La Xunta duda de la edad real de los menores inmigrantes que enviarán a Galicia

La queja del Gobierno gallego se basa en el «descontrol» por parte del Ejecutivo central no solo a la hora de conocer la edad real de los inmigrantes que planea repartir por las comunidades —a excepción de Cataluña y del País Vasco—, sino en el calendario de su llegada a Galicia. Hasta el momento, no se conoce la fecha en la que viajarán a la Comunidad, ni siquiera aproximada. Tampoco se sabe si lo harán en tandas o de una vez, «ni si va a ser en tres semanas o en cinco meses», lamentan desde el departamento encargado de su gestión.

Pero el caótico modo de operar que está marcando el reparto de los inmigrantes salpica también la redacción de los expedientes que Madrid remite a las autonomías receptoras. En algunos de estos documentos la información es más prolija que en otros, con diferencias notables en los que datos que se aportan. Un ejemplo son las declaraciones que acompañan algunos de los 24 expedientes que ya se han recibido en la Comunidad y que incluyen la negativa de varios inmigrantes a que su destino sea Galicia, porque prefieren ir a otros lugares en los que ya tienen familia asentada. Sin tiempos con los que contar para preparar la llegada de estos jóvenes, y sin financiación para su atención futura, desde Política Social insisten en que la falta de comunicaciones con el Gobierno central es palmaria.

Por lo de pronto, Galicia cuenta ya con 80 plazas disponibles a espera de que los primeros inmigrantes aterricen en la Comunidad. Su destino será Monforte de Lemos, concello lucense que alberga el primer centro específico para menores extranjeros que se abrirá en la Comunidad, el Francisco Suárez. Tras el ataque sufrido el pasado mes de septiembre con una bomba de fabricación casera que estalló en el interior del edificio a través de una ventana forzada, desde el departamento responsable aclaran que los trabajos de reparación ya casi han finalizado y que el centro estará listo en breve para la acogida de los primeros usuarios. Además, se estudian nuevas localizaciones para distribuir al resto de inmigrantes que tendrán Galicia como última parada.

El traslado de estos 317 menores, errático y sin agenda alguna, tampoco está acompañado de una financiación por parte del Estado, una de las quejas recurrentes en el asunto por parte de las autonomías, por lo que el Ejecutivo gallego estima que la factura de atenderlos supondrá un coste extra para las arcas autonómicas que rondará los 30 millones de euros anuales.