Los feriantes denuncian que el concello de Vigo «veta» las atracciones en sus fiestas tras el suceso de Matamá

Para la Asociación de Empresarios de Atracciones de Feria de Galicia (Emafega) se trata de un «veto encubierto» que, a su juicio, está llevando a cabo el Ayuntamiento de Vigo a la instalación de atracciones en las fiestas de la ciudad. «Nosotros también tenemos familias que dependen de esta actividad», reprochan los afectados, que ayer revelaron que «a tan solo unos días del inicio de las fiestas grandes de Vigo», muchas atracciones de feria no han recibido «ningún tipo de notificación por parte del concello». Un silencio administrativo que, según lamentan, les impide saber si podrán «instalar, trabajar o simplemente ejercer sus derechos como profesionales y contribuyentes». «No es una situación nueva: desde que el año pasado se produjo el trágico accidente en una atracción durante unas fiestas en Vigo, el ayuntamiento ha adoptado una postura de bloqueo institucional que, lejos de mejorar los mecanismos de control, se ha convertido en un veto encubierto a toda una actividad. Y ahora, con otra tragedia ocurrida recientemente en Murcia —una niña fallecida electrocutada por una cama elástica sin toma de tierra—, parece consolidarse un mensaje implícito: mejor no autorizar nada, por si acaso», se quejan desde la asociación viguesa.

Para los feriantes, la gestión de las fiestas que el gobierno de Abel Caballero está desplegando «no es legal, ni ética, ni responsable». «No se puede hablar de seguridad sin pisar el terreno: paralizar atracciones sin inspección es una irresponsabilidad institucional», reiteraron desde el sector, muy afectado por los últimos accidentes y por sus repercusiones en su actividad. «Nosotros también queremos trabajar con seguridad. También queremos que las atracciones sean revisadas y cumplan la normativa. Lo que no podemos aceptar es ser castigados sin ser el problema», manifestaron a punto de empezar su temporada alta. Con las fiestas en el aire y una necesidad imperiosa de cubrir fechas en el calendario festivo, exigen al consistorio olívico que notifique «en plazo y forma» las autorizaciones solicitadas y que se respete la validez jurídica de los certificados técnicos firmados por ingenieros, así como que se realicen inspecciones presenciales cuando haya dudas y no «vetos desde un despacho».

Mientras el gobierno local negocia con comisiones y feriantes el modo en que encararán las celebraciones de este verano, en los juzgados de la ciudad prosigue la instrucción para clarificar las causas del accidente que le costó la vida a un vecino de la ciudad. La última hora es la revelación de que existía un correo electrónico sin leer en la cuenta oficial de la Policía Local de la ciudad. Un agente así lo reseñó al final de su turno, horas antes de que se produjese el accidente, y así se lo hizo saber también al mando superior. El correo desautorizaba la apertura de ocho atracciones en las fiestas de Matamá, incluido el propio Saltamontes, aunque el mismo policía municipal señaló en el juzgado que no existió ninguna orden «expresa» para clausurar la atracción.