El Gobierno mantiene el traspaso del palacete de París al PNV en el nuevo decreto pactado con Junts
«Se devuelve a su legítimo dueño un inmueble que fue incautado por la Gestapo», justifica Pedro Sánchez
El Gobierno accede a debatir sobre la cuestión de confianza a cambio del apoyo de Junts a nuevas medidas sociales
Madrid
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Iniciar sesiónEl Gobierno mantiene en el nuevo real decreto ley pactado con Junts el traspaso al PNV del palacete en el centro de París, en el número 11 de la avenida Marceau, que actualmente es una de las sedes del Instituto Cervantes. El Ejecutivo conserva ... así en el texto acordado con los independentistas catalanes el principal motivo que llevó al PP a votar en contra del ómnibus que derogó el Congreso el miércoles, por lo que considera una «prebenda» al nacionalismo vasco a cambio de sus votos. Vox también fue muy crítico con esa cesión, pero, al contrario que los populares, dejó clara su posición en contra de cualquier medida que parta del Ejecutivo.
El edificio de París, convertido en epicentro de una nueva polémica política en las últimas semanas, fue comprado con fondos del PNV durante la Guerra Civil de España. No obstante, los nazis se incautaron de él durante la ocupación alemana de Francia en la Segunda Guerra Mundial y se lo entregaron al régimen del dictador Francisco Franco. Los peneuvistas habían reclamado su titularidad históricamente, pero tanto la Justicia francesa como el Tribunal Supremo español determinaron que no había evidencias suficientes para atender su demanda.
Aun así, en virtud de la Ley de Memoria Democrática, el Gobierno de Pedro Sánchez ha accedido a traspasar el inmueble al PNV en respuesta a su histórica reivindicación. Lo hizo en el derogado decreto ómnibus que incluía medidas sociales como la revalorización de las pensiones, y lo hace ahora de nuevo en el texto acordado con Junts para asegurarse los siete votos que el presidente del Gobierno ha buscado «debajo de las piedras»: en el partido del prófugo Carles Puigdemont.
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El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, fue muy crítico con esta cesión el martes de la semana pasada, el día antes de debatirse los tres reales decretos que el Gobierno llevaba a convalidar al Congreso, de los que solo prosperó el que recogía la reforma pactada con sindicatos y patronal para que se pueda alargar la vida laboral y compatibilizarla con la pensión de jubilación. Una posición que ya le valió la censura del PNV en la sesión plenaria del miércoles pasado y que se ha vuelto a ver este martes, mientras estaba reunido el Consejo de Ministros, durante el pleno del Senado que ha aprobado una moción para instar al Ejecutivo a revalorizar las pensiones, bonificar el transporte público y ayudar a los afectados por la dana en la provincia de Valencia y por el volcán en la isla de La Palma.
«Su 'decretazo' fue rechazado porque incorporaba la protección del 'inquiokupa', el encarecimiento de la luz y de los alimentos y el regalo a un partido político de un palacete en contra del Tribunal Supremo», ha dicho esta mañana la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, quien en ese mismo debate ha recibido la respuesta de la senadora del PNV Estefanía Beltrán de Heredia: «No es lo mismo cesión que devolución de lo robado. Hablamos de un edificio pagado por el PNV en plena Guerra Civil, incautado por la Gestapo y entregado a Franco». La nacionalista, además, ha criticado a la actual dirección del PP por «enmendarle la plana» a Mariano Rajoy, quien, como José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar antes que él, ya negoció esta cuestión con los nacionalistas.
Lío jurídico
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido esta decisión: «Se ha dicho que se le regalaba un palacete al PNV, pero aquí no se regala nada. Se devuelve a su legítimo dueño un inmueble que fue incautado por la Gestapo alemana y el franquismo en los años 30. Se le retorna como se han retornado ya docenas de inmuebles incautados durante la dictadura».
Fuentes del PNV, antes de anunciarse este acuerdo, daban por cerrado el traspaso de la titularidad a sus manos a pesar de la derogación del decreto porque alegaban que ya se había producido. Algo que llevó a Vox a querellarse contra el Consejo de Ministros, como informó este lunes su portavoz, José Antonio Fúster. La portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha anunciado este martes una proposición no de ley —iniciativa no vinculante, pero que emite un mandato al Gobierno— para que la Cámara Baja inste al Ejecutivo a realizar los trámites necesarios para mantener la titularidad del edificio parisino a nombre del Estado y revertir los efectos jurídicos del decreto derogado el miércoles. Ahora, con un nuevo soporte legal, ambas cosas quedarán probablemente en papel mojado.
En el decreto que decayó la semana pasada, figuraba una cláusula para que el Instituto Cervantes siga ocupando el inmueble hasta el 31 de diciembre de 2030. Eso sí, pagándole un alquiler desde este mes de enero al PNV. Esa coletilla se mantiene también en el nuevo texto.
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