La Xunta invierte un millón de euros en las instalaciones para el macrojuicio del Alvia

Las cifras las han presentado este viernes en rueda de prensa el vicepresidente segundo de la Xunta, Diego Calvo; el director general de Justicia, José Tronchoni, y la gerente de la fundación de la Cidade da Cultura, Ana Vázquez. Se habilitarán algo más de 1.000 metros cuadrados en el edificio CINC, de los que casi la mitad, 508 metros cuadros, serán para la sala de vistas; 172 serán para las oficinas de la jueza y la Fiscalía; 181 metros para la sala de prensa; 122 para el público y 75 para la saga de togas y cafetería. A la adecuación del inmueble hay que añadir los medios tecnológicos de sonido y vídeo con señal para la radio y televisión, de lo que se está encargando la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. A ello hay que sumar la contratación de los servicios de vigilancia y de limpieza.

El juicio, que se alargará durante unos nueve meses, no arrancará hasta el 5 de octubre, pero las próximas empezarán las pruebas técnicas para que ese día la vista comience «sin ningún fallo», ha apuntado el director general de Justicia. Todo se diseñó, según ha detalado el vicepresidente segundo de la Xunta, siguiendo las necesidades que ha ido poniendo encima de la mesa el Juzgado de lo Penal 2 de Santiago.

Desde un primer momento los organizadores tenían claro que ninguna de las instalaciones judiciales de Santiago tenían capacidad suficiente para este macrojuicio, una situación similar a la vivida con la vista oral del accidente del Prestige, que acabó celebrándose en el recinto ferial de Expocoruña. Para el del Alvia han sido varios los espacios manejados, pero finalmente la Xunta se ha decantado por la Cidade da Cultura. Por los buenos accesos que tiene por autopista, su cercanía al aeropuerto y el gran espacio que cuenta para que aparquen tanto coches como unidades móviles de televisión y de radio.

Serán al menos 100 abogados y más de 150 las víctimas que deberán tener acomodo en una sala en la que serán juzgados el maquinista, que circulaba con exceso de velocidad al atender una llamada del interventor, y el exjefe de seguridad de Adif, responsable del estado de la vía. La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para cada uno por 80 homicidios imprudentes y 145 de lesiones por imprudencia grave.