Vox, entre el goteo de salidas y el «aquí no pasa nada»

Andalucía fue la primera comunidad donde Vox irrumpió en las instituciones, pero el foco que supuso el éxito pasó factura al partido. El primero en abandonar el barco fue Francisco Serrano, más conocido como el juez Serrano. El que fuera candidato de Vox en Andalucía cuando la formación era un grupúsculo marginal llegó en 2018 a conseguir 12 escaños. La sorpresa fue mayúscula. En ese contexto, saltó el escándalo: el juez Serrano era acusado de un presunto fraude con una subvención pública de 2,5 millones de euros. Él lo negó y acusó a sus socios de negocios. La juez desmontó su coartada.

Mientras, unos polémicos mensajes en los que el político cuestionaba la condena a 'La Manada', que abusó de una chica en Pamplona, acabaron de darle la puntilla. Serrano, que aún espera juicio por el presunto delito de quedarse con dinero público, dimitió y abandonó Vox, pero no el Parlamento andaluz.

Curiosamente, en el Grupo Mixto se encontró con una excompañera de filas, Luz Belinda Rodríguez. Esta había abandonado Vox porque el partido, pensaba, estaba muy a la izquierda de lo que ella quería. Tanto que, ya fuera de Vox, se afilió a Falange.

Ya en esta legislatura, la candidatura de Macarena Olona y su errática campaña desataron tensiones internas que terminaron con ella fuera de la formación por razones médicas y, tras un intento fallido de volver, a las puertas de emprender su propio proyecto político.

La cuarta dimisión en Andalucía fue María José Piñero, presidenta provincial de Sevilla, con críticas por el centralismo de la formación. También rompieron el carnet en la localidad almeriense de Vícar Rafael Jesús Ruda García y, dos meses después, el portavoz del ayuntamiento, Alfonso Santiago.

En las últimas elecciones gallegas la cuarta mayoría absoluta del PP de Alberto Núñez Feijóo dejó a Vox sin opciones de colarse, por primera vez, en el hemiciclo autonómico, pese a que la formación de Abascal vivía entonces horas felices en buena parte del territorio español. El martes, más de dos años después de aquel fracasado intento, Ricardo Morado, candidato de Vox en esos comicios, decidió abandonar la formación entre críticas a la dirección del partido por su gestión y al sentir que no cuenta con su apoyo.

Después de explicárselo al nuevo secretario general de Vox, Ignacio Garriga, a quien dejó claro, según relató a este diario, que su corazón «sigue siendo verde» –en alusión al color corporativo del partido–, Morado se decantó por las redes sociales para anunciar una decisión que hacía tiempo que tenía «muy meditada». De forma un tanto enigmática, quien había liderado el partido en La Coruña aseguraba que su decisión no sorprendería «a aquellos que saben qué es lo que ha pasado en los dos últimos años».

Preguntado por ABC sobre qué es eso que ha pasado en la comunidad en este periodo, Morado lo resumió con una palabra clara y contundente: «Nada». Y lo desarrolla: «En Galicia no ha sucedido nada con respecto al partido en los últimos años».

Quitando el revuelo interno generado por el desafío de Olona a Abascal y el relevo en la Secretaría General, la rebelión de los díscolos en la Asamblea de Murcia es el mayor pulso lanzado contra la dirección nacional. Vox, directamente, no reconoce como representantes de su partido a los integrantes del Grupo Vox, tránsfugas que, junto a los de Ciudadanos, fueron decisivos para tumbar la moción de censura de PSOE y Cs contra el popular Fernando López Miras.

Pascual Salvador, único diputado autonómico leal a Abascal, se pasó por sorpresa al Grupo Mixto a principios de mes, pero desde Madrid lo siguen señalando como la única voz autorizada de Vox en la Región de Murcia. Así lo dejó claro Garriga en su primera rueda de prensa como secretario general. Curiosamente, pese a este lío que el partido arrastra desde hace años, en la Región de Murcia las expectativas electorales son altas para Vox.

La salida por sorpresa de Vox de una diputada autonómica por Castellón, en agosto de 2021, dejó al grupo parlamentario en las Cortes Valencianas sin uno de los diez escaños que consiguieron en las últimas elecciones autonómicas, las primeras en las que obtuvieron representación. Rebeca Serna no renunció al acta y pasó al grupo de no adscritos con otros cinco tránsfugas de Ciudadanos.

Desde el partido derechista negaron cualquier tipo de problema y se limitaron a definir lo ocurrido como una «decisión personal». Pero, en una demoledora carta dirigida a la militancia, Serna denunció la «pérdida de confianza», el «ninguneo» y las «críticas» a sus espaldas de sus ya excompañeros durante dos años «muy difíciles».

«No se actuaba con claridad y transparencia, de manera abierta, sino muchas veces con engaños y ocultaciones. Se hacían reuniones a escondidas, se contaba con unas personas y con otras no sin saber muy bien por qué», rezaba el escrito. De hecho, en un encuentro con simpatizantes al que no fue invitada, siempre según su testimonio, «se dijeron, presuntamente, cosas insultantes» sobre ella. La puntilla llegó con la edición de un vídeo con los mejores momentos de Vox en las Cortes Valencianas. En él aparecían intervenciones de todos los diputados, excepto las de Serna.

