Los indicios en el Tribunal Supremo respaldan la versión de Aldama y cercan a Ábalos

La semana pasada fue negra para él. Las últimas diligencias practicadas en la causa aportan sentido y credibilidad a la versión inculpatoria del empresario Víctor de Aldama, quien relató en el Alto Tribunal una lista de pagos directos o indirectos al exministro y su mano derecha, su asesor en Transportes Koldo García, a cambio de mantener una situación de trato de favor por parte del Gobierno para las empresas a las que representaba en adjudicaciones de contratos.

El miércoles, dos testigos confirmaron las sospechas de la Guardia Civil y relataron que, entre noviembre de 2020 y enero de 2021, entregaron a Joseba García, hermano de Koldo, 20.000 euros en efectivo en República Dominicana por orden de Aldama.

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Se trata de Aránzazu Granell, empleada de Pronolab, empresa de laboratorios de test de Covid al que estaba vinculado Aldama, y Javier Serrano, dueño de dichos laboratorios con quien el comisionista tenía otros negocios y con el que se intercambió mensajes de Whatsapp en los que se denominaban a ellos mismos 'los mosqueteros'.

Granell confirmó las sospechas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de que transportó 10.000 euros en efectivo en dos ocasiones para entregárselos a Joseba García y Serrano y que él se lo encargó porque, a su vez, así se lo indicó Aldama.

Los agentes, en uno de los informes entregados al magistrado Puente, recogieron los viajes de Joseba García a Punta Cana (R. Dominicana) y los mensajes que él mismo intercambió con su hermano, el asesor de Ábalos, sobre 'el cambio' de un dinero recibido, considerando que había ido hasta allí para recoger mordidas que podían tener como destinatario al propio Koldo García.

Joseba García -que está investigado en la causa de la Audiencia Nacional que dio pie a la del Tribunal Supremo contra Ábalos como aforado- defendió durante su declaración como testigo ante el juez del Alto Tribunal que sus viajes al país caribeño fueron por placer, pero los dos testigos coincidieron en que se llevó el dinero de allí.

La misma tarde de las citadas testificales, llegó a manos del instructor toda la información tributaria del exministro Ábalos desde 2014, el año desde el que ha decidido investigar al político para ver si su patrimonio se elevó después de conocer a Aldama. Más de 1.000 folios en los que figura la adquisición de propiedades en España o el extranjero a su nombre, el de sus familiares o el de Fiadelso, la fundación de cooperación internacional que está en el foco de los investigadores. El magistrado reconoció como propio el error de la Guardia Civil que cifró en 2,1 millones de euros un terreno en Colombia adquirido por el exministro en 2003 y vendido en 2013 que en realidad no costaba ni 1.000 euros porque se adquirió en pesos colombianos. Pero restó importancia a la equivocación y confirmó los indicios contra Ábalos, así como dio credibilidad a las afirmaciones de Aldama.

El jueves, el horizonte del diputado del Congreso, ahora del Grupo Mixto, se complicó un poco más: un informe pericial caligráfico concluyó que Koldo García es el autor de las anotaciones realizadas al margen de un listado de preadjudicaciones de tramos de carretera presentados por Aldama como prueba de las mordidas que se llevaron Ábalos y su mano derecha por acordar favorecer a determinadas empresas a las que él representaba.

Entre dichas anotaciones figuraban los nombres de Levantina y Murias, dos compañías por las que, según testificó también la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, se interesaron tanto Ábalos como Koldo en relación a cómo iban los pagos a ambas por sus trabajos.

El viernes, la documentación entregada al juez por Tragsatec -la filial de la empresa pública Tragsa donde Jessica Rodríguez, pareja extramatrimonial de Ábalos, fue enchufada en 2021, igual que en Ineco, del Ministerio de Transportes, en 2019- le puso en mayores apuros.

Entre ésta, figura un currículum aportado por la joven en febrero de 2021 para entrar en Tragsatec -a donde nunca asistió a pesar de cobrar 1.000 euros mensuales- en el que situaba su domicilio en el piso de la céntrica Plaza de España de Madrid que Aldama afirmó haber costeado como una mordida más a Ábalos a través de su socio, Alberto Escolano.