Jueces y fiscales se plantan ante la amenaza a la separación de poderes

El mensaje que se traslada desde la Justicia es que no se critica la ley como norma que se aprobará en el Parlamento, con las mayorías necesarias, puesto que el Poder Judicial respeta las decisiones del Poder Legislativo. Lo que los jueces ven que «no se puede permitir» es que «el poder político controle las resoluciones judiciales que se han dictado», como explicó este martes el juez decano de Salamanca, Juan Rollán.

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«El monopolio de la jurisdicción en los estados democráticos lo tienen los juzgadores y los tribunales y toda la interferencia ajena es una excepción, como lo son los indultos y las amnistías», amplió. Él, junto al presidente de la Audiencia de Salamanca, José Antonio Vega, fueron los convocantes de una concentración ante los juzgados de la plaza de Colón de la capital salmantina en defensa de la separación de poderes.

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, consideró que la manera escogida por los jueces para transmitir su desaprobación va contra la ley. Afirmó que «resulta un poco extraño estar invocando legalidades y estarlo haciendo a través de un acto que incumple la propia legislación que tenemos en nuestro país, que es clara y precisa respecto a este requisito para ejercer este derecho, que es constitucional pero que está sometido a comunicación previa».

Más de 250 jueces y fiscales se concentraron también ayer en Sevilla, un parón al que se sumaron letrados de la Administración de Justicia, abogados y procuradores. La convocatoria, igual que en Huelva, Cádiz o Jaén, se hizo en principio en protesta por el acuerdo entre PSOE y Junts para garantizar el apoyo del partido de Carles Puigdemont a la investidura de Pedro Sánchez por las referencias en éste al 'lawfare' -término que define la judicialización de la política para perseguir en los tribunales al adversario político-. El documento contempla poner en marcha comisiones de investigación en el Parlamento en las que se abordaría la labor de los jueces contra el 'procés' hasta el momento. Una propuesta que tiene enfrente a jueces y fiscales de toda España.

Por otra parte, los seis vocales de la Asociación de Fiscales en el Consejo Fiscal pidieron este martes la convocatoria de un pleno extraordinario para debatir y aprobar una declaración institucional sobre la proposición de ley de amnistía que presentó el lunes el PSOE, finalmente en solitario, en el Congreso.

En un escrito al que tuvo acceso ABC, los fiscales, que son mayoría en el órgano que le asiste en los asuntos más relevantes del Ministerio Público al fiscal general, Álvaro García, recordaron que la Constitución Española encomienda a la Fiscalía «la misión de velar por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social, al igual que promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley». Entienden los firmantes que el contenido y los efectos de esa norma afectan a la función propia de la Fiscalía.

Denuncian que la fórmula de tramitación elegida por los impulsores de esta proposición de ley orgánica implica que la misma no quedará sujeta al preceptivo informe del Consejo Fiscal «pese a que quiebre de forma flagrante la separación de poderes al subordinar el Poder Judicial, en el que el Ministerio Fiscal se encuentra integrado con autonomía funcional, a la conveniencia y necesidades aritméticas de un futuro ejecutivo». A su juicio, este análisis resulta aún más oportuno si se atiende a que la norma propuesta contempla expresamente la activa intervención del Ministerio Fiscal, pues lo legitima para interesar la aplicación de la amnistía en cualquier fase del proceso penal y recoger el trámite de audiencia al mismo, tanto en procesos penales como en procesos ante el Tribunal de Cuentas.

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), el mayor de Europa en número de miembros, también ha puesto en marcha una campaña para que los abogados se sumen, a título individual, a un documento en defensa de la separación de poderes y la independencia judicial del pasado 9 de noviembre, tras conocerse el texto del acuerdo entre PSOE y Junts. A éste se han unido «decenas de despachos profesionales, asociaciones de abogados y de estudiantes, facultades de Derecho y colegios profesionales», según informa el ICAM. «Como profesionales de la Abogacía, debemos proteger los derechos y libertades fundamentales amparados por la Constitución, que hemos jurado o prometido al colegiarnos, y los Tratados de la UE», instaron.