Jueces y fiscales convocan un paro de diez minutos el 11 de junio para protestar contra las reformas de Bolaños

Tras una reunión celebrada esta mañana, las asociaciones solicitan la retirada del proyecto que regula el acceso a la carrera «por recoger medidas altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial, no responder el cambio a una verdadera demanda social y no contribuir a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, incrementando los riesgos de su politización y debilitando los valores en los que se sustenta nuestro Estado de Derecho».

Respecto a la reforma del Estatuto Fiscal concluyen que supone «una oportunidad perdida de apostar por una real autonomía funcional que blinde a los fiscales del riesgo de injerencias políticas». Es más, «incrementan injustificadamente», dicen, el poder del fiscal general del Estado «sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales lleven a cabo su labor investigadora». Quieren que se retire también ese anteproyecto «a fin de comenzar a construir un Estatuto que dé verdadera respuesta a las exigencias de independencia de la institución y que cuente con los trabajos de todas las asociaciones de fiscales y de la carrera fiscal».

Finalmente, solicitan que se cumplan los acuerdos de 23 de mayo de 2023 por los que se desconvocó la huelga entonces anunciada (en esa ocasiones por retribuciones) y, yendo más allá, se realice desde ya una «amplísima convocatoria» del turno libre (la oposición) y cuarto turno, «sostenida en años sucesivos, a fin de alcanzar el objetivo de una dotación suficiente de la judicatura y fiscalía española que permita cargas de trabajo saludables, reponer el elevado número de jubilaciones que se están produciendo y mejorar la calidad y rapidez del servicio que prestamos a la sociedad».

Las asociaciones han acordado, además, remitir los informes que hicieron en su momento a la Ley Orgánica del Poder Judicial y los que elaboren al anteproyecto del Estatuto Fiscal al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa, «con la idea de activar los canales europeos», especialmente el Grupo de Estados contra la Corrupción y la Comisión de Venecia, denunciando «cómo las dos reformas pueden vulnerar la independencia judicial y la actuación del Ministerio Fiscal y afectar la separación de poderes».

Al margen de eso van a solicitar reuniones con todos los grupos parlamentarios, con la Abogacía, Procuradores, Abogados del Estado y otras instituciones jurídicas para «explicarles los peligros y las consecuencias de ambos proyectos para el Estado de Derecho y la degradación de la calidad de la justicia que pueden suponer».

Sobre el proceso de estabilización de jueces y fiscales sustitutos tal y como está proyectado, las cinco asociaciones se comprometen a impugnar judicialmente ese proceso asumiendo los costes de forma conjunta.