Más de 4.200 pisos turísticos han regulado su situación desde mayo

La Xunta considera que el afloramiento de este tipo de viviendas «avanza a buen ritmo»

Bloques de viviendas en la capital gallega MIGUEL MUÑIZ

ROCÍO LIZCANO

16/08/2017
Actualizado 24/08/2017 a las 10:32h.

Más de 4.200 viviendas destinadas al alquiler turístico han aflorado en la Comunidad desde la entrada en vigor el pasado mayo del decreto autonómico que se propuso ordenar el floreciente negocio del alquiler vacacional entre particulares. Las peticiones de ... propietarios para la inscripción de sus pisos en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Galicia, afirma la Xunta, «avanza a buen ritmo» contribuyendo a transparentar un mercado en auge y oculto a las estadísticas. Según los datos facilitados ayer por el Gobierno gallego, el mayor volumen de solicitudes de alta, más de la mitad del total, se concentran en la provincia de Pontevedra (más de 2.250). Le siguen La Coruña (casi 1.360 inscripciones), Lugo (540) y Orense (80) .

No exenta de polémica –la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) requirió a la Xunta la modificación de varias de sus disposiciones y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) admitió a trámite un recurso de la asociación sectorial Aviturga–, la norma establece limitaciones como la imposibilidad de alquilar habitaciones (sólo se admiten contratos relativos a la propiedad completa) o una duración máxima de las estancias, fijada en tres meses. Asimismo, y en otro de los puntos cuestionados desde la CNMC y la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, la norma contempla la competencia de los municipios para limitar el número máximo de apartamentos de uso turístico en su demarcación.

Según el modelo aplicado por la Xunta –que subraya la flexibilidad del texto gallego frente a las disposiciones dictadas en otras autonomías–, para comenzar a operar basta con que el propietario registre una Declaración Responsable de Inicio de Actividad y abone las tasas de clasificación turística, fijadas en 56,82 euros. El fin último, apunta el Ejecutivo, es fortalecer e incrementar la oferta gracias a la seguridad jurídica que la regulación aporta a propietarios e inquilinos.

El afloramiento de este tipo de viviendas permitirá a un tiempo calibrar la magnitud de un modelo de turismo invisible hasta la fecha para las estadísticas y computar las pernoctaciones en las cifras oficiales del sector.

La Xunta destaca además el posicionamiento del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que en la admisión a trámite del recurso formulado desde Aviturga, declinó la suspensión cautelar de la norma. «En el auto emitido por el máximo órgano judicial de la Comunidad señaló que el decreto de viviendas de uso turístico no limita ni restringe la competencia , sino que pone en orden la oferta en un ámbito relevante, incrementando la seguridad de que los ofertantes se acomoden a unas mismas exigencias y la garantía para los consumidores», subraya el Ejecutivo autonómico.