Ultimátum de García Ortiz a los fiscales del ‘procés’ para que rehagan su informe ante Supremo

Ese momento ha llegado hoy, cuando casi de forma simultánea a la providencia de Llarena y de la Sala Segunda, García Ortiz ha llamado a filas a los cuatro fiscales y a los tres jefes de las secciones penales (son cuatro, pero uno de ellos es el propio Fidel Cadena, fiscal a la vez del ‘procés’) para darles un ultimátum de veinticuatro horas para presentar un nuevo informe que no sea genérico y que se adapte al momento procesal actual.

Fuentes fiscales señalaron que por la urgencia de la convocatoria no han podido acudir los siete fiscales emplazados: de los cuatro del ‘procés’ lo hicieron dos: Javier Zaragoza y Jaime Moreno, que en nombre de sus compañeros -Fidel Cadena y Consuelo Madrigal- trasladaron a García Ortiz que no pensaban modificar una coma de ese borrador, pues a diferencia de lo que les adelantó el fiscal general, ellos no ven amnistiable la malversación. Le instaron así a que les dé la orden por escrito para poder oponerse planteando el artículo 27 del Estatuto Fiscal, la herramienta de la que disponen los miembros de la carrera para plantarse ante un superior y cuya consecuencia inmediata es la entrada en el terreno de juego de la Junta de Fiscales de Sala. Este órgano, la cúpula fiscal, está formado por 37 miembros que gozan de la primera categoría en la carrera. De ellos, 16 son de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la asociación de la que fue portavoz García Ortiz y en la que también «militó» Dolores Delgado; 9 de la Asociación de Fiscales (AF) -pese a ser la mayoritaria- y 12 no asociados.

Fracasado el ultimátum, el principal problema que tiene García Ortiz ahora, al margen del cisma que supone su enfrentamiento con cuatro primeros espadas del Supremo, es que el tiempo no juega a su favor ni para convocar esa Junta de Fiscales de Sala dando tiempo suficiente a sus miembros para que estudien el caso (Llarena ha dado cinco días) ni para, una vez celebrada esa junta, encargar a un tercero un informe relativo a una causa que desconoce por completo. Sobre este último punto fuentes fiscales se muestran convencidas de que en el entorno del fiscal general ya se está trabajando en ese informe alternativo. En cualquier caso, no es vinculante para el juez que tiene que decidir sobre la aplicación de la ley.

Los cuatro fiscales tienen claro que así como los delitos de desobediencia y desórdenes son amnistiables, no lo es el tipo de malversación por la que fueron condenados los líderes del ‘procés’ porque constituye precisamente una de las exclusiones previstas en la propia ley de Amnistía: el enriquecimiento ilícito. Lo hubo porque los fondos públicos se destinaron a fines distintos a los que estaban previstos. Con esta tesis la puerta de la amnistía se cerraría para Junqueras, Romeva, Turull y Bassa, que seguirían inhabilitados; y también para los procesados fugados Puigdemont, Comín y Puig, que seguirían afrontando penas de prisión. «Es claro que concurren (en ellos) todos los elementos del tipo penal: infracción del deber de custodia, apropiación de fondos públicos y beneficio patrimonial en cuanto se dedican a fines inconstitucionales de extraordinario costo que les beneficiaban para conseguir sus propósitos, no restitución y ánimo de lucro», dicen los fiscales.