La Guardia Civil atribuye a Santos Cerdán gestionar pagos de comisiones ilegales de 620.000 euros por obra pública con Koldo y Ábalos

Así se desprende al menos del informe entregado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al Tribunal Supremo. Basándose en la escucha de grabaciones de conversaciones incautadas a Koldo García, los agentes consideran que Santos Cerdán habría discutido con ambos los «adeudos» de las empresas implicadas, ocupándose incluso de «gestionar esos pagos», se puede leer en el informe al que ha tenido acceso ABC.

«Koldo mantiene un hilo conductor en todas las grabaciones realizadas, siendo éste la persecución del pago de presuntas contraprestaciones económicas adeudadas tras la adjudicación de obra pública, principalmente a Acciona SA, especialmente a través de su filial Acciona Construcción», relatan.

«En este sentido, y de manera general, se observa a través de los diferentes audios cómo Koldo realiza junto a Ábalos una recapitulación de las cantidades económicas que se les debe a ambos, uniendo estas cuantías a adjudicaciones concretas que han podido ser identificadas. Posteriormente, Koldo se dirige a Santos con quien discute, nuevamente, sobre los adeudos concretos, pareciendo ser el propio Santos la persona encargada de gestionar esos presuntos pagos», se lee en el citado informe.

La Guardia Civil cifra en hasta 620.000 euros esos pagos ilegales: «Las contraprestaciones económicas dimanantes presuntamente de Acciona, percibidas por Ábalos y Koldo, y gestionadas por Santos, ascenderían a 620.000 euros, si bien a criterio de Koldo aún quedarían 450.000 euros pendientes de abono».

Así, según el informe, «550.000 euros estarían asociados a dos adjudicaciones de Acciona en Murcia«, una el proyecto de construcción del soterramiento de la red arterial ferroviaria de la ciudad, por casi 159 millones de euros y otra, el proyecto de construcción de la plataforma del corredor mediterráneo de alta velocidad Murcia-Almería, tramo Pulpí-Vera, por importe de algo más de 121 millones de euros. Los otros 70.000 euros estarían vinculados »al bajo de un inmueble que no han sido asociados por Koldo a ningún expediente concreto«, según los agentes.

En cuanto a los otros 450.000 que estarían pendientes de pago, la Guardia Civil las vincula a otras tres adjudicaciones de Acciona en Logroño, Sevilla y Sant Feliú de Llobregat.

La primera se trataría de la licitación del tramo Arrúbal-Navarrete en la A-68; la segunda, del proyecto de construcción de tirantes del Puente del Centenario situado entre el punto kilométrico 10.000 y el punto kilométrico 12.000 de la autovía SE-30 y, la última, la integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), por un importe inicial de 51,7 millones de euros, ampliándose hasta los 62.

En el archivo, de casi 500 páginas, los agentes trazan una línea temporal basándose en hasta ocho grabaciones incautadas al asesor de Ábalos y poniéndolo en relación con determinadas adjudicaciones de obra pública. Explican que desde 2018 y hasta 2023, Koldo García mantuvo conversaciones con Ábalos y Cerdán en las que se ponían al día sobre determinados cobros derivados de adjudicaciones de obra. «Koldo indica que se han pagado 500.000 euros más 70.000 euros vinculados a la Bajera», dice una anotación de la UCO.

En otra se puede leer que Cerdán recrimina en una grabación de 2021 a Koldo García que haya aceptado dinero para adjudicar obra pública de empresas pequeñas.

La documentación aportada por la Guardia Civil es la recabada a petición del instructor de la causa contra el exministro de Transportes y ahora diputado José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario y comisionista Víctor de Aldama, quien negoció los contratos de 53 millones de euros concedidos por el Gobierno a Soluciones de Gestión para traer material sanitario a España durante la pandemia. Las presuntas comisiones ilegales cobradas por estos contratos constituyeron la primera línea de investigación abierta en la causa que acaba de adquirir una mayor dimensión con la aparición de Santos Cerdán en otros supuestos amaños de obra pública.

Precisamente la última línea de investigación que ahora aborda el Alto Tribunal en la causa por organización criminal, malversación, cohecho y tráfico de influencias se abrió a raíz de unas revelaciones de Aldama, quien está colaborando con la Fiscalía, sobre adjudicaciones de obra pública de la Dirección General de Carreteras.

Además de describir un supuesto sistema corrupto por el que Ábalos y Koldo García se habrían llevado comisiones de entre un 1 y un 1,5% por distinstas adjudicaciones a empresas a las que él habría acercado al Ministerio, entregó diversa documentación y mencionó a Santos Cerdán, afirmando que había un «cupo» vasco por el que él no podía entrar en el País Vasco y Navarra puesto que era ámbito de actuación del número tres del PSOE. Aldama también sostuvo en el Tribunal Supremo que entregó a Koldo García un sobre con 15.000 euros para Santos Cerdán y que él mismo vio cómo lo recogía el secretario de Organización del PSOE.

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A raíz de las revelaciones de Aldama -que en el resto de aspectos de la causa contra Ábalos, como los relativos al pago de un piso de lujo para su expareja o la contratación tanto de Jessica Rodríguez como de otra mujer relacionada con el político y su asesor, Claudia Montes, en las empresas públicas Ineco, Tragsa y Logirail se han ido constatando por parte de los investigadores- el instructor del Tribunal Supremo ordenó anteayer una serie de registros. Se produjeron tanto en el domicilio de Ábalos en Valencia como en un local comercial a su nombre, así como en empresas de distintos puntos de España que estarían relacionadas con las citadas adjudicaciones de obra.

En la operación practicada esta semana, los agentes buscan indicios de las supuestas irregularidades en las adjudicaciones a cambio de comisiones ilegales. Durante el registro en el domicilio de Ábalos, la Guardia Civil se llevó memorias y discos duros externos, según fuentes cercanas al exministro, así como su móvil ya está clonado, según las citadas fuentes.