García Ortiz desafía al Pleno y entrega a Delgado la Fiscalía Memoria Democrática

García Ortiz consuma el dedazo a favor de su predecesora en el cargo de fiscal general en detrimento de los otros tres aspirantes al cargo, que tienen en su mano recurrir este nombramiento ante la Sala Tercera del Supremo, la misma en la que se encuentra impugnada su designación, en octubre, como fiscal de sala de lo Militar del Supremo a instancias de uno de los aspirante a aquella plaza.

De nada ha servido la petición de dimisión que llegó a formular ayer la asociación mayoritaria de fiscales, que tiene seis de los nueve vocales electos en el Consejo Fiscal, ni la del miembro de la APIP Salvador Viada sobre las cautelas que exigía su intervención en la adjudicación de esta plaza (dado el interés personal de García Ortiz en favorecer a su mentora). El fiscal general ha tirado para delante aun cuando se le ha advertido que este empeño por entregar la Fiscalía puede tener consecuencias: no abstenerse cuando concurre una de las causas de abstención previstas en la ley constituye una infracción grave sancionable con la suspensión e incluso separación.

Según ha podido saber ABC, al inicio de la reunión los vocales de la Asociación de Fiscales han pedido a García Ortiz la retirada del orden del día de la plaza de Memoria Democrática, a lo que el fiscal general no ha accedido. En paralelo, Delgado ha recusado al vocal de APIF, Salvador Viada, por «enemistad manifiesta», lo que se ha rechazado de plano propiciando la posibilidad de que el fiscal pueda participar en el debate y votación. Pero ni él ni los seis de la AF han querido hacerlo como protesta por la «burda maniobra» de García Ortiz.

En la propuesta de nombramiento de Delgado, García Ortiz destaca la experiencia de la exministra como fiscal desde hace más de 33 años, como fiscal antidroga y fiscal antiterrorista en la Fiscalía de la Audiencia Nacional durante 16 años y coordinadora de terrorismo yihadista entre 2007 y 2018.

«Entre su extensa experiencia jurisdiccional en la investigación y persecución de crímenes contra la Humanidad y violaciones de los Derechos Humanos, tanto a nivel nacional como internacional» destaca siguientes casos: el caso Scilingo (Argentina), el caso Ruanda o la querella por el atentado contra la Embajada de España en Kabul en 2015. También intervino en el procedimiento relativo a la organización terrorista «Boko Haram». En 2011 fue fiscal colaboradora de la Corte Penal Internacional en el «caso Libia», sobre la represión del régimen de Muamar el Gadafi.

En materia de Derecho Internacional Humanitario, firmó como Fiscal General del Estado el Memorándum de cooperación con la Fiscalía de Ucrania e incoó Diligencias de Investigación para preservar el material probatorio y canalizar la asistencia a las autoridades ucranianas (24 marzo 2022).

Como Ministra de Justicia, destaca el fiscal general, creó la Dirección General de Memoria Histórica y atribuyó a la Dirección General de Cooperación Internacional competencias en materia de Derechos Humanos. De su actividad en este ámbito señala como méritos «la preparación del Anteproyecto de ley para la modificación de la Jurisdicción Universal; la confección de un censo de víctimas de la guerra civil y la dictadura; la reactivación de los procedimientos de declaración y reparación de víctimas; la dirección del expediente para la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco y la asistencia como Notaria Mayor del Reino al acto de exhumación e reinhumación de los restos del dictador. Asimismo, impulsó numerosos actos de homenaje a los ciudadanos españoles que formaron parte del exilio republicano«.