Los médicos podrán negarse a atender a un paciente que les haya grabado

En palabras del presidente de la Xunta este martes, tras el Consello en el que su gobierno aprobó la modificación de la Ley de salud de Galicia que recogerá estas novedades, se trata de «seguir reforzando la protección de los trabajadores del ámbito sanitario que últimamente reciben agresiones que en todo caso son absolutamente intolerables y contra las que hay que reaccionar por diversos medios». «Tolerancia cero frente a conductas violentas o que pongan en riesgo al personal de los centros sanitarios», ha defendido Alfonso Rueda.

Una de las medidas más novedosas que incluirá la modificación normativa será la reacción a la que estarán autorizados los médicos si detectan que su imagen, su voz o ambas cosas están siendo grabadas sin consentimiento por un paciente en plena consulta.

En caso de estimarlo oportuno, los facultativos podrán detener el acto médico y dejar constancia de lo ocurrido en la historia clínica del usuario que les estaba grabando, que verá de todas formas garantizada su asistencia médica, pero ya por parte de otro profesional e incluso en un centro sanitario diferente.

Según ha explicado el conselleiro de Sanidade, que intervino a continuación de Rueda para detallar los pormenores de la reforma legislativa, «estas grabaciones sin consentimiento o con la oposición del profesional se entenderán como una quiebra de la relación de confianza».

Para Antonio Gómez Caamaño, era necesario «dar respuesta y atajar un problema que genera preocupación y alarma, como son las agresiones al personal del sistema de salud». Y, en ese sentido, ha aportado datos correspondientes a 2024, año en el que 856 trabajadores del Sergas comunicaron algún tipo de ataque. 

La mayoría fueron verbales, pero hubo 340 episodios de violencia física. Por niveles asistenciales, más de 500 agresiones se produjeron en atención primaria y extrahospitalaria, por eso se modificará la ley para proteger a los profesionales de este último ámbito.

En concreto, Galicia se convertirá en la primera comunidad autónoma en establecer sanciones por agredir a técnicos de emergencias y del 061. Para ello, se ampliará a estos efectos la definición de personal de ámbito sanitario, que abarcará al encargado del traslado de pacientes y al que forme parte de dispositivos de transporte sanitario o de atención sanitaria urgente.

«Así nos comprometimos con las asociaciones que representan a estos trabajadores que tienen un alto nivel de exposición al riesgo de agresiones», ha reconocido el conselleiro. También se extenderá la protección al personal de inspección o al de las áreas de admisión y administración.

Además de incluir a estos profesionales bajo el ámbito de protección, también se perseguirá la violencia que se produzca en el ámbito digital contra trabajadores de la sanidad, ya sea por parte de pacientes, familiares o acompañantes.

En general, se busca que ningún ataque quede impune, aunque se produzca fuera de un establecimiento sanitario. Por eso se legisla sobre el entorno virtual y se incluyen las agresiones que sufran los profesiones en lugares que no sean hospitales o centros de salud.

«Independientemente del cómo y de dónde se produzca, todo acto de violencia, sea física o verbal, es deplorable, pero más si cabe cuando quien lo padece son las personas que se dedican a cuidarnos y a velar por nuestra salud. Es algo que no podemos tolerar. Nuestra obligación como responsables públicos es adoptar medidas y poner todos los medios a nuestro alcance para prevenir y atajar esta situación», ha sintetizado Gómez Caamaño.

Así las cosas, la ley incorporará dentro de los deberes de la ciudadanía el respeto del honor y el prestigio profesional de los sanitarios y su incumplimiento acarreará una infracción. Porque, con el objetivo de que todas estas medidas se cumplan, la norma ampliará también su catálogo de sanciones. Hasta ahora solo preveía supuestos muy graves, entre los que seguirán contemplándose los casos de agresiones físicas, con multas que irán desde los 3.001 a los 15.000 euros. También para la reincidencia en la comisión de infracciones graves en los últimos cinco años.

A estos supuestos, se añaden ahora infracciones leves, como las faltas de respeto o los insultos, con multas que podrán ir desde los 300 a los 1.500 euros. En el caso de las infracciones graves, como la resistencia, las amenazas, la coacción, el acoso digital o ciberacoso y las represalias, se prevén multas de entre 1.501 y 3.000 euros.

Junto a estas cantidades, se establecerán sanciones complementarias. Por ejemplo, podrá requerírsele a los infractores que reparen los daños y los perjuicios materiales ocasionados o que abonen los gastos de asistencia sanitaria de los agredidos, que tendrán acceso a apoyo psicológico y a asesoramiento jurídico. Además, se le podrá asginar a la persona infractora otro profesional o otro centro sanitario distinto en su misma localidad.

«Queremos garantizar la máxima protección para profesionales que son vitales para garantizar una buena salud pública en Galicia», ha zanjado el presidente de la Xunta.