La Coruña inicia el largo proceso para recuperar la Casa Cornide

La hoja de ruta del Concello sigue los pasos que ha marcado el informe de tres profesores de la UDC –Carlos Aymerich, Carlos Amoedo y José Manuel Busto–, presentado a finales de 2020. Desde entonces, el gobierno de Inés Rey ha estado «contrastando» los detalles del dictamen con diversa documentación archivada en distintos ministerios, según ha explicado a ABC el concejal de Cultura, Gonzalo Castro.

Una de las vías que planteaban los expertos de la UDC era declarar la nulidad de la permuta por entender que no se había cumplido un trámite imprescindible: la desafectación del inmueble como bien demanial, al ser de titularidad estatal, tras comprarlo a la anterior propietaria, Carmen Vázquez Pardo, en 1949. Sin esa desafectación que le concedería la consideración jurídica de bien patrimonial, el inmueble no habría podido ser permutado con el Concello.

Durante meses, funcionarios municipales han peinado los archivos ministeriales para comprobar que, en efecto, ese informe de desafectación no existía y, por tanto, podía solicitarse la nulidad del procedimiento. En el informe jurídico elaborado desde la Concejalía se explica que «por lo que consta en la documentación, los actos de desafectación no pasaron por el Consejo de Ministros, y tampoco consta el informe de la Dirección General de Propiedades y Contribución Territorial, que tenía que ser oída», según establecía la normativa en vigor entonces.

«Salvo mejor criterio, la vía para recuperar la Casa Cornide más efectiva será la de verificar en la Administración el Estado, en concreto en los Archivos del Ministerio de Educación y de Hacienda, el contenido del expediente de permuta (...) para comprobar si se efectuó la desafectación del inmueble como bien de servicio público». Si no hubiera sido así, el inmueble sería «bien demanial» y por tanto «tendría viabilidad la revisión de oficio», y el procedimiento no habría caducado.

La declaración de nulidad de la permuta provocaría la anulación en cascada de todos los actos posteriores: la subasta, la primera venta a Barrié y la posterior de éste a Carmen Polo. Pero, a mayor abundamiento, el Concello quiere también anular los distintos actos administrativos que él protagonizó en todo el proceso. Para ello, considera que puede haber elementos de nulidad en el pleno de 2 de agosto de 1962 –no se convocó con los dos días de antelación debida ni se justificó su carácter extraordinario–, así como en el procedimiento de adjudicación tras la subasta, al anularse el plazo legal establecido para impugnaciones.

También, y siguiendo de nuevo la letra de los juristas de la UDC, se plantea la posible nulidad en la compraventa entre Barrié y la mujer de Franco, ya que ésta incurría en una serie de incompatibilidades al estar casada en gananciales con el Jefe del Estado, y al haber adquirido una vivienda de más de cien años de antigüedad sin la autorización preceptiva.

Una vez el pleno coruñés acuerde iniciar el procedimiento, este se remitirá a la Administración General del Estado, que estudiará el caso e incoará el expediente administrativo oportuno. Tendrá un plazo máximo de duración de seis meses, y en él habrá de dársele audiencia a los Franco, como interesados y actuales propietarios de la Casa Cornide. Según explica Gonzalo Castro, emitirá también informe el Consejo de Estado. La familia del dictador, si no estuviera conforme con la resolución del expediente, tendría ocasión de recurrirlo por la vía contenciosa, por lo que la derivada judicial podría ralentizar notablemente los tiempos.

No solo eso. Si finalmente el Estado anula por vía administrativa la permuta y retrotrae los actos al momento anterior, Cornide efectivamente volvería a ser de su propiedad. Pero para reclamarla a sus actuales poseedores, que tienen el inmueble inscrito a su nombre en el Registro de la Propiedad, deberían emprender un procedimiento civil con una acción reivindicatoria, similar a la que se utilizó en el Pazo de Meirás hace cuatro años. Si bien los argumentos jurídicos a emplear ahora serían diferentes, el itinerario podría ser muy similar: primera instancia, recurso ante la Audiencia Provincial y casación al Supremo. Lo de Cornide no va a ser rápido.