Unos 9.000 gallegos siguen esperando la devolución de las cláusulas suelo

Durante los años de la burbuja inmobiliaria la mayoría de los compradores elegían una hipoteca de interés variable. Se referenciaba al euríbor, un índice que recoge el promedio del tipo con el que los bancos europeos se prestan el dinero. A este precio se le añadía un porcentaje a mayores. Pero muchos clientes no sabían que si el euríbor empezaba a ser muy bajo no se les rebajaría proporcionalmente la cuota. La cláusula suelo lo impedía.

A partir de 2009, estas cláusulas comenzaron a activarse de forma generalizada por la rebaja de los tipos de interés. Aunque el Supremo dictaminó que desde 2013 los bancos no podían aplicarlas más, entre uno y otro año ya se habían quedado con una importante suma. Según el Banco de España, el fraude podría alcanzar los 4.000 millones de euros sumando a todas las entidades. «Para una persona que en el año 12 -13 tuviese un préstamo de unos 100.000 euros le correspondería una devolución de unos 6.000 euros de media», explica el abogado Xoán Antón Pérez-Lema, secretario General de la Asociación de Consumidores e Usuarios de Galicia (Acouga). A esta suma habría que añadirle los intereses de demora por lo que si consiguiese una sentencia favorable recibiría unos 7.300 euros, calcula Pérez-Lema.

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre el segundo trimestre de 2017 y junio del año pasado se ingresaron en los juzgados gallegos 9.767 reclamaciones para recuperar el dinero de las cláusulas suelo. De ellas 2.100 han sido resueltas con lo que quedarían aún 7.684 pendientes. A éstos consumidores habría que sumarles los aproximadamente 1.200 que se agruparon en la demanda colectiva contra Abanca (por las hipotecas concedidas por Caixanova, Caixa Galicia y Novacaixagalicia) presentada por Acouga. En total, 8.864 siguen a la espera.

La avalancha de reclamaciones hizo necesario habilitar juzgados específicos en La Coruña, Lugo, Orense y Vigo para atender a los consumidores. Pero no han sido suficientes y los clientes siguen esperando. En Galicia, la huelga de los funcionarios judiciales para reclamar mejoras salariales complicó aún más la situación . Pero la tasa de resolución aún así es ligeramente mejor que la del conjunto de España, un 21,5% frente al 20,1%, según los últimos datos del CGPJ.

«Al PSOE y al PP siempre les preocuparon más los intereses de la banca que los de la ciudadanía», opina el abogado Xoán Antón Pérez-Lema para explicar el retraso. El secretario general de Acouga explica que tanto en el tema de las cláusulas suelo como ahora en el de los impuestos de las hipotecas se apela al impacto económico que las resoluciones judiciales tendrán en las entidades financieras. Se olvida, dice Pérez-Lema, que si el dinero vuelve a los clientes también tendrá un impacto positivo sobre la evolución económica porque éstos podrán aumentar su consumo. «Vale para reactivar la economía, podrán reformar pisos, realizar compras en el comercio de proximidad, en la hostelería, en el ocio...», ejemplifica.

Hasta ahora de los 2.100 casos resueltos en Galicia, la Justicia ha dado la razón al 97,3% de los consumidores. El Supremo estableció la nulidad de las cláusulas suelo, pero con un matiz. Solo se atenderían las reclamaciones en las que la banca no hubiese explicado claramente a sus clientes las condiciones del préstamo . Si la cláusula se considera transparente gana la banca. «La mayoría de casos que se están perdiendo son los de las hipotecas contratadas por la Línea Directa del Banco Pastor, porque enviaban a los consumidores por correo electrónico las condiciones y tenían que firmarlas», explica Pérez-Lema.

El secretario general de Acouga espera que en los próximos días se conozca también la sentencia sobre la demanda colectiva presentada contra Abanca. La vista se celebró ya el pasado mes de febrero, en plena huelga judicial, pero desde entonces esperan el fallo. La asociación de consumidores escogió esta vía por ser una fórmula para «beneficiar a la administración de justicia», relata Xoán Antón Pérez-Lema. «Es gente que comparte el mismo problema y se aborda de forma conjunta para simplificar», indica el abogado, quien añade que en España la Justicia no está muy acostumbrada a esta fórmula . Acouga tiene cientos de posibles consumidores pendientes para iniciar las reclamaciones legales en caso de que sea positiva.