Anticorrupción ya ve materia para que el juez procese a Ábalos

El pago de un alquiler vacacional en La Alcaidesa (Cádiz) a través de la sociedad Have Got Time ligada a Claudio Rivas, socio de Aldama en el negocio de los hidrocarburos; el alquiler mensual de 2.700 euros de un lujoso piso en la madrileña Plaza de España para la expareja del político Jésica Rodríguez, del que se ocupó Luis Alberto Escolano, socio y hombre de confianza del empresario investigado; o los pagos periódicos de 10.000 euros al mes para Koldo García, asesor del político en el Ministerio de Transportes, son los indicios que más pesan contra el ex número tres del PSOE hasta julio de 2021. Pero no son los únicos.

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Isabel Vega

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El instructor ha abierto líneas de investigación paralelas a la principal de las supuestas comisiones ilegales por los contratos de la pandemia -que comenzaron en Transportes con Puertos del Estado pero se ampliaron a las comunidades de Baleares y Canarias y al Ministerio del Interior supuestamente gracias a la relación de Ábalos con Aldama- a raíz de las declaraciones de testigos a los que llamó por las alusiones del empresario. Estas fuentes señalan que valoran las confesiones de Aldama y avanzan que podrían jugar a su favor como atenuante en el juicio.

Por las citaciones a raíz de sus afirmaciones se conoció, por ejemplo, la contratación tanto de Jésica Rodríguez como de una segunda mujer vinculada a Ábalos y Koldo García, la Miss Asturias 2017 Claudia Montes, en las empresas públicas Ineco, Tragsa y LogiRail (dependientes de Transportes, Agricultura y Renfe, respectivamente).

En su declaración como testigo y para sorpresa de todas las partes personadas, Jésica Rodríguez afirmó que obtuvo los trabajos que le reportaron un sueldo de algo más de 1.00 euros durante dos años por la intermediación del exministro, su hombre de confianza y el hermano de éste pero que no fue ni un sólo día a trabajar. Las irregularidades en su contratación han arrastrado a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, a figurar como investigada en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra Aldama, Koldo García y el resto de implicados por los mismos hechos que Ábalos pero que no están aforados.

La única vía abierta por Aldama que los investigadores no tienen aún atada es la del supuesto amaño de la Dirección General de Carreteras por parte de Ábalos, Koldo García y Aldama para que adjudicatarias les pagaran comisiones ilegales de entre un 1 y 1,5%.

Aldama presentó un listado de licitaciones que, según su versión, se habrían trucado y una pericial caligráfica ordenada por el juez instructor demostró que unas anotaciones al margen eran del asesor del exministro.

En este contexto, el comisionista investigado sacó a relucir en su declaración voluntaria en la Audiencia Nacional y posteriormente en el Tribunal Supremo el nombre del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a quien afirmó que había entregado -a través de Koldo García- un sobre con 15.000 euros enfrente de la sede de Ferraz. Sostuvo que el político llevaba «el cupo en el País Vasco», como si tuviera que darle ese dinero para evitar un choque con él porque una constructora se llevase una de las adjudicaciones de obra de carretera. La Unidad Central Operativa (UCO) dela Guardia Civil entregará en los próximos días al juez un informe en el que se espera acote si encuentra algún indicio de la participación en la trama del 'número 3' del PSOE. Del contenido de ese informe inminente depende que la causa tome otro vuelo.