PNV para prorrogar el gravamen a la banca en los ejercicios de 2024, 2025 y 2026, pero dejar caer la misma medida en el caso de las empresas energéticas. Esto generó un notable malestar no solo en ERC, Bildu, Podemos y el BNG, que también, sino incluso en Sumar.

El lunes de la semana pasada, los socialistas se vieron obligados a suspender la Comisión de Hacienda que debía aprobar el dictamen del proyecto de ley porque no tenía los apoyos asegurados. Poco después, el PSOE y Sumar anunciaron un acuerdo entre ellos para ampliar el paquete fiscal introducido en la norma, con algunas medidas que rechazaban Junts y PNV, en un intento fallido de atraer a sus aliados de izquierdas. El paso en falso obligó a aplazar de nuevo el órgano el jueves pasado.

Siete días después de la primera desconvocatoria, hubo fumata blanca en la Comisión de Hacienda, tras una sesión esperpéntica que terminó cerca de la una de la madrugada con negociaciones caóticas entre el Gobierno, ERC y Bildu. Esos dos últimos partidos, junto al BNG, lanzaron un comunicado informando sobre un acuerdo al filo de las once de la noche para prorrogar en 2025 el gravamen a las energéticas vía real decreto ley. Hubo que esperar hasta las 0.47 para que Junts diese el visto bueno y se votase.

Justo después, Hacienda emitió una aclaración: «El Gobierno quiere aclarar que mantiene su acuerdo con Junts para no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización». Fuentes del partido de Carles Puigdemont dan por hecho que eso excluye de facto a todas las energéticas y ven vacío de contenido el pacto de los socialistas con ERC, Bildu y BNG.

No obstante, el Gobierno vende que cumplirá todos sus acuerdos, así lo ha dicho esta mañana la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y sus socios de izquierdas, uno a uno, han comprado el discurso. Por el momento, ya en el proyecto de ley, se han rechazado algunas de las cuestiones que habían pactado el PSOE y Sumar para paliar la incomodidad del pez chico de la coalición con la ausencia de las energéticas. No han salido adelante ni la eliminación de la fiscalidad especial de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (Socimi), ni la supresión de subvenciones a los seguros de sanidad privados, ni el impuesto sobre el valor añadido (IVA) del veintiuno por ciento a los pisos turísticos ni el gravamen a los aviones privados, los yates y los coches de lujo.

El real decreto ley prometido a ERC, Bildu y BNG, al margen de que simplemente prorroga el impuesto a las energéticas otro año y no lo hace permanente, no tiene tampoco garantías de aprobación porque depende de Junts per Catalunya, que ha mostrado su oposición al mismo. «Queremos remarcar que en medio de todo lo que se ha hablado estos días, la realidad es que lo único que hoy se aprobará es el acuerdo de Junts. El resto de acuerdos, si se acaban materializando o no, ya se verá, los valoraremos. Pero el paquete que se aprueba es el de Junts», ha dicho en los pasillos del Congreso la portavoz del grupo de Puigdemont, Míriam Nogueras.

No presenta muchas más certezas el acuerdo con Podemos. Los socialistas han pactado con sus antiguos socios de coalición que presentarán una proposición de ley que incluya un impuesto energético y, para ello, se creará una comisión negociadora con la participación de todos los potenciales apoyos a esa iniciativa. En caso de no conseguir sacar adelante la norma antes del 31 de diciembre —algo que de facto es imposible porque el Senado, con mayoría absoluta del PP, tiene capacidad de bloqueo durante dos meses—, se aprobaría el real decreto ley pactado previamente con los independentistas de izquierdas. De nuevo, ni esa proposición de ley ni ese real decreto ley cuentan con respaldos garantizados y tanto Junts como el PNV podrían rechazarlo.

El ministro Félix Bolaños y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, han cerrado el acuerdo en torno al mediodía. Poco después, fuentes del partido izquierdista garantizaban que contaban con el compromiso del Gobierno de que todas las formaciones necesarias iban a participar en la comisión negociadora y que, incluso, le habían trasladado la predisposición de respaldar un posible gravamen energético. Era la forma de justificar su apoyo al proyecto de ley —eso y el carácter permanente que tendría vía proposición de ley— después de que Belarra hubiese tachado de «papel mojado» el comunicado de ERC, Bildu y BNG, precisamente, por no tener asegurada su convalidación. Una cosa está clara: si Junts o el PNV rechazan la proposición de ley o el real decreto que lleguen al Congreso, no habrá impuesto a las energéticas ni en 2025 ni en la legislación española.

Fuentes de la derecha nacionalista vasca, por cierto, se han precipitado a desmentir que el Ejecutivo hubiese hablado con ellos previamente al pacto con los de Belarra: «Nadie ha hablado con el PNV sobre lo acordado entre PSOE y Podemos. El PNV verá cuando se cree esa comisión negociadora que al parecer han pactado PSOE y Podemos cuál es la posición que fija en base a la propuesta impositiva que se haga y a la posterior negociación». No hay nada cerrado.