La inmigración se convierte ya en un factor electoral clave

La tendencia es global y en muchos países de Europa el debate migratorio acapara por completo la agenda, que ahora encabeza Alemania, algunos vecinos nórdicos –Dinamarca especialmente, con políticas muy duras– y otra protagonista que no deja de ganar influencia: la italiana Giorgia Meloni, artífice de poner en el mapa los «centros de retorno» para inmigrantes en terceros países fuera de la UE. Una iniciativa que ha contado con un acelerón esta misma semana durante una reunión que celebraron los ministros del Interior de los países miembros en Copenhague, y que tuvo como principal detractora a España. Sin embargo, hay un club de países decididos a que en los próximos meses se tomen decisiones drásticas al respecto para activar estos centros de deportación, aprovechando precisamente la presidencia rotatoria europea, ahora en manos danesas. Otros países –entre los que están Francia y Polonia-– son partidarios de seguir restringiendo el derecho de asilo.

En España, donde la población inmigrante supera los 9 millones de personas y crece a un ritmo frenético similar al vivido en el 'boom' de mitad de los noventa y hasta la crisis financiera, el debate migratorio de fondo sigue aparcado y pendiente de abordarse en términos reales.

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Carlos Mullor

Los recientes incidentes de Torre Pacheco, en Murcia, causaron un fuerte enfrentamiento político que sirvió al Gobierno para agitar de nuevo la bandera de la ultraderecha y desviar el foco de los asuntos que más le agobian, especialmente la corrupción y los pactos con sus socios independentistas. Desde el Consejo de Ministros mantienen las proclamas de «racismo» hacia el partido de Santiago Abascal e incluso hacia el PP, al que acusan de tener una posición «irresponsable»; mientras que la oposición denuncia que el Gobierno ha dejado de cumplir la ley, entre otras cosas, para expulsar a inmigrantes que delinquen. Los populares repiten que la ausencia de una política migratoria –planificada desde los países de origen y con recursos suficientes– y la falta de más políticas concretas de integración, acabará pasando factura.

El partido de Alberto Núñez Feijóo se mueve en clara sintonía con sus principales socios europeos y está decidido a que el debate se mantenga en primera línea. Esta semana Feijóo planteó por primera vez un endurecimiento del Código Penal y la revisión de la legislación para que inmigrantes regulares, con residencia legal en España, puedan ser deportados si cometen delitos de gravedad. Esa posibilidad ya existe en la ley, igual que la expulsión de aquellos inmigrantes sin papeles que los cometan.

Es la postura que Vox lleva proclamando años –y ahora manifiesta quejas, al entender que el PP «copia directamente» una buena parte de su programa– aunque en las últimas semanas el partido ha dado un paso más y se ha lanzado a defender deportaciones masivas que podrían afectar a millones de personas, incluidos los nacidos en España. En la sala de máquinas del partido de Abascal siguen de cerca la posición del PP, conscientes de que hay una nueva estrategia en Génova.

En juego, hay muchos electores. El último barómetro de GAD3 para ABC, del mes de junio, confirmó que la inmigración aparece ya situada como una de las principales preocupaciones en nuestro país, con una incidencia muy notable en los votantes de la derecha. El 50 por ciento de los votantes de Vox la menciona como problema, igual que dos de cada diez electores del PP y el 10 por ciento de los del PSOE. En la autoubicación ideológica de los encuestados se confirma el patrón político: un 32 por ciento de los que se sitúan en la derecha hablan de la inmigración como una cuestión problemática, y la suma del centro izquierda y la izquierda llega al 20 por ciento.

