El Supremo admite a trámite el segundo recurso de Ence para esquivar el cierre

En este caso, el alto tribunal reconoce que existe interés casacional en determinar si, para conceder la prórroga de las concesiones de dominio público marítimo terrestre que está en juego, resulta necesario acreditar el cumplimiento de los dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley de Costas, donde se especifica que «únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación». Y es este uno de los puntos de debate que ahora se suman a otros puestos sobre la mesa por la factoría pontevedresa, de la que dependen 5.000 puestos de trabajo de la zona.

En una argumentación anterior contra la decisión de la Audiencia Nacional —también escuchada y admitida por el Supremo a principios del mes de marzo—, la pastera se basaba en que la prórroga anunciada en 2016 es legal y en que las instalaciones «no solo cumplen holgadamente toda la normativa medioambiental vigente, sino que ha sido reconocida por su sostenibilidad» a través de diversas certificaciones. Frente a las críticas del Concello de Pontevedra, de Greenpeace y de la Asociación Pola Defensa da Ría de Pontevedra, la compañía insiste en que «agotará todas las vías judiciales» en defensa de su permanencia en la ciudad del Lérez. Y, por ahora, las decisiones del Supremo le dan aire.

Pendientes todavía del pronunciamiento de este tribunal, respecto de la admisión del tercer recurso de casación interpuesto por la empresa y otras entidades, contra el fallo que este verano anuló la polémica concesión, la biofábrica precisa que se trata de una instalación que no solo cumple «holgadamente» con toda la normativa medioambiental vigente sino que ha sido reconocida internacionalmente por su sostenibilidad. A su favor juega también un planteamiento expuesto por el alto tribunal en el primer recurso atendido, que hace referencia a una circunstancia homóloga en Murcia .

Se trata, tal y como contempla la respuesta del Tribunal Supremo de hace dos meses, de una sentencia reciente sobre una concesión situada en dominio público marítimo-terrestre en la Comunidad de Murcia en la que se pronunció acerca de la licitud de la prórroga concedida a la misma. Un caso que podría ser equiparable al de Ence en Pontevedra y que, al menos, otorga a la compañía una tregua para seguir librando su particular batalla .