Sánchez dice que cumple el pacto con el BNG pese a los retrasos acumulados

En la pregunta, el propio representante del Bloque incidía en los aspectos en los que, a su parecer, el Ejecutivo ha avanzado desde la firma del pacto, como las bonificaciones en la AP-9 y la AP-53, la creación de los juzgados de violencia de género en Santiago y Orense o el aumento de la inversión para la nueva estación depuradora y el Consorcio compostelanos. También daba por iniciado el camino hacia un servicio de cercanías ferroviarias en Galicia –tras el anuncio de un estudio, hace unas semanas, por parte del ministro de Transportes, Óscar Puente–, e incluía la condonación de la deuda autonómica –rechazada por la Xunta– entre los futuros éxitos a culminar a raíz del acuerdo.

Sin embargo, Rego reconocía que la ejecución de los compromisos estaba siendo «irregular» y que «muchas otras [medidas] parecen no avanzar», a pesar de «que la legislatura sí lo hace» y que «de hecho, ya pasamos el ecuador». Entre ellas, «la tramitación de la ley para la transferencia de la AP-9» a Galicia, demorada «de manera injustificada» en decenas de ocasiones. Solo un día antes, el propio Rego aseguraba que gracias al BNG se había desbloqueado el debate sobre este asunto en el Congreso al cerrar la Mesa el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad, a pesar de que la formación frentista no tiene representación en el órgano de gobierno de la Cámara.

Lo cierto es que esta exigencia, la del traspaso de la Autopista del Atlántico a Galicia, ya se incluía en el anterior acuerdo de investidurafirmado por el BNG y el PSOE hace casi seis años. En concreto, el texto pactado entonces establecía «aprobar en el Congreso de los Diputados la Proposición de Ley del Parlamento de Galicia para la transferencia de la AP-9 a lo largo del año 2020». En 2023, decidieron darle una nueva oportunidad a este compromiso en su nuevo acuerdo, pero lo incluyeron de manera genérica, dentro de un punto en el que se reclama la transferencia de «las competencias que fueron objeto de consenso en el Parlamento de Galicia», y ya sin ponerle fecha a su cumplimiento.

El ámbito de las infraestructuras fue el que más le ha servido a Sánchez para sacar pecho, reivindicando las bonificaciones de «hasta el 75%» en los peajes de la AP-9 y la AP-53, la construcción de los viaductos de O Castro en la A-6 y del túnel ferroviario en Ourol, o que la A-54 esté «plenamente operativa». Fuentes del PPdeG consideran que esta última frase sirve como «el mejor resumen de los mensajes que ha lanzado hoy [por ayer] Sánchez sobre Galicia», porque «esta misma semana su Gobierno ha confesado que probablemente [la A-54] no esté finalizada en 2025». «Es decir, ha convertido un compromiso en un bulo, demostrando lo que le interesa nuestra Comunidad», han añadido las mismas fuentes de los populares gallegos. Al margen de las carreteras, el BNG también reclamaba ya en 2020, y reiteró en su acuerdo de 2023, «modernizar la red interior ferroviaria gallega (...), con actuaciones concretas a lo largo de la presente legislatura» que todavía no han podido verse.

En materia de justicia, faltan todavía por crear, como le ha recordado Rego al presidente, los juzgados de violencia de género en Lugo y Pontevedra. Y mientras Sánchez ha destacado la revalorización de las pensiones de 700.000 jubilados gallegos, el diputado nacionalista le ha reclamado más financiación para políticas sociales, especialmente, para dependencia. Según los cálculos de la Xunta, el Gobierno central aportó en 2024 un 34% de la financiación de esta partida en Galicia frente al 50% que le corresponde por ley.

«Queremos reforzar el autogobierno con la transferencia de todas las competencias pendientes, no solo de la ley del Litoral. Y la normalización del gallego en el ámbito de la Administración del Estado, desde la justicia hasta los medios de comunicación públicos estatales», ha añadido Rego para condensar otras de las promesas incumplidas desde el año 2020.