El Supremo da opciones a Ence al aceptar el recurso contra el cierre

Su argumentario se basa en que la prórroga anunciada en 2016 es legal y en que las instalaciones «no solo cumplen holgadamente toda la normativa medioambiental vigente, sino que ha sido reconocida por su sostenibilidad» a través de diversas certificaciones. La plantilla que sostiene también se echó a las calles para proteger sus puestos de trabajo frente a la decisión de la Audiencia Nacional, que plantea que Ence está en una situación «singular» y que solo se podría justificar su presencia en la franja litoral en el caso de «actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación». Esta es precisamente la clave del debate, porque la Audiencia entiende que esta condición sine qua non no se da en el caso de la fábrica de Lourizán, instalada en dominio público marítimo terrestre desde 1958.

Con la admisión a trámite, Ence coge aire en su batalla por la permanencia en la ciudad del Lérez. Según informó ayer la pastera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se trata de «una noticia importante para la compañía» a la espera de que el Supremo dicte su sentencia y a la espera también de que se pronuncie sobre si admite a trámite los otros dos recursos presentados contra las otras dos sentencias que formuló la Audiencia Nacional. Y es que, frente al posicionamiento de este tribunal, el Supremo alude a una sentencia reciente sobre una concesión situada en dominio público marítimo-terrestre en la Comunidad de Murcia en la que se pronunció acerca de la licitud de la prórroga concedida a la misma. Un caso que podría ser homologable al de Ence en Pontevedra y que, al menos, otorga a la compañía una tregua para seguir librando su particular batalla.

En su defensa, la biofábrica defiende la calidad medioambiental del entorno y pone como ejemplo los bancos de marisqueo situados junto a la planta, así como en las localidad próximas de Lourido, Combarro y Raxó. También recuerdan en su escrito que en el área de la ría de Pontevedra más próxima a las instalaciones de la pastera hay hasta seis playas con el distintivo bandera azul otorgado por la Unión Europea. Sus detractores exponen, sin embargo, que «la producción de celulosa no es inocua para el medio ambiente», alegan que «Ence contamina» e incluso van un paso más allá advirtiendo sobre «altos niveles de mercurio en las aguas subterráneas de los terrenos que ocupa en la ría».

La noticia de la admisión a trámite del recurso sobre la concesión también fue valorada este martes desde posiciones contrarias . El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones , no tuvo muy en cuenta el paso del Supremo al anunciar que el Ejecutivo central confía en tener en el primer semestre de este año posibles localizaciones alternativas para reubicar la fábrica de Ence de Pontevedra. Explorando esta opción, Miñones avanzó que este mes de marzo se firmará el primer contrato para la elaboración de un estudio para abordar un hipotético traslado de la pastera a otra localización. « Busquemos nuevas alternativas , por si esa sentencia es definitiva y por lo tanto estos recursos no van adelante», manifestó.

Por su parte, el gobierno del Ayuntamiento de Pontevedra, a través de la concejala nacionalista Carme Da Silva , trasladó que la admisión del recurso era esperada por el ejecutivo local que encabeza Miguel Anxo Fernández Lores. « No esperábamos otra cosa . En ningún momento se manejó otra posibilidad», añadió Da Silva en una rueda de prensa en la que la concejala apuntó que los servicios jurídicos municipales «llevan tiempo» trabajando en los argumentos legales que presentarán contra esos recursos, recoge Ep. Sobre el mismo guion, el teniente de alcalde, el socialista Tino Fernández , añadió que el PSOE pontevedrés sigue considerando que la sentencia de la Audiencia Nacional está «absolutamente motivada» y que el Supremo confirmará este fallo. «Pedimos que esta situación acabe lo antes posible», agregó.

Una posición distinta defendió el portavoz municipal del PP de Pontevedra, Rafa Domínguez , que entendió la decisión del TS como una oportunidad para la permanencia de la fábrica en su actual ubicación. Consultado sobre la decisión, mostró «satisfacción» y prudencia: « Es un paso importante pero no definitivo », afirmó Domínguez, que entiende que esta noticia «abre una puerta de esperanza» para los trabajadores de la factoría pastera de Lourizán. «Desde luego, a partir de ahora nadie puede decir que la fábrica está ahí ilegal», sostuvo para apelar a que esta resolución del Supremo «da viabilidad» a que su ubicación sea legal, «porque hay un recurso que está vigente». Sin fecha para la decisión final, compañía y trabajadores miran ahora al tribunal encargado de decidir su futuro con opciones renovadas.