Alemania presiona para acelerar los centros de deportación en la UE

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, dejó claro este martes, durante la reunión informal con sus homólogos europeos en Copenhague, que está decidido a impulsar la creación de «centros de retorno» en terceros países. Sugirió además que, de no haber acuerdo, liderará un grupo de gobiernos pioneros en esta política que empiecen a aplicarla por su cuenta.

«Hoy se trata de dejar claro que queremos aumentar la presión, que queremos ocuparnos de esto, que vamos a terminar con las bandas de traficante de personas y que estamos en condiciones de reducir la inmigración ilegal. Alemania apoya la exigencia de estos centros, consideramos que es una medida innovadora y necesaria», dijo Dobrindt, que desea aprovechar la presidencia por turno de Dinamarca, liderada por la socialdemócrata Mette Frederikssen y que viene aplicando la política de inmigración más dura de toda la UE.

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Rosalía Sánchez

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Durante la reunión en Copenhague, quedó formalizado el objetivo de los «centros de retorno» en terceros países, centros de deportación a los que enviar fuera de la UE a los solicitantes de asilo rechazados. Los propios centros podrán gestionar la vuelta de los expulsados a su país de origen. La Comisión Europea ya había propuesto en mayo simplificar las condiciones para las deportaciones a terceros países y dispone de una lista de «países seguros» para los cuales se agilizaría la tramitación de las denegaciones de asilo.

«Necesitamos acuerdos con terceros países, lo más cercanos posibles, que estén en condiciones de aceptar a los solicitantes de asilo rechazados y alojarlos en consecuencia cerca de casa. Esa es la idea básica y tiene todo nuestro apoyo», ha concluido Dobrindt, deseoso de dejar muy claro este mensaje: «No habrá frenos a la lucha contra la inmigración ilegal porque ahora los europeos jugamos en equipo y en este semestre, bajo la presidencia danesa, habrá decisiones».

La gran mayoría de los ministros de Interior presentes en Copenhague han apoyado este enfoque, que supone un severo endurecimiento de la política europea de asilo. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en cambio, expresó «serias reticencias políticas, jurídicas, económicas y de sostenibilidad» respecto a la posibilidad de los centros de retorno y consideró que «no han demostrado ser un factor determinante para lograr una respuesta más favorable».

Para la anfitriona, Dinamarca, el amplio consenso es sobre todo una señal de que el estado de ánimo político en gran parte de la UE ha cambiado significativamente. «Ahora vemos que muchos países han cambiado su posición, sobre todo el Gobierno alemán, que ha puesto su influencia y poder detrás de estas soluciones recientes e innovadoras», se felicitó el ministro danés de Migración, Karre Dybvad.

El hecho de que, paralelamente a la reunión de Copenhague, despegara desde Leipzig un avión para llevar a Irak a 43 personas legalmente obligadas a abandonar Alemania, el segundo vuelo de deportación este mes, reforzaba esa impresión.

Además de negociar a través de Qatar estas deportaciones a Afganistán e Irak, que han exigido acuerdos con los talibanes, Alemania defiende el establecimiento de controles sistemáticos en todas sus fronteras, que sin embargo han demostrado ser muy caros en relación con su efectividad. De acuerdo al precio del operativo policial, los 311 solicitantes de asilo rechazados en la frontera desde principios de mayo han costado unos 34.000 euros por persona a las arcas públicas alemanas.

El ministro de Interior danés, Kaare Dybvad Bek, insistió en que «el sistema europeo de asilo está roto, necesitamos soluciones conjuntas e innovadoras» y reiteró a sus colegas que «tenemos que ser más amplios y formar ejes fuertes».

El comisario europeo de Inmigración, Magnus Brunner, subrayó por su parte que las deportaciones a terceros países son un asunto de cada uno de los Estados miembros, pero que la Comisión quiere crear el marco legal para ello, un nuevo Reglamento Europeo sobre Retorno para reemplazar la directiva de 2008 y establecer normas comunes más modernas para las devoluciones. El objetivo es poner «la inmigración sobre la mesa cuando se trata de otros temas», señaló, como por ejemplo los acuerdos comerciales o la cooperación al desarrollo, en lo que denominó «diplomacia migratoria». Si esta práctica se introduce como rutinaria en la UE y se externaliza sistemáticamente esta parte de la política migratoria, Europa se estará alejando del sistema internacional de asilo.

El pasado mes de marzo, Bruselas presentó un reglamento que permite acuerdos con terceros países para instalar estos centros, de los que quedan excluidos menores no acompañados y familias y que deberían ser negociados con Libia, Túnez, Egipto, Marruecos, India y Bangladesh. Italia ha firmado un acuerdo piloto con Albania por el precio de 670 millones de euros para cinco años. «Este es el camino», reconoció Brunner, «tenemos que volvernos más robustos y más duros».