El juez del 'caso Púnica' propone juzgar a Granados y otras 42 personas por irregularidades en adjudicaciones

En una resolución, recogida por Europa Press, el magistrado acuerda el pase a procedimiento abreviado de esta pieza que se ha centrado en indagar en las supuestas irregularidades cometidas por Granados durante su gestión como consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, siendo presidenta Esperanza Aguirre, y posteriormente como consejero de Presidencia, Justicia e Interior.

García Castellón considera que los hechos son constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y falsedad documental. Y además de a Granados, propone juzgar a varios empresarios, entre ellos el constructor David Marjaliza y a Javier López Madrid -ya investigado en Lezo y en el 'caso Villarejo'-. Archiva, en cambio, para cuatro investigados, entre ellos el también empresario José Luis Ulibarri.

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A lo largo de más de 140 páginas, el magistrado detalla la operativa utilizada por los investigados para desviar fondos públicos de la Consejería de Transportes a través de Mintra y en favor de la trama. Apunta que entre las obras investigadas se encuentran el tramo 1C de Metro Sur, el tramo 1A de Metro Norte y la nueva línea de Boadilla de Metro Ligero.

«Con arreglo a la dinámica planeada, se entregaba a los funcionarios investigados, encargados de la redacción de los pliegos técnicos, no solo la potestad de la fijación del precio, plazo del contrato, selección de los criterios de valoración y posterior valoración de las ofertas, que de entrada aseguraba la elección del adjudicatario, sino también el mando para incrementar el precio de salida y adjudicación del contrato e, incluso, el plazo de finalización, a través de la justificación dada para adjudicar contratos modificados y complementarios», explica.

Al hilo, recuerda que Aguirre destituyó al consejero de su cargo al frente de Transportes en 2004 atendiendo la petición realizada por alguno de los proveedores de aquella consejería -ante el protagonismo en las adjudicaciones de empresas del círculo de Marjaliza y Granados-, y puntualiza que al mismo tiempo le ofreció a dicho investigado presidir la secretaría general del Partido Popular de la Comunidad de Madrid.

Además, tras la reorganización que supuso el cese de Granados, éste asumió nuevas funciones dado que se asignó a la Consejería de Presidencia la empresa pública gestora del suelo de la Comunidad de Madrid, Arpegio. Esta empresa había estado integrada hasta ese momento en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

También se encomendaron a la empresa pública Arpegio la administración de parte de los 'Fondos Prisma', y se constituyó la Fundación Arpegio. De esta forma, señala el auto, volvía a tener dicho investigado bajo su gestión un considerable patrimonio, la decisión última en la adjudicación de contratos para la construcción de obra civil y la actividad urbanística e inmobiliaria.

De esta manera, recuerda el juez, Granados confirió la gestión de las adjudicaciones a Arpegio y, de esta forma, de nuevo quedó bajo su control la adjudicación de parcelas de la Comunidad de Madrid para la construcción de viviendas libres y de vivienda protegida, y bajo su supervisión la adjudicación de parcelas de los ayuntamientos que formaban parte de cada Consorcio.

El juez afirma en su auto que Granados supuestamente se concertó con el constructor David Marjaliza, a fin de adjudicar a alguna de las sociedades de éste parcelas públicas de una de las promociones más importantes que iba a desarrollar la empresa pública, el proyecto 'Ciudad Jardín' de Arroyomolinos.

En este proyecto, recuerda, la entidad Arpegio iba a llevar a cabo una promoción con más de 3.950 viviendas de las que, una cantidad superior al 50 por ciento, iban a tener algún grado de protección.

Apunta que los contratos de compraventa entre Arpegio y una de las empresas de Marjaliza, Aranan, se firmaron antes de que el Consejo de Administración de Arpegio resolviese la adjudicación en favor de aquella sociedad.

García Castellón indica en su resolución que tanto Granados como su mujer -también investigada-, María Nieves Alarcón, utilizaron fondos públicos a través de Arpegio para «agasajar, con motivo de las celebraciones navideñas, a personas de su círculo íntimo de confianza y a otros conocidos del matrimonio como compañeros de trabajo, profesores de las hijas o profesionales de la medicina de los que habrían recibido algún tipo de atención médica«. »A todos ellos la investigada Alarcón les hizo llegar desde ARPEGIO una cesta de navidad en las festividades navideñas de los años 2006 y 2007«, indica.

Indica que todos esos gastos por «obsequios de navidad« que tendrían que haber sido abonados por los investigados por tratarse de un gasto personal del matrimonio, se desviaron de las arcas públicas de Arpegio y sumaron la cantidad total de 100.139,17 euros, indica el magistrado.

El instructor también detalla los regalos efectuados de forma continuada por Marjaliza a Granados durante el tiempo en que este ostentaba un cargo público, entre 2004 y 2011 a modo de comisiones en especie. Entre ellos, un piso en Barcelona, billetes a Ibiza, hoteles de lujo, cruceros, cacerías, safaris, relojes y un maletín con casi un millón de euros encontrado en el altillo de la casa de sus suegros.