Así tratan ciudades y autonomías de acabar con el turismo masificado

Por su parte, radicales del país vasco se han sumado a esta corriente. La organización juvenil de la izquierda abertzale Ernai ha convocado una manifestación el próximo 17 de agosto en San Sebastián, en contra del turismo, bajo el lema «Zuen turismoa gazteon miseria— Vuestro turismo la miseria de los jóvenes».

La convocatoria de esta manifestación, que se celebrará en plena Aste Nagusia donostiarra, se realiza después de que en los últimos días hayan aparecido pintadas en la Parte Vieja de San Sebastián en las que se lee «Tourist go home» (Turistas a casa).

En Baleares , lo largo del pasado mes de julio, el Parlamento balear y el Ayuntamiento de Palma aprobaron diversas iniciativas en materia turística, al entender que en estos momentos existiría una cierta situación de saturación y de exceso de oferta, sobre todo con respecto al alquiler vacacional. En el caso del consistorio palmesano, en el pleno celebrado la pasada semana se aprobó una iniciativa popular que insta a la corporación a prohibir el alquiler turístico de pisos en toda la ciudad.

El equipo de gobierno municipal está conformado en el presente mandato por el PSOE, la coalición econacionalista MÉS y Podemos. En esta ocasión dichas formaciones no votaron , sin embargo, en el mismo sentido. Así, mientras MÉS y Podemos votaron a favor de la mencionada proposición, el PSOE se abstuvo. Por lo que respecta a la oposición, el PP se abstuvo también, mientras que Ciudadanos votó en contra.

La decisión adoptada por el Ayuntamiento de Palma tuvo lugar diez días después de que el Parlamento balear hubiera aprobado diversas modificaciones en la denominada Ley de Turismo , puesta en marcha en la pasada legislatura por el Partido Popular. La mayor parte de los cambios aprobados ahora en la Cámara regional contaron con el apoyo del PSOE, MÉS y Podemos. Por su parte, el PP, Ciudadanos y Proposta per les Illes (PI) votaron en contra.

Un hecho a destacar es que la Cámara regional aprobó hace dos semanas, entre otras novedades, un punto que en principio parece entrar ahora en contradicción con la citada iniciativa validada por el consistorio palmesano. Así, el Parlamento autonómico acordó que los propietarios de pisos podrían alquilar dichos pisos a turistas por un máximo de 60 días al año , si bien con la condición de que el piso que se alquile sea la vivienda habitual del propietario del inmueble.

En cualquier caso, el desarrollo de ese pleno parlamentario fue muy confuso y finalmente no quedó del todo claro qué se había aprobado exactamente. De hecho, en los últimos días el PSOE, MÉS y Podemos han mantenido varios encuentros para intentar concretar sus respectivas posiciones y para acercar posturas sobre los puntos que ahora les distancian. Por ese motivo, en breve tendrá lugar otro pleno en la Cámara centrado de nuevo en la Ley de Turismo.

Una vez celebrado dicho pleno, se podrá ver si la controvertida propuesta del consistorio palmesano de prohibir el alquiler turístico en toda la ciudad se llevará finalmente a cabo o no. A partir del momento en que las modificaciones de la Ley de Turismo entren ya en vigor , los consejos insulares y los ayuntamientos dispondrán de un año para determinar en qué zonas se autorizarán nuevos alquileres turísticos y en cuáles no.

Por lo demás, la renovada Ley de Turismo prevé ya ahora que los propietarios de pisos que alquilen sus viviendas a turistas sin la preceptiva autorización podrán ser sancionados con multas que oscilarán entre los 20.000 y los 40.000 euro s . En caso de que el arrendamiento irregular sea llevado a cabo por plataformas especializadas o agencias, las sanciones para ambas se situarán entre los 40.000 y los 400.000 euros.

Algo parecido es lo que ocurre en la Comunidad Valenciana , donde el turismo se ha convertido en uno de los enemigos de los vecinos del centro de Valencia, aunque todavía no se ha llegado a extremos de «turismofobia» como los de Cataluña o Baleares. En barrios como el Carmen o Ruzafa, muchos balcones de las casas se llenan de carteles en señal de protesta por el escándalo que reina en la zona cuando cae la noche. El «turismo de borrachera» , como algunos vecinos le llaman, ha amenazado de tal forma el descanso de los valencianos que ha provocado que muchos de ellos terminen por desplazarse a otras zonas y abandonen sus viviendas de la zona centro, donde ya se ha producido alguna manifestación.

