El Gobierno pasa a la ofensiva contra el juez del caso Begoña

Precisamente, el pasado mes de abril y en plena Semana Santa el magistrado que investiga por hasta cinco delitos -entre ellos tráfico de influencias, corrupción en los negocios y malversación- a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tomó declaración en calidad de testigo al ministro y, tras ese episodio que tuvo lugar en el despacho de Bolaños en el Palacio de La Moncloa, intentó sin éxito que el Tribunal Supremo le investigara por falso testimonio y malversación.

Las diligencias de información contra Peinado, paso previo para ver si hay materia suficiente para abrir un expediente disciplinario al juez, trascendieron después de que el magistrado dijera en el auto por el imputaba por malversación a Begoña Gómez el pasado 18 de agosto que había recibido una comunicación del Promotor de la Acción Disciplinaria.

Por medio de esa comunicación, decía en su resolución, supo que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo había decidido rechazar la petición, vía exposición razonada, que él mismo había elevado con la intención de que se investigara a Bolaños. Cabe recordar que Peinado consideraba que se le debían imputar al ministro los delitos de falso testimonio y malversación.

«Según ha tenido conocimiento, este instructor, a través de una comunicación recibida en el ámbito de unas diligencias informativas, por parte del Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General Del Poder Judicial, la Sala II del Tribunal Supremo ha dictado auto de fecha 15 de julio, por el que resuelve archivar dicha exposición razonada (de este auto, no se tiene conocimiento todavía en la sede de este Juzgado, al no haberse recibido copia del mismo)», apuntaba Peinado.

Después de que se conocieran esas diligencias del CGPJ contra Peinado, fuentes del Ministerio de Justicia han confirmado que Bolaños presentó contra el magistrado dos denuncias, una el 4 de junio -mes y medio después de que se produjera el interrogatorio en La Moncloa-, y otra el 29 de julio ante el CGPJ «para informar sobre las irregularidades cometidas por Peinado en relación con su declaración como testigo y la posterior exposición razonada elevada al Tribunal Supremo».

Añadían que la voluntad del ministro había sido no hacer público ninguno de estos dos escritos, «toda vez que su finalidad es que esas denuncias puedan servir para evitar que continúen comportamientos y actuaciones que dañan la reputación y el buen nombre de la Justicia, cuyo garante es el CGPJ».

Explicaban, no obstante, que si esas denuncias han acabado en conocimiento de la opinión pública es «consecuencia de la revelación que realiza el propio Peinado, en su auto del 18 de agosto, donde menciona en su antecedente de hecho cuarto que el CGPJ le ha abierto unas diligencias informativas».

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Por su parte, fuentes del órgano de gobierno de los jueces indican que efectivamente entró una queja del ministro de Justicia contra el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid y que, por ello, se ha incoado una diligencia informativa por parte del Promotor de la Acción Disciplinaria para estudiarla.

En su exposición razonada contra Bolaños, el instructor consideraba que el ministro pudo «participar» siendo secretario general de la Presidencia en el nombramiento de Cristina Álvarez -asesora de Begoña Gómez- y controlar su labor y gastos.

Precisamente una de las vías de investigación abiertas por Peinado gira en torno a si esa asesora pudo realizar tareas para la esposa del presidente de ámbito privado y excediendo así las funciones asignadas conforme a su cargo en el Palacio de La Moncloa.

Este mismo lunes, Peinado acordó imputar por malversación tanto a Begoña Gómez como a Cristina Álvarez en esa pieza en la que declaró Bolaños y en la que también consta como investigado ya el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ante la sospecha de que él hubiera sido el encargado de contratarla.

En esa exposición ante el Alto Tribunal, Peinado acusaba directamente al ministro Bolaños de haber «omitido con reticencias maliciosas las correctas contestaciones que respondieran a una verdad que conocía cuando se le preguntó como testigo y bajo juramento». El ministro, en ese interrogatorio del 16 de abril, defendió que la contratación de Álvarez fue «conforme a la ley» y que «no fue jefe» de la asesora de Gómez «ni participó en su nombramiento». Sin embargo, cuando trascendieron los vídeos de aquella declaración se pudo constatar la tensión que hubo entre instructor y ministro.