Estos datos avalan el endurecimiento en la postura sobre inmigración que lleva sosteniendo Feijóo desde hace meses y que ha ido a más en las recientes semanas. El partido aprovechó su congreso nacional de julio para poner por escrito una nueva posición, mucho más restrictiva. Fuentes de la cúpula insisten en que no se trata de un «bandazo ideológico» y niegan un endurecimiento sin contexto, señalando que el desafío migratorio ha ido evolucionando, igual que la percepción social y política. Los dirigentes del PP, también los presidentes autonómicos que siempre se han definido dentro del ala moderada, han sacado de sus discursos la defensa de las fronteras abiertas, igual que lo han hecho países europeos. La Alemania de Angela Merkel de 2015 y su defensa de abrir las fronteras no tiene nada que ver con la actual de Friedrich Merz, ambos de la CDU. Hace unos días Berlín deportó a 81 afganos con condenas por delitos graves, inaugurando una nueva etapa en el país germano. «Cualquiera que cometa delitos aquí debe abandonar nuestro país», exclamó el Gobierno alemán. Es la frase que repite Feijóo desde hace días.

El país vecino, Portugal, ha aprobado recientemente nuevas leyes de inmigración y nacionalidad con Chega, partido de extrema derecha similar a Vox, con el anuncio de que solo concederán la ciudadanía a los inmigrantes que se integren en su cultura. Esa adecuación a «la nueva realidad migratoria» a la que alude el país luso es también la postura que tiene Feijóo. Y tanto en PP como en Vox coinciden en que el Gobierno «no está leyendo bien la nueva realidad».

El otro gran asunto encima de la mesa, y en el que se escuda en gran parte el Ejecutivo para defender su posición, es la demanda de mano de obra inmigrante para algunos sectores, que en este momento no podrían sobrevivir. Según datos recientes del Real Instituto Elcano, el 90 por ciento del empleo que se ha creado desde 2024 al primer trimestre de este año ha sido ocupado por inmigrantes, situándose en el 72 por ciento en el caso del servicio doméstico o el 45 por ciento en la hostelería. La inmigración también está mitigando la pérdida de población sostenida en España ante la falta de nacimientos y una sociedad cada vez más envejecida.

Vox va muchos pasos por delante con respecto al PP, en parte porque su discurso ideológico bebe de formaciones que llevan tiempo clamando contra la inmigración, también en países europeos donde ya son primera o segunda fuerza. El modelo francés, un país con fuerte presión migratoria, es el ejemplo para el partido de Abascal, que sigue defendiendo el riesgo de una «islamización» en el continente a pesar de las diferencias existentes –y muy notables– con España. Es el único partido que defiende expulsiones masivas –los populares se mantienen en la defensa de que sean individualizadas– y cuestiona que los servicios sociales y los sistemas de ayudas y subsidios puedan sobrevivir con el ascenso de la inmigración. Se basan en tesis que defienden también economistas como Jesús Fernández-Villaverde, que alertan de la insostenibilidad económica ante el crecimiento de la inmigración en España.

La percepción sobre la población extranjera también varía en función de los grupos de edad y explica tendencias electorales que ya se ven. Destaca, siempre según el último barómetro de GAD3 para ABC, la importancia que los jóvenes (de 18 a 29 años) le conceden: uno de cada cuatro lo menciona como problema, muy por encima del resto de tramos. Las mujeres también muestran una preocupación mucho más elevada que los hombres. Vox lleva tiempo consolidándose entre los más jóvenes. También la situación laboral aparece como determinante: la preocupación es especialmente alta entre estudiantes (30 por ciento) y aquellas personas dedicadas a un trabajo doméstico no remunerado (19 por ciento) o del sector público (20 por ciento). El sector privado y los empresarios se mantienen en porcentajes muy inferiores.

Cataluña es una de las comunidades donde el debate avanza más deprisa. La entrada en escena de Aliança Catalana, el partido de extrema derecha xenófobo, que dirige la alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, ha agitado todo el debate político poniendo en guardia a Junts (pierde electores por el flanco independentista), a Vox (por sus posturas más extremas) e incluso a los independentistas de ERC. Todos los partidos consultados por este periódico reconocen que la inmigración es un asunto cada vez más transversal, que afecta a electores de todos los espectros y que preocupa especialmente. El PNV tiene por primera vez en su organigrama interno un área dedicada a este asunto e incide mucho en la idea de que los inmigrantes que acudan al País Vasco deben hacerlo «para trabajar».