La Comisión Europea señala ante el TJUE que la amnistía no responde «al interés general» y sí al pacto por investir a Sánchez

El argumentario más potente lo ha expuesto el representante de los servicios jurídicos de la Comisión Europea, Carlos Urraca, que ha defendido los argumentos que se incluían en el dictamen que había enviado a las partes. Entre otras cosas, ha manifestado que la ley de Amnistía no podría considerarse como un acto de interés general. «No parece que la Ley Orgánica de Amnistía [LOA] responda efectivamente a un objetivo de interés general dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España».

La Comisión Europea tiene como misión esencial la defensa de la legalidad europea y en este caso ejerce como «amicus curiae», es decir amigo del Tribunal y en este sentido también ha evocado los pronunciamientos que hicieron sobre la amnistía organismos relevantes como la Comisión de Venecia del Consejo de Europa.

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Sin embargo, en esta primera vista la cuestión esencial es si la aplicación de la ley de amnistía puede perjudicar los intereses financieros de la Unión a través de la anulación de delitos de malversación. En su argumentario, la Comisión afirma que a su juicio desde el punto de vista teórico «no existe un vínculo suficiente entre las actividades ilegales que tengan por objetivo la secesión de una parte del territorio de un Estado miembro y los intereses financieros de la Unión», pero al mismo tiempo reconoce que en el sentido de la cuestión prejudicial planteada, «le corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar si las particularidades del caso podrían justificar la existencia de una conexión suficiente»

El ex presidente de la Generalitat huido de la Justicia, Carles Puigdemont, está representado por su abogado, el ex terrorista Gonzalo Boye. Ningún otro país se ha personado en la causa, señal de que la situación constitucional creada por la ley de amnistía es un asunto exclusivamente español.

Al término de esta primera vista, es posible que se pueda anunciar una fecha aproximada para la publicación del dictamen del Abogado General, que en la inmensa mayoría de los casos acaba adelantando el sentido de la decisión de los jueces.

Estos se pronunciarán varios meses después y dictarán una sentencia que en la justicia europea no tiene votos particulares, sino que ha de ser firmada por todos los jueces. Esa sentencia ha de servir a su vez para orientar la decisión que han de tomar los jueces españoles que han hecho esta consulta prejudicial.