Los informes policiales facilitan la imputación de 21 exjefes de ETA

La asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ) ha presentado durante los últimos años siete querellas contra una veintena de dirigentes etarras cuando se cometieron distintos atentados. Todas ellas han sido admitidas a trámite por la Audiencia Nacional. Y parece que la estrategia no sólo ha empezado a dar sus frutos, sino que los seguirá dando durante los próximos meses. De momento, los magistrados que instruyen estas causas ya han imputado a 7 de los 21 exdirigentes etarras acusados en esas querellas.

Para ello han sido fundamentales los informes de las Fuerzas de Seguridad. El primero fue el de la Guardia Civil por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco (1997), que llevó al magistrado García Castellón a imputar a Mikel Albisu, alias 'Mikel Antza', y a la que fuera su pareja, Soledad Iparraguirre ('Anboto'), además de José Javier Arizcuren ('Kantauri'). Los dos primeros se negaron a declarar cuando comparecieron ante el juez instructor el pasado día 21.

Este jueves se conocía que el mismo magistrado también ha imputado a Mikel Antza, Anboto y otros cuatro exjefes de ETA por el atentado de Santa Pola (Alicante) el 4 de agosto de 2002, donde murieron un adulto y una niña de seis años. El resto son Juan Antonio Olarra Guridi y Ainhoa Múgica Goñi –que también eran pareja–, Félix Ignacio Esparza y Ramón Sagarzazu.

Estas nuevas imputaciones se apoyan en sendos informes de la Guardia Civil y la Policía, a los que ha tenido acceso ABC. Ambos son muy recientes, de los pasados días 20 y 28 de este mes, respectivamente. Y las fechas no son baladíes, ya que el próximo jueves se cumplen 20 años de ese atentado en Santa Pola.

Ese es el plazo tras el que prescriben los crímenes de este tipo, si bien el contador ya se había parado desde que la querella de DyJ fue admitida a trámite, según la jurisprudencia al respecto del Tribunal Supremo. No obstante, la Guardia Civil y la Policía han presentado al juez sus informes y éste ha imputado a los acusados justo antes de ese plazo.

Prueba de ello es que el informe de la Benemérita no es el definitivo, sino preliminar, y el de la Policía es un avance centrado en Sagarzazu, que era el acusado sobre el que menos información había y que no aparece en el documento de la Guardia Civil.

En cualquier caso, ambos informes, como ya hizo el de Miguel Ángel Blanco, coinciden en que la cúpula de ETA era la que «coordinaba todas las acciones terroristas» y que eran sus miembros, entre ellos los ahora imputados, los que «tomaban las decisiones generales sobre el tipo de atentados que llevar a cabo y sus objetivos, medios materiales y humanos». Por ejemplo, las «campañas de verano» con cadenas de atentados en zonas turísticas de España para aprovechar la presencia masiva de visitantes extranjeros y llamar así la atención a escala internacional.

La Policía explica que los dirigentes de la banda eran el «núcleo decisorio donde ETA ideó, planificó y coordinó» la campaña estival en la que perpetró el atentado de Santa Pola. También que fue esa cúpula la que «eligió al comando encargado de llevarla a cabo». Y así lo apuntala la Guardia Civil añadiendo que «cada miembro de un comando obedecía las órdenes porque sabía que detrás de esa orden estaba la 'Dirección'de ETA».

Además, ambos informes citan numerosas pruebas para acreditar el papel y la responsabilidad de cada uno de los acusados como dirigentes de la banda: declaraciones de otros etarras, resoluciones y sentencias de distintos tribunales españoles y franceses, informes de inteligencia anteriores y documentos de la propia ETA incautados en España y Francia.

Pero, además de los asesinatos de Miguel Ángel Blanco y Santa Pola, quedan cinco casos más a la espera de los respectivos informes de las Fuerzas de Seguridad. Fuentes jurídicas consultadas por ABC prevén que estén listos tras el verano, entre septiembre y octubre, lo que podría aumentar el número de exjefes de ETA imputados por la Audiencia Nacional.

En esos informes la Guardia Civil y la Policía Nacional repetirán los mismos argumentos que llevan manteniendo desde hace años sobre la responsabilidad clave de los jefes de la banda en los atentados que cometía ETA bajo su mandato. Pero, según cada caso y cada acusado, habrá que ver si toda esa información sirve para que la Audiencia Nacional dé el siguiente paso de imputarlos, como ya ha hecho con los siete primeros.

Algunos, como Mikel Antza y Anboto, ya están imputados por partida doble. De hecho, ambos son los que más veces aparecen entre los acusados de estas siete querellas de Dignidad y Justicia: Mikel Antza en hasta cinco y Anboto en cuatro. Él se encuentra en libertad desde 2019 tras cumplir condena en Francia y ella está en prisión en España con un rosario de penas y asesinatos a sus espaldas.

Entre los otros 14 acusados en las querellas de DyJ que ya ha admitido la Audiencia Nacional figuran históricos dirigentes de ETA como Josu Ternera, Ata, Txapote, Txeroki o Gadafi. La asociación de víctimas que preside Daniel Portero les acusa por su responsabilidad o autoría mediata por dominio en los mencionados atentados de Miguel Ángel Blanco y Santa Pola y otros cinco más: los de la Terminal 4 de Barajas y el magistrado José Francisco Querol en Madrid, contra tres policías en Sangüesa (Navarra) y el cuartel de la Ertzaintza en Ondarroa (Vizcaya) y por el asesinato del líder del PP en Guipúzcoa Gregorio Ordóñez. Salvo los de Blanco (1997) y Ordóñez (1995), el resto fueron cometidos durante las dos últimas décadas.