Varapalo de Competencia a la Xunta por el decreto de viviendas turísticas

La CNMC, que también anunció ayer que recurrirá la norma en Castilla y León, continúa con su ofensiva contra los intentos de regulación de las comunidades autónomas ante la expansión de las plataformas de alquileres turísticos tipo Airbnb . En Canarias o en Madrid, por ejemplo, los tribunales ya han dado la razón al organismo que defiende el buen funcionamiento de los mercados anulando parte de su normativa.

El Gobierno gallego publicó en mayo el decreto. Entre los requisitos exigidos figuraba que los propietarios diesen de alta sus inmuebles en un registro. Actualmente ya son 4.500 las viviendas que han presentado su solicitud . Uno de los puntos más discutidos fue la prohibición del alquiler por habitaciones, una fórmula en auge gracias las nuevas plataformas de internet. En este caso, los alojamientos deberían de inscribirse como pensión, aunque el departamento de Turismo reconoció entonces que existía un vacío legal en caso de que el arrendatario viva también en la misma casa.

Este es precisamente uno de los «obstáculos al desarrollo de una competencia efectiva» que censura la CNMV y que han motivado el recurso. El organismo critica asimismo que se limite el alquiler a tres meses, ya que «resulta contrario al derecho del empresario de organizar su actividad y de los ciudadanos de disponer de sus bienes sin restricciones injustificadas». Además tampoco encuentra justificación a que los ayuntamientos puedan limitar el número de alquileres y ve desproporcionadas cargas como el pago de tasas o la suscripción de un seguro de responsabilidad civil e inscripción en el registro. «Todas estas medidas elevan injustificadamente los costes de entrada en el mercado» , explica la CNMC, que cree que se «reduce el número de competidores y los incentivos a que haya precios más eficientes y competitivos para los usuarios». El organismo subraya, además, que la Unión Europea defiende la denominada economía colaborativa e incide en la necesidad de no «introducir requisitos de acceso al mercado injustificados».

La Xunta está a la espera recibir la demanda anunciada por Competencia, pero advierte que el decreto «continuará adelante» . En abril había recibido ya el primer requerimiento, en el que instaba a la modificación de varios puntos de la regulación. En ese momento, el ejecutivo autonómico «justificó de forma pormenorizada cada una de sus consideraciones y solicitó su desestimación», explicó ayer el Gobierno de Feijóo a través de uncomunicado. Para la Xunta, el decreto «contribuye a ordenar un nuevo tipo de alojamiento turístico» y ofrece «mayor seguridad tanto a los consumidores como a los particulares o a las empresas ofertantes». El Ejecutivo autonómico insiste también en que la norma está «avalada por las cifras de solicitudes registradas y por el consenso con el sector».

Sin embargo, la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) lleva meses oponiéndose al decreto. Su presidenta, Dulcinea Aguín, celebró ayer la decisión de la CNMC. «La Xunta tenía que haber consensuado el decreto con los propietarios de vivienda vacacional y no con el lobby hotelero», subraya . «Nos obviaron desde el primer momento», asevera. Aviturga está de acuerdo con que se cree un registro para conocer cuántos alojamientos de este tipo se ofrecen en la Comunidad gallega, pero lleva tiempo censurando la normativa impuesta por la administración autonómica. Aguín explica, por ejemplo, que algunos de sus socios han intentado darse de alta en el registro autonómico, pero los trámites burocráticos se lo han impedido. «En Galicia en las zonas costeras hay alquiler vacacional desde hace muchos años y a los propietarios les piden ahora la cédula de habitabilidad y la licencia de primera ocupación, dos documentos que antes no existían» , relata Aguín, quien subraya que algunos municipios se demoran para entregar la documentación y en otros se niegan a facilitarla.

Desde Aviturga censuran que la Xunta haya obviado a Competencia desde abril y piden la retirada del decreto para negociar otro consensuado con el sector. Denuncian que el objetivo es el de perseguir fiscalmente a los propietarios , pese a que los usuarios de portales como Airbnb ya declaran sus ingresos, y recuerdan la presión sometida este verano con inspecciones de Hacienda visitando las viviendas.