La Xunta recurrirá al Constitucional la ley de cambio climático si se aprueba con la redacción actual

Continúa así la polémica generada por la supuesta afectación de la norma al sector conservero e industrial del litoral gallego y, en concreto, a la situación de empresas como Ence en Pontevedra. También ha afeado al Gobierno el hecho de querer realizar una reforma legislativa en materia de Costas « por la puerta de atrás » a través de la propia ley de cambio climático.

Para presentar el recurso, ha recordado la conselleira, la Xunta se ampara en los dos informes (de la Asesoría Jurídica de la Xunta y del Consello Consultivo de Galicia) que consideran inconstitucional esta normativa. El problema para el Gobierno gallego reside en la «redacción actual» de los artículos 18.3 y 18.4 , que ponen «en riesgo el futuro del complejo mar-industria de Galicia», recoge la Xunta en un comunicado. Estos dos puntos, ha incidido, aplican un «efecto retroactivo» que afectaría ya no solo a los plazos de duración de las concesiones, si no también a las prórrogas que ya se han otorgado a las instalaciones.

Sin embargo, para la conselleira do Mar, esta situación termina por generar una « inseguridad jurídica » en el sector que puede retraer la realización de las inversiones. Así pues, y ante la votación que se llevará este jueves en el Congreso, Quintana ha pedido a los diputados gallegos que votarán la ley que tengan en cuenta los dos informes ya mencionados, puesto que justifican la inconstitucionalidad de la normativa. Por eso, les ha rogado que se sientan libres de oponerse a ella para « defender un sector tan importante para Galicia como es el marítimo-pesquero », ha incidido.

La conselleira do Mar ha lamentado que la el Gobierno gallego lleva alrededor de dos años advirtiendo que esta ley no es beneficiosa para Galicia. De hecho, es perjudicial para el complejo mar-industria de la Comunidad. Y ha ahondado aun más en las desavenencias con el Ejecutivo Central: la Xunta participó, según el comunicado, «en todas las mesas de trabajo a las que fue convocado y presentó los informes y los alegatos correspondientes con el objetivo de paliar los efectos negativos de esta normativa». Sin embargo, todas estas peticiones terminaron por caer en saco roto, sin escuchar tampoco al sector más afectado .

«No conocen la realidad de Galicia y por eso los invito a visitarnos pues la propia Unión Europea reconoce que estamos haciendo las cosas bien», ha añadido Quintana. Por su parte, la conselleira ha advertido que la Comunidad seguirá trabajando al lado del complejo mar-industria para aumentar esa seguridad jurídica, intentando garantizar la continuidad de las industrias del litoral. Unas industrias que están en riesgo, al igual que ocurre con otras 5.000 edificaciones situadas en terrenos de dominio público marítimo-terrestre.

Unas empresas que, por otro lado, superan las inspecciones en materia de medio ambiente y también las técnico-sanitarias. Además, ha incidido, la calidad de las aguas «ha mejorado mucho en los últimos años». Por ello, la Xunta ha concluído que «no tiene sentido poner obstáculos al desarrollo de la actividad de producción y transformación de productos del mar en las villas costeras de Galicia».

Desde un primer momento, la Xunta consideró que la norma «pone en riesgo» el futuro de las empresas situadas en la costa del sector mar-industria. Una afectación que Teresa Ribera, titular del Ministerio para la Transición Ecológica, negó en Twitter hace apenas unos días. « No afecta a ninguna de las concesiones ya otorgadas ni a sus prórrogas legales », recogía en sus redes sociales.

La ministra ha respondido este miércoles por carta una misiva que enviaron las conselleiras do Mar y de Medio Rural. En el escrito, la ministra reconoce que la finalidad del artículo 18.4 de la Ley es la de eliminar la prórroga extraordinaria de todas las concesiones en la costa , por lo que los 75 años de esta extensión se computarían desde la data inicial de la concesión en lugar de hacerlo desde la solicitud de la prórroga, algo que sí permite la ley de costas, recoge la Xunta en un segundo comunicado.