El PNV pidió al Gobierno que ocultara los informes previos en contra de ceder el palacete

El movimiento se produjo a raíz de una solicitud de información cursada en enero por un abogado a través del Portal de la Transparencia a la que ha tenido acceso ABC y que consta de diez puntos que incluyen desde el expediente administrativo completo a los anteriores que acabaron en rechazo, pasando por la justificación documental de la adjudicación o las copias de las sentencias francesas que avalaron en el pasado que las propiedad del inmueble era del Estado español.

La Dirección General del Patrimonio del Estado (dependiente del ministerio que encabeza María Jesús Montero) recibió la petición y decidió abrir un trámite de alegaciones para el PNV al entender que podrían verse afectados sus derechos e intereses. Este procedimiento lo permite la Ley de Transparencia. El día que acababa el plazo, el 14 de mayo, el partido vasco remitió «alegaciones manifestando oposición a la concesión del acceso a la información solicitada», según la respuesta firmada por el director general de Patrimonio del Estado, Juan Tejedor Carnero. Fuentes del PNV explican a este periódico que su rechazo se debió a considerar que la información y documentación que se solicitaba era «abusiva».

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De los diez puntos contenidos en la solicitud de información, Hacienda analizó los tres de su competencia admitiendo la negativa del PNV para el más importante: «los expedientes administrativos anteriores en donde dicha cesión fue rechazada». Tejedor Carnero asumió la tesis vasca de que se trata de una petición «cualitativamente abusiva y no justificada con la finalidad de la ley» porque «pudiera afectar o poner en riesgo derechos de terceros», los del partido vasco.

El director general del Patrimonio del Estado reconoció que «el concepto de solicitud de información abusiva constituye un concepto jurídico indeterminado» pero defendió que debe resolverse «atendiendo a criterios de sentido común en relación con el contexto en que se sitúa dicho concepto y con la finalidad de la norma».

La decisión es debatible porque, como también reconoce Tejedor en su respuesta, la Ley de la Transparencia no «hace mención alguna sobre la exclusión de solicitudes de acceso por razones de interés privado que las motiven» efectuando una «debida ponderación entre derechos». El director general de Patrimonio del Estado recurre al Convenio del Consejo de Europa para subrayar que se considera como límite al derecho a la información «la protección de otros derechos e intereses legítimos».

A partir de aquí, utiliza el criterio del Consejo de Transparencia respecto a que una solicitud se considera «justificada con la finalidad de la Ley cuando se fundamenta en el interés legítimo de someter a escrutinio la acción de los responsables públicos, conocer cómo toman las decisiones públicas, conocer cómo manejan los fondos públicos, conocer bajo qué criterios actúan las instituciones públicas». Y, a juicio de Tejedor, solicitar los expedientes de rechazo anteriores no estaría justificado a ninguna de esas finalidades.

Hacienda tampoco proporcionó la «justificación documental de la adjudicación directa efectuada» que se le solicitaba en otros de los puntos y, en este caso, no ofreció argumentación alguna.

El autor de la solicitud de información ha recurrido la contestación reclamando al Consejo de Transparencia que obligue a Hacienda a facilitar esos dosieres. Argumenta que su petición entra dentro de la ley porque pretende «hacer un escrutinio público de la cesión del mencionado inmueble que es propiedad del Estado». «El Ministerio de Hacienda lo que pretende es mantener ocultar una información a la que tengo derecho en base a la Ley de Transparencia, simplemente porque su única justificación y motivación es un acuerdo político entre el PNV y el actual Gobierno», añade. «En una sociedad moderna y democrática, no caben este tipo de comportamientos tan ocultos». El Consejo de Transparencia tiene tres meses para resolver.

Hacienda admitió conceder parte de la información de los otros dos puntos de su competencia y con menor trascendencia. Sobre el expediente completo de la desafección del bien, el director general del Patrimonio del Estado aseguró que «no se ha tramitado ningún expediente de desafección» por «resultar la transferencia de propiedad directamente de una norma con rango de ley». Y en cuanto al acceso a «copias de las sentencias francesas que avalaron que la propiedad del inmueble era del Estado español» proporcionó los documentos.