La investidura de Sánchez amenaza el modelo territorial de la Transición

El PSOE ratificó ese rechazo en la reunión de su Comité Ejecutivo Federal convocada el mismo día de la entrevista, en la convicción de que el líder del PP «fallará» en su intento, como dijo la portavoz socialista y ministra de Educación en funciones, Pilar Alegría, y que entonces será el momento para que el actual presidente en funciones revalide su mandato, para lo que tendrá que recurrir tanto a Sumar como a todos los grupos nacionalistas e independentistas. Pues bien, las exigencias de todos ellos están ya sobre la mesa y suponen dinamitar el modelo territorial surgido de la Transición.

No es ningún secreto lo que piensan al respecto las fuerzas del independentismo catalán y vasco de izquierdas, ERC y Bildu, y tampoco los planteamientos de máximos, amnistía incluida, de Junts per Catalunya, la formación de Carles Puigdemont, quien este jueves mismo salió a la palestra con un nuevo mensaje en las redes sociales en el que encarecía el precio de su respaldo y aseguraba que no hay negociaciones dignas de tal nombre. Pero también el mismo día quien subió la apuesta fue el lehendakari Íñigo Urkullu, con un artículo publicado por 'El País' y titulado inequívocamente «Autogobierno vasco y modelo plurinacional del Estado. Si hay voluntad, es posible el acuerdo».

En él, el máximo cargo institucional del Partido Nacionalista Vasco (PNV) aboga por crear una «convención constitucional» que «hiciese posible un avance sustancial en el carácter plurinacional del Estado y en el desarrollo nacional del autogobierno de Euskadi y, en su caso, también de Navarra y el resto de comunidades históricas. Es decir, de aquellas que contaban con un modelo de autogobierno previo a la Constitución de 1978», aludiendo también a Cataluña y Galicia.

Preguntado por ello, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, uno de los hombres de la máxima confianza de Sánchez, aseguró haber «leído» el artículo y enfatizó que «es una propuesta muy legítima, que yo valoro. No es la nuestra, la propuesta del lehendakari, pero yo, desde luego, siempre valoro muy en positivo todas las propuestas que se hacen para buscar puntos de equilibrio, puntos de acuerdo entre diferentes, dentro del marco constitucional, que es lo que propone el lehendakari», remató. Bolaños abogó por, a partir del plan de Urkullu, «hacer un debate que sea constructivo, donde todo el mundo es consciente que nos tenemos que entender entre diferentes», afirmó veinticuatro horas después de cerrar la puerta a los acuerdos de Estado que Feijóo le puso sobre la mesa a Sánchez.

Lo que el Gobierno valida y legitima como una propuesta a estudiar, y en un órgano extraparlamentario como esa «convención constitucional» con la que se descuelga ahora Urkullu, supone una impugnación total del Estado de las Autonomías nacido al amparo de la Constitución de 1978 y desarrollado posteriormente en varias etapas. Basta leer al dirigente peneuvista cuando, tras admitir que la Carta Magna «intentó abrir un camino», denuncia los «intentos de involución» que a su juicio han tenido lugar durante los últimos cuarenta años.

«Primero se intentó armonizar y, dado que fracasó la Loapa (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico) porque el Tribunal Constitucional lo impidió, se promovió el 'café para todos', igualando por abajo para recortar para arriba». Fue esa una gráfica expresión acuñada con fortuna al inicio de la democracia por el ya fallecido Manuel Clavero Arévalo, a la sazón ministro de las Regiones con Adolfo Suárez, que dejaba claro que no habría autonomías de primera y de segunda, pese a que unas se pudieran constituir por una vía rápida, dado su carácter de «nacionalidades», término recogido en la Carta Magna, y otras por vía más lenta, pero alcanzando idéntico techo competencial.

Todo ello al margen del sistema fiscal especial del que gozan País Vasco y Navarra, blindado por el constituyente. Para Urkullu, «el cambio anunciado en 1978 se quedó en una descentralización política y administrativa, pero no fue más allá. No se descentralizó el poder judicial, no se quiso hacer del Senado una auténtica Cámara de representación territorial y se diseñó un Tribunal Constitucional como árbitro entre el Estado central y las CCAA».

El lehendakari se remonta a la constitución en 1933 de Galeuzka, «una institución de hermandad entre gallegos, vascos y catalanes», e incluso al siglo XIX, para reivindicar un «modelo factible», de pacto «bilateral» con el Estado. «Hemos sido capaces de pactar bilateralmente el Concierto Económico de desde 1878 hasta hoy. Por lo tanto, debemos ser capaces de seguir avanzando, con contenidos acordes con los nuevos tiempos, entendiendo el acuerdo, sea parcial o integral, como un pacto o concierto bilateral con el Estado», sintetiza Urkullu.

La propuesta que llega desde el País Vasco sería, al menos en lo teórico, insuficiente para el independentismo catalán aglutinado en torno a la figura de Carles Puigdemont, que plantea de entrada en la negociación para la investidura la impunidad para los delitos cometidos durante el 'procés' y un referéndum de autodeterminación. En qué medida Junts puede aceptar lo primero para dejar para más adelante lo segundo –esa es al menos la posición de ERC– es aún una incógnita.

Puigdemont, por lo pronto, quiere marcar el tempo de la negociación, y ayer anunció que no será hasta el próximo martes cuando él mismo en una conferencia defina el «marco» de lo que pone Junts sobre la mesa. Todos los focos sobre el fugado. Por ahora, aclaró, no hay negociación, en concreto sobre la amnistía, una forma de rebajar expectativas y encarecer su hipotético apoyo después de que el día anterior el 'negociador' de Sumar, Jaume Asens, dijese que ve a Junts con «ganas» de llegar a un acuerdo. Sí admite Puigdemont que «hay conversaciones con distintos actores políticos, como es lógico», pero sin concreción.

En este escenario, Puigdemont niega que haya remodelado su Consell de la República –la organización que en su momento pretendía aglutinar a todo el independentismo– para evitar las críticas del secesionismo más ultra, receloso de que Junts y el fugado acepten entrar en la lógica negociadora, posibilista, que tanto se ha criticado a ERC. Tambén en clave de blindaje interno se lee el anuncio ayer por parte de Junts de crear un Secretariado permanente que asumirá algunas de las funciones de la Ejecutiva Nacional, lo que se interpreta como un intento de evitar filtraciones y de control interno en un momento de choque de las dos almas de Junts, la partidaria de ir con todo ante la negociación y la más pragmática.