El Gobierno se escudó en multitud de ocasiones en la UCO ante los reveses del caso Begoña

Aquel famoso informe de mayo del año pasado desvinculaba a Gómez de la empresa Globalia y apuntaba que «el único elemento que, por el momento, la vincularía objetivamente» con la empresa es «el hecho de que coincidiera con Javier Hidalgo en dos eventos». A esta última coletilla se han agarrado en Moncloa y en Ferraz durante meses para justificar la inocencia de Gómez, deshaciéndose en halagos hacia el órgano central del servicio de Policía Judicial de la Guardia Civil.

Lo hizo el ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien ha incluido al juez instructor de la causa Juan Carlos Peinado en numerosas ocasiones dentro de la retórica del 'lawfare', la supuesta «investigación prospectiva» y la «guerra judicial». Críticas que hizo extensibles a los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid, cuando avalaron parcialmente la investigación a Gómez. «La Audiencia Provincial no tiene en cuenta el informe de la UCO, que es el que desmiente y el que desmonta una por una todas las falacias que dieron lugar a la denuncia falsa del sindicato ultraderechista Manos Limpias», declaró el ministro. Una denuncia, añadía, elaborada «con recortes de prensa».

La siguió la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el pasado 8 de octubre cuando aseguró que el juez Peinado «pedaleaba en la nada», ya que la Audiencia Provincial de Madrid, esta vez exenta de crítica, validó los informes realizados por la UCO que desvinculaban a Gómez de Globalia y por ende, del rescate público a la aerolínea Air Europa.

«No hay nada, no hay nada», repitió una y otra vez la portavoz del Partido Socialista, Esther Peña, desde la sede de la formación en la madrileña calle de Ferraz tras la declaración de Juan Carlos Barrabés. El empresario -a quien se le achaca haber obtenido un trato de favor en la adjudicación de contratos públicos por la relación personal que mantiene con la mujer de Pedro Sánchez- testificó en sede judicial que había mantenido reuniones con el presidente y su esposa en el Palacio de la Moncloa. Y una vez más, la portavoz escurrió el bulto remitiéndose al famoso informe exculpatorio de la UCO.

Lo que en Moncloa no pudieron prever es que esa retórica les explotaría en la cara una y otra vez durante meses de un sin fin de informaciones elaboradas por la UCO que: avalan la investigación al exministro de Transportes José Luis Ábalos y le conceden «un papel relevante» en la trama del caso Koldo, se refieren a Victor de Aldama como «el nexo corruptor» de dicha trama, atribuyen al fiscal general del Estado un «papel preeminente» en la filtración de la información privada del novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y señalaron que el puesto público 'ad hoc' en la Diputación de Badajoz que ostentaba el hermano de Sánchez se creó en tres días.