El Gobierno no decreta la emergencia nacional pese «al mayor desastre natural en la historia reciente»

Eso implica que, una semana después de la catástrofe que se ha cobrado ya cerca de 220 víctimas y cientos de desaparecidos, el Gobierno no activa el nivel 3, lo que supone que la gestión de dicha emergencia sigue en manos de las administraciones autonómicas afectadas.

Y todo ello pese a que, como reconoce el propio acuerdo del Consejo de Ministros, España lleva una semana sumida en «el mayor desastre natural en la historia reciente de nuestro país», que es además «la segunda inundación que más víctimas se ha cobrado en Europa en lo que va de siglo». La peor fue hace tres años en el centro de Europa con 230 víctimas mortales repartidas entre Alemania, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, una cifra que ya está apunto de igualarse solo en España y que, por desgracia, todo apunta que será superada.

La dimensión de la catástrofe queda reflejada en dicho acuerdo, que arranca sus 20 páginas recordando los 7.500 militares, 10.000 policías nacionales, 400 vehículos especializados o 30 helicópteros desplegados sobre el terreno, por todo lo cual «está justificada la intervención de la Administración General del Estado», pero sin que ésta asuma el control y gestión de la emergencia.

De momento el Gobierno se limita a declarar esa «zona afectada gravemente» y crear una comisión interministerial, que presidirá el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y de la que formarán parte también los ministros de Presidencia, Interior, Defensa, Hacienda, Trabajo, Transportes, Transición Ecológica y Ciencia. Es decir, nueve en total, casi la mitad del propio Consejo de Ministros.

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Y es que este texto no detalla las cantidades ni el monto de esas ayudas, sino que da cobertura legal para que después cada ministerio implicado las vaya concretando. En ese sentido, el titular de Presidencia, Félix Bolaños, ha anunciado este lunes por la tarde que esas cuantías se materializarán en un segundo decreto, que debería conocerse en el Consejo de Ministros de este martes, el primero que se celebra desde que sobrevino la tragedia hace una semana.

El acuerdo al que ha accedido ABC se limita a establecer las líneas genéricas de esas ayudas para aliviar los «daños personales y materiales» causados por el desastre natural para familias con fallecidos o incapacitados, también para viviendas y enseres como vehículos, así como los gastos ocasionados en ayuntamientos, empresas, fábricas u otros establecimientos.

Por ejemplo, se contempla la exención de impuestos municipales como el de Bienes Inmuebles (IBI), el de Actividades Económicas (IAE) que pagan las empresas que facturan más de un millón de euros o el de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). También las tasas por expedición o renovación del DNI o las de acreditación catastral.

Además, las ayudas por daños personales concedidas en virtud de este acuerdo estarán exentas de tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), a diferencia de lo que ocurre con otras en situaciones menos graves.

Se declara «urgente» la ocupación de los bienes afectados por las expropiaciones de terrenos o inmuebles que sean necesarias para obras de reconstrucción en infraestructuras públicas. Y de urgencia también se tramitarán las inversiones para recuperar infraestructuras municipales y de la red viaria provincial, que tendrán subvenciones estatales de hasta el 50% del coste total.

La valoración y cuantificación de los daños correrá a cargo de la empresa pública Tragsa y las oficinas de Correos se habilitarán como ventanillas únicas de asesoramiento de dichas ayudas o para la entrega de la documentación para tramitarlas.

Además, Mercavalencia y Mercalicante actuarán como centros logísticos para los vehículos pesados que trabajan en las labores de emergencia y reconstrucción y para albergar cocinas de campaña para abastecer a las personas que trabajan en ellas y a los afectados.