El problema se ha ido acentuando con el tiempo fruto del aumento de la oferta de alquiler de viviendas ilegales . En Valencia, de los 4.714 apartamentos turísticos que el Ayuntamiento tiene registrados, 2.429 están sin reglar. Suponen, en total, 18.102 plazas de alojamiento, el 48,6% de las que dispone toda Valencia, concentradas en los barrios El Carmen, la Seu y el Mercado Central. Tras este informe, el Ayuntamiento ha anunciado este mes de agosto la implantación de una tasa turística y el incremento de los controles para garantizar «un mínimo de calidad» para los turistas y «combatir» la economía sumergida.

A nivel autonómico, la Confederación de Empresarios Turísticos de la Comunidad Valenciana cifra en 150.000 las plazas ilegales que actualmente hay en la región , lo que supone un aumento del 76% desde el año 2014. Ante estos datos, el Gobierno autonómico realizó inspecciones y sancionó a las plataformas de alquiler de apartamentos Airbnb, Homeaway o Rentalia -entre otras- con multas de 30.000 euros cada una por incluir en su oferta viviendas no registradas.

Sin embargo, desde la Confederación señalan que en Valencia se persigue el establecimiento ilegal «de una manera muy tímida», y recriminan la pasividad de las administraciones para legislar al tiempo que reclaman leyes más duras que les garantice la calidad del turismo que visita sus barrios. En este sentido, los empresarios relacionados con el sector consideran que el aumento de esta oferta no supone, como sería lógico, un incremento de ingresos en la ciudad. Según los informes, el gasto medio por visitante subió en la Comunidad Valenciana un 0,79% este 2016 respecto al año pasado, una cifra que el sector considera «insuficiente». Lo importante, indican, es que venga gente «que cuide el destino» y que ellos puedan trabajar con «precios adecuados».

Otro de los lugares donde más polémica hay con el turismo es Barcelona , uno de los destinos predilectos por los turistas que pisan España y, al tiempo que las cifras de visitantes no dejan de crecer, la capital catalana lleva años arrastrando cada vez más problemas por la masificación turística y, especialmente, por la difícil convivencia entre vecinos que quieren descanso y los 30 millones de visitantes que vienen al año a la ciudad en busca de cultura, ocio y fiesta.

Los conflictos derivados del civismo han llevado a los barceloneses a considerar el turismo como el peor problema de la ciudad (por encima del paro, la limpieza o la inseguridad, que siempre protagonizaban los barómetros semestrales del Ayuntamiento). En este sentido, el surgimiento de nuevas modalidades de alojamientos, especialmente los pisos turísticos, ha trasladado muchos problemas de ruidos, fiestas y jaleos nocturnos a zonas residenciales . La ordenanza de convivencia municipal persigue especialmente la venta y consumo de alcohol y drogas en la calle, pero también conductas incívicas como ir con el torso desnudo o montar más de una persona a la vez en bici, por ejemplo. La norma, sin embargo no entra en fincas privadas, donde se están dando los problemas ahora.

El hecho de que, además, muchos de estos pisos se alquilen de manera ilegal ha complicado todavía más la situación, aunque el Ayuntamiento está luchando para regularlos mejor. El gobierno municipal de Ada Colau está reforzando el número de inspectores para atajar las irregularidades (sobre todo alquileres sin licencias y también casos de especulación turística), aunque lo cierto es que se estima que en Barcelona todavía existen unas 8.000 viviendas de alquiler turístico ilegales. Las medidas, ante este volumen de cifras, son insuficientes. Paralelamente, Colau ha impulsado un plan de reordenación de plazas hoteleras  (con veto total a nuevos establecimientos e incluso a las reformas de los existentes, entre otros aspectos) que a la práctica, y según los hoteleros, tampoco ayuda a pacificar la ciudad.

El decrecimiento del turismo fue, de hecho, uno de los deseos con los que llegó a la alcaldía Colau. Prometió trabajar contra la masificación, pero de momento no ha podido combatir los flujos existentes ni las marabuntas de grupos de turistas que pasean por las zonas más turísticas de la ciudad (sí ha atajado los grupos que iban en bicicletas o motos, con una nueva normativa), que son otra de las grandes quejas ciudadanas.

Ahora, con medio mandato pasado, a la alcaldesa se le reprocha no haber sabido gestionar la situación ni haber respaldado al sector. Los empresarios, que lamentan que no les han escuchado a la hora de encontrar soluciones, creen que ha habido poca mano dura para cortar de raíz cualquier problema y de aquí que se haya llegado a agosto con un nuevo fenómeno incipiente en Barcelona, el de la «turismofobia», que puede dañar seriamente la economía de la ciudad.