«Como todo partido que crece deprisa, y la experiencia de Ciudadanos es similar aunque no tan acusada, se nota la falta de profesionalización». El análisis es de un ex militante de Vox en Cataluña desencantado con la deriva de un partido que, afirma, «se le ha ido de las manos» a la dirección. A diferencia del resto de España, y con excepción de su grupo en el Parlamento catalán (once diputados), la presencia institucional de la formación en Cataluña es casi testimonial, con apenas unos pocos concejales en Salt, Ripoll y Manlleu, localidades con amplia presencia de inmigrantes. A falta de cargos públicos, las tensiones internas se han vivido de puertas adentro.

El principal foco de tensión se vivió con la integración en Vox de miembros de la extinta Plataforma per Cataluña, cuyos postulados xenófobos incomodaron a militantes del partido liderado por Garriga en Cataluña. El caso más mediático fue el del entonces líder de Vox en Terrassa, la ciudad, aparte de Barcelona, con mayor presencia de la formación. Jesús Rodríguez Pachón fue destituido en abril del pasado año, culminando un agrio enfrentamiento con la cúpula del partido que implicó incluso una demanda por la disolución del comité ejecutivo provincial de Barcelona, lo que llevó a declarar en un juicio a la cúpula de la formación. El enfrentamiento abierto llevó a otras dimisiones de dirigentes y cargos locales de Vox en el Área Metropolitana de Barcelona.

La tensión en el partido por la incorporación de miembros de Plataforma per Cataluña explica también la salida de otro dirigente, Fernando Moya, que recientemente denunció la implicación de la formación en el asalto a un centro de menores en El Masnou (Barcelona).

En septiembre de 2019, solo tres meses después de las elecciones municipales, estalló la crisis total en Vox Toledo. De forma sorpresiva, su portavoz municipal y cabeza de lista de la formación, Alberto Romero, anunciaba su marcha del ayuntamiento y del partido. Al día siguiente lo hizo su único compañero en la bancada verde, Luis Miguel Núñez, que dejó la formación, pero sin renunciar al acta de concejal, por lo que desde aquella fecha es concejal no adscrito y suele votar en sintonía con el PSOE, que gobierna el ayuntamiento desde hace siete años y medio.

Entre las razones de su decisión, Núñez alegó los cambios a nivel organizativo en Vox Toledo y que su compromiso con la ciudad y los ciudadanos le llevaban a no abandonar el ayuntamiento. Su renuncia provocó un durísimo comunicado de la dirección nacional de Vox, en el que le acusaban de tener un «comportamiento que muestra una ambición política que antepone sus intereses personales al servicio que debe a los ciudadanos de la capital de Castilla-La Mancha». Además, el partido anunció que le abriría un expediente de expulsión.

En cuanto al cabeza de lista, Alberto Romero, que dimitió un día antes que Núñez, lo hizo por «falta de sintonía con los dirigentes de Vox», según dijo, aunque no ahondó en el argumento. Este conocido artista toledano, ligado desde su juventud al PP, tenía condición de liberado con sueldo, pero las divergencias surgidas con su propio partido sobre su escaso margen de maniobra en la acción política le llevaron a adoptar esta decisión.

En el resto de Castilla-La Mancha, Vox no ha tenido episodios similares a lo ocurrido en el Ayuntamiento de Toledo, tan solo concejales de algunos municipios como Val de Santo Domingo o Méntrida, en esta provincia, que decidieron abandonar el partido para pasarse a formaciones como Túpatria y mantener su acta de concejal.

En Baleares, las divergencias entre Jorge Campos, presidente de la formación en las islas, y Fulgencio Coll, portavoz en el Ayuntamiento de Palma y aspirante a la Alcaldía de la capital balear, se plasmaron el pasado verano en un cruce de comunicados anónimos donde ambos bandos se acusaban de hacer una guerra sucia o de anteponer sus egos. El conflicto personal entre ambos líderes ha dejado una herida abierta que obligó a la dirección nacional a intervenir para pedirles un pacto de no agresión, al menos hasta que se conozcan las candidaturas para las próximas elecciones autonómicas.

Los afines a Coll acusan a Campos de «acoso y derribo» para evitar que el general se presente como candidato a la Alcaldía. El propio Coll dijo públicamente que no contaba con el respaldo de la cúpula regional. Por su parte, los simpatizantes de Campos acusan a Coll de «anteponer sus egos al interés común de los ciudadanos de bien» e instalarse en la «trinchera de la mentira».

Navarra es, junto con Galicia, una de las dos únicas comunidades donde Vox todavía no tiene cargos públicos. Sin embargo, aun sin representación política, la formación no ha estado exenta de polémicas entre sus militantes. José Miguel Gurrea, un mediático ginecólogo navarro, fue uno de los primeros rostros conocidos que apoyó al partido de Abascal en la Comunidad Foral. También se afilió su mujer, Paloma Zorrilla, abogada y colaboradora habitual en numerosas televisiones. Explicaron que la «valentía» del partido en temas como la inmigración había sido decisiva para dar el paso.

Sin embargo, no duraron ni un mes como afiliados. La formación les abrió un expediente disciplinario porque Gurrea practicaba abortos en su clínica privada. El ginecólogo explicó que él, como Vox, apoyaba que las interrupciones del embarazo no las sufragara la sanidad pública, pero que el partido nunca habló de derogar la ley. El expediente también incluyó a Zorrilla, a pesar de que públicamente se había manifestado en contra del aborto, por el mero hecho de ser su mujer. Gurrea llegó a tachar a la dirección de la gestora de «integristas clericales» y ambos decidieron darse de baja en febrero de 2019.

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Información elaborada por: Manuel Moguer, Jesús Hierro, Toni Jiménez, Álex Gubern, María José Muñoz, Mayte Amorós y Miriam Villamediana.