La regulación de los apartamentos turísticos ha levantado también este año la polémica en Galicia . Ante la proliferación de la oferta, la Xunta optó por publicar un decreto que obliga a los propietarios de las viviendas a anotarlas en un registro. A mediados de julio, más de 3.500 alojamientos estaban ya inscritos . Pero esta cifra se queda muy lejos de la oferta existente en el mercado, con más de 8.000 habitaciones disponibles en plataformas online.

La regulación provocó el malestar de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) que censuró que «miles de familias» tendrían que renunciar este verano «a unos ingresos complementarios indispensables» para su economía. La nueva ley prohíbe el alquiler por habitaciones , porque, en ese caso tendrían que inscribirse como pensión. Aún así, el Gobierno gallego reconoce que existe un vacío legal en el caso de que el arrendatario viva también en la casa. También la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cuestionó en abril el texto legal. El organismo reprocha a la Xunta connivencia con el sector tradicional y critica que se entorpezcan las fórmulas de la nueva economía que avala la UE. Pese a la advertencia, el ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo decidió seguir adelante y actualmente está a la espera de que Competencia responda a sus alegaciones.

Al margen de los pasos de la Xunta, la batalla contra la masificación turística se juega sobre todo en Santiago de Compostela . La capital gallega, de 95.800 habitantes, sufre la mayor presión. El año pasado tuvo 1,3 millones de pernoctas y absorbió a unos 800.000 turistas. El Ayuntamiento está preocupado por la proliferación de hoteles en la zona vieja y ha establecido una moratoria para nuevas aperturas. Además prepara un censo de viviendas turísticas para intentar evitar fraudes como los realquileres. El alcalde Martiño Noriega (Compostela Aberta) ha propuesto también implantar una tasa turística, pero la Xunta se opone.

En las islas Canarias, en cambio, no hay problemas con los usuarios de Airbnb por parte de vecinos. Los que tienen problemas son los hoteleros que comercializan el turismo de todo incluido , que quieren que se regule el alquiler vacacional y no su negocio. Ese sí que apenas tributa en España porque todo el paquete se paga en origen: vuelo, alojamiento, comidas sin horarios, transportes en aeropuerto. Un turista puede venir a España en este formato con 20 euros en el bolsillo y regresar con ese mismo dinero a su casa .

Los turistas que se alojan apartamentos vacacionales de Canarias empleando canales como Airbnb o HomeAway se dejaron en las islas el pasado 2016 un total de 495 millones de euros . Las plataformas digitales ingresaron en 2016 93,3 millones de euros, de acuerdo con los datos oficiales a los que ha tenido acceso ABC. ¿Y cuánto deja el turismo de todo incluido? Mucho menos que el vacacional. En destino, prácticamente nada.

¿Qué puede aprenderse de la Península de los canarios? Dos cosas. Una, impedir que los turistas tomen la calle. Los canarios no dejan que el turismo acceda a zonas residenciales. Y los canarios dejan que los turistas organicen sus guetos como quieran . Nadie se molesta. Este es uno de los problemas a los que se enfrenta Airbnb en Canarias. Que haya turistas en zonas residenciales. Sin embargo, el perfil del turista de Airbnb que viene a las islas es culto y huye precisamente de turismo de masas. Por eso no ha existido conflictos. Gente sana y que apenas usa la vivienda. Dormir y buen wifi es lo que piden.

La demanda hotelera de Canarias está en máximos niveles. Y buena parte de esos turistas vienen con TUI, Thomas Cook, Jet2 y otros. A Canarias le interesa crecer en formatos de turismo digital porque de esta forma se mantiene la ocupación aérea de aerolíneas de vuelos regulares Vueling, Iberia Express, Volotea desde Europa, Ryanair o Norwegian. Si pincha la demanda, a Canarias le quitan vuelos. Si se quitan vuelos, no se llenan de turistas ajenos a TUI o Thomas Cook. Es decir: dejan de llegar turistas peninsulares. Sin peninsulares, Canarias sería un protectorado turístico a expensas del Brexit y la economía alemana.

El turismo de apartamentos también tiene su mercado para familias de clase media de la UE. Esos turistas, al contrario de los que no hacen gasto en destino, hacen sus compras en tiendas como Mercadona o Spar, usan transporte terrestre regular y tienen la cultura de descubrir y vivir la experiencia. En términos apícolas: el turista es como una abeja que va polinizando a su paso de regreso a su colmena. Si no sale de la colmena, no hay miel. Sacarlo de los hoteles es clave para que haya empleo